Esta es la receta sueca para terminar con el problema migratorio

Este era el principal objetivo de la ministra de Migración, Maria Malmer Stenergard, del partido de centroderecha Moderaterna, que ha declarado, triunfal, que «Suecia ha dejado de ser un país de inmigración de asilo» y se propone atraer a más inmigrantes «cualificados y altamente cualificados». A finales de año, Estocolmo habrá registrado unas diez mil solicitudes de asilo, sin contar a los refugiados ucranianos, y Suecia habrá pasado de ser el segundo destino europeo más buscado para el asilo, sólo por detrás de Alemania, a representar únicamente el 1% de todas las solicitudes presentadas en la UE.

El gobierno conservador de Ulf Kristersson, que ocupa el cargo de primer ministro desde octubre de 2022 con el apoyo de la formación antiinmigración Demócratas de Suecia, se apunta el tanto. Pero lo cierto es que algunas de las medidas ya habían sido implementadas anteriormente por los socialdemócratas Magdalena Andersson y Stefan Löfven, como la prohibición de la reunificación familiar desde 2016 para todos aquellos refugiados que no pueden mantener a sus cónyuges o hijos.

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Para el grupo más grande de personas protegidas, principalmente refugiados de guerra que no están individualmente amenazados, se suspendió por completo la reunificación familiar, salvo en casos de extrema necesidad difíciles de acreditar. Suecia también reintrodujo controles fronterizos estacionarios a finales de 2015 y dificultó la expedición de permisos de residencia permanente a los solicitantes de asilo.

La gran aportación del actual gobierno, para eliminar lo que en la campaña electoral denominó Kristersson: «sociedad en la sombra», ha sido la reducción de las prestaciones y la agilización de las deportaciones, además de mantener públicamente posiciones abiertamente antipáticas con los refugiados, que han dejado de percibir en Suecia un mensaje de bienvenida y protección.

El pasado mes de octubre, Suecia anunció un paquete de reformas disuasorias que impiden al refugiado vivir únicamente de las ayudas públicas. Ahora están sujetas a un tope y se les exige a los beneficiarios una «actividad» a tiempo completo. El acceso burocrático a las ayudas se ha endurecido, además, lo que tiene como consecuencia un tiempo de espera antes de poder solicitar los beneficios.

«Tenemos que mantener la inmigración en un nivel muy bajo durante mucho tiempo», ha defendido el ministro de Migración de Suecia, Malmer Stenergard, y su política comienza a dar los frutos deseados. En 2023 llegaron alrededor de 3.000 sirios, frente a unas 3.500 personas de esta nacionalidad que se marcharon del país. Por cada 1.800 iraquíes que inmigraron, alrededor de 2.700 abandonaron Suecia y, por cada 600 somalíes que entraron al país, alrededor de 1.700 se fueron. El Ministro de Migraciones prevé que la tendencia hacia la emigración neta continuará este año.

Este vuelco migratorio sueco se produce en un momento en que la inmigración ilegal a Europa es históricamente alto. En 2023 se recibieron en Alemania más de 300.000 solicitudes, más que en casi todos los años desde la fundación de la República Federal, a modo de comparación.

Suecia ha logrado revertir la tendencia a pesar de la presencia de estructuras establecidas de acogida, identificado por el Centro de Investigación sobre Migraciones de Oxford como el factor de atracción decisivo que atrae a quienes desean emigrar a países europeos, y cree haber demostrado que los movimientos migratorios son reversibles, incluso en los estados de bienestar ricos con una alta proporción de inmigrantes. Y sus datos alimentan una tendencia regional: los países nórdicos están dando la vuelta a sus datos migratorios y han plasmado esta política en un acuerdo firmado por los ministros de Justicia e Inmigración de Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia, para cooperar en deportaciones y crear programas conjuntos de retorno.

La primera ministra socialdemócrata danesa, Mette Frederiksen, estableció en 2019 la meta de «reducir a cero la llegada de solicitantes de asilo» y en 2020 su gobierno fue el primero y único en la UE en revocar permisos de residencia de refugiados sirios de la región de Damasco, rectificando la denominación de la región como «zona segura». También aprobó una ley para construir centros de recepción de solicitantes de asilo fuera de la UE, en países como Ruanda, que no ha llegado a aplicarse pero que ha ejercido el deseado efecto disuasorio.

El nuevo gobierno conservador de Finlandia, liderado por Petteri Orpo junto al Partido de Los Finlandeses, trabaja para limitar el acceso de los inmigrantes sin permiso de residencia a los servicios sanitarios y la seguridad social, además de anunciar el cierre de los cuatro principales pasos en la frontera oriental, en respuesta al aumento de refugiados procedentes de Rusia. Los nórdicos han sumado fuerzas para acelerar las deportaciones de los solicitantes a los que se deniega el estatus de asilo y han aumentado las ayudas conjuntas a un programa de retorno voluntario.