¿Qué sucede ahora con los aranceles de Trump?

El fallo judicial no solo desactiva una herramienta clave de presión, sino que marca un límite a la expansión del poder ejecutivo en materia económica. Trump, que había construido su segundo mandato sobre la idea de que el déficit comercial era una amenaza existencial, queda ahora sin justificación legal para actuar sin pasar por el Congreso.

La Corte de Comercio Internacional, con sede en Nueva York, ha determinado por unanimidad que el presidente Trump se excedió en sus atribuciones al imponer aranceles masivos invocando poderes de emergencia. El fallo anula los impuestos a las importaciones anunciados el 2 de abril —de una base inicial del 10% y de hasta un 50% para decenas de países— y las que ya estaban en vigor para México, Canadá y China.

La decisión desmantela la base legal sobre la que el presidente había armado su estrategia arancelaria global. Haciendo uso de la llamada Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977, Trump justificó una política que eludía conscientemente al Capitolio y se sostenía en la noción de que el déficit comercial es una amenaza nacional. El tribunal ha rechazado ese argumento, dejando sin efecto su principal herramienta de presión.

Los que hay sobre acero, aluminio y automóviles no se ven afectados, porque se impusieron bajo una ley distinta, que requiere investigación del Departamento de Comercio y no permite decisiones discrecionales del presidente.

El Gobierno ya ha anunciado que apelará la decisión. El caso pasará al Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal en Washington, y probablemente termine en el Tribunal Supremo. Mientras tanto, muchos de los gravámenes quedan suspendidos, y la capacidad de Trump para forzar concesiones comerciales queda muy limitada.

Hay consecuencias inmediatas. Gobiernos que estaban negociando con EE.UU. durante la moratoria de 90 días ahora pueden optar por esperar el resultado de los recursos judiciales, que se demorarán semanas como mínimo, ta vez meses. Empresas afectadas por los aranceles ya vigentes podrían presentar reclamaciones para recuperar lo pagado. Y, lo más importante: se rompe la narrativa de poder sin contrapesos que ha caracterizado el segundo mandato de Trump. El judicial le ha puesto coto.

Sí, aunque son más restringidas. La Ley de Comercio de 1974 le permite imponer aranceles del 15% durante 150 días, pero solo en casos de déficit con países concretos. Sería en realidad bajo condiciones específicas y por ese tiempo acotado. Esa vía reduce notablemente la amplitud y el alcance de las medidas.

El fallo no solo frena una política comercial: marca un límite al modelo de gobernanza unilateral que Trump ha buscado consolidar en este segundo mandato suyo. Esto demuestra que, pese a la erosión institucional de los últimos años, el poder judicial sigue siendo un freno efectivo cuando se pueden superar los márgenes constitucionales. El presidente ya habla de 'lawfare' y activismo judicial.

Todo apunta a una batalla legal bastante prolongada. El Tribunal Supremo será, con toda probabilidad, el que ya ha sembrado dudas entre aliados, socios comerciales y actores económicos. Su estrategia arancelaria ya no es vista como incuestionable: es una política en disputa.