Suecia busca obligar a los colegios a denunciar la presencia de los hijos de inmigrantes irregulares

Pero los 100.000 inmigrantes en situación irregular escapan a su área de acción y está determinada a encontrarlos. Para ello, ha presentado una propuesta polémica: obligar a los colegios a denunciar a las autoridades de Inmigración la presencia en las aulas de hijos de los irregulares. «La propuesta de denuncia obligatoria de ilegales en el sector público puede contrarrestar la sociedad en la sombra -justifica la ministra-, es necesario que las autoridades suecas cooperen para mejorar el retorno». Este punto de vista, sin embargo, ha rebasado el vaso de los liberales, que gobiernan en coalición con Kristersson y que creen que se está cruzando una línea roja.

Fredrik Malm, portavoz en materia de Eucación del Partido Liberal Popular y casado con la también parlamentaria Gulan Avci, expresidenta de la Juventud Kurda de Suecia, ha rechazado la media en un extenso artículo publicado por 'Expressen', en el que afirma que el personal escolar no debería en ningún caso estar sujeto a la obligación de informar a la Agencia Sueca de Migración (Migrationsverket) y a la Policía cuando entre en contacto con personas que se encuentran en Suecia sin autorización. Justifica su rechazo en la Convención sobre los Derechos del Niño.

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«La Convención sobre los Derechos del Niño tiene el mismo estatus que la ley sueca y establece el derecho de todos los niños a la educación. Por lo tanto, la obligación de informar debe tener excepciones para los empleados en las escuelas y en la sanidad, entre otros», ha dicho. «El derecho a la educación no se ve afectado por el deber de informar, porque estos niños pueden ir a la escuela en su país de origen -le ha respondido Ludvig Aspling, portavoz de Demócratas Suecos en materia de política migratoria-, lo que sí afecta al derecho a la educación en esta situación son los padres que ignoran las leyes suecas y las decisiones administrativas».

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha prometido la aplicación de las leyes de inmigración más estrictas en la Unión Europea. Reconoce «la libertad y la igualdad» como «valores fundamentales de nuestra sociedad», pero advirtió que estos valores «pueden ser difíciles para algunos» de abrazar y compartir. «Permítanme ser claro, la inmigración masiva y la mala integración simplemente no funcionan -ha sostenido en una reciente entrevista-, un no al asilo significa un no, y luego hay que abandonar el país. Debería ser obvio, pero no lo es. Igualmente importante es que decir sí significa convertirse en una parte real de la sociedad sueca».

La propuesta de su ministra carece todavía de detalles y una comisión está estudiando las posibles sanciones por el incumplimiento de notificar. Una vez delatada la presencia de los niños sin papeles en las escuelas, tampoco queda claro el protocolo a seguir. La mayoría de las personas en situación irregular en Suecia proceden de países como Afganistán o Irak, que no aceptan la repatriación de sus ciudadanos si estos no regresan voluntariamente. La comisión revisa también el marco legal para proporcionar a las autoridades suecas más herramientas para evitar estancias no autorizadas en el país. Actualmente, por ejemplo, no es posible realizar controles aleatorios.

«Esa podría ser una herramienta eficaz en este contexto», ha declarado Ludvig Aspling, el portavoz de Inmigración de Demócratas Suecos, según informa Euractiv. El límite de edad para la toma de huellas dactilares en los controles internos de inmigración son los 14 años y el gobierno estudia modificar ese tope. El Gobierno sueco está tomando también medidas para que la Agencia de Inmigración pueda utilizar datos biométricos, incluidos el reconocimiento facial y las huellas dactilares, incluso estudia si sería posible legalmente utilizar el análisis de ADN en los controles internos de inmigración y en los casos de permisos de residencia. La coalición de gobierno desearía modificar el plazo de prescripción de las decisiones de deportación, que actualmente es de cuatro años, y busca también vías legales para actuar contra los menores, dado que, sólo en los primeros seis meses de 2023, 42 jóvenes de entre 15 y 17 años han sido procesados por asesinato y su minoría de edad impide la plena condena.