Un tribunal federal tumba los aranceles de Trump

Los aranceles en cuestión son los que Trump anunció en lo que él llamó el 'Día de la LIberación', el pasado 2 de abril. En una ceremonia desde la Casa Blanca, detalló aranceles para prácticamente todas las importaciones de EE.UU., con diversos niveles. Por ejemplo, para las exportaciones de la Unión Europea, España incluida, la tasa era del 20%. Otros países con mucho sector productivo recibieron aranceles mucho más altos, incluso por encima del 50%.

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Aquel anuncio provocó el hundimiento de los mercados, dudas y críticas entre los republicanos y una peligrosa venta masiva de bonos del Tesoro de EE.UU. que acabaron por llevar a Trump a cambiar de rumbo e imponer una moratoria de 90 días para negociar de forma bilateral con cada país sus aranceles. Permanecía, sin embargo, un arancel universal del 10% para todas las importaciones. La excepción fue China, con quien Trump mantuvo una escalada de medidas arancelarias que llevó el gravamen a las exportaciones chinas casi al 250%.

Antes de los aranceles del 'Día de la Liberación', Trump impuso tasas a sus tres grandes socios comerciales: México, Canadá y China. A sus vecinos lo hacía por no cooperar en controlar la llegada masiva de inmigrantes indocumentados y la entrada de droga, en especial del peligroso fentanilo, algo de lo que también al gigante asiático, donde se producen buena parte de los precursores químicos para su elaboración.

La imposición de los aranceles, que muchos en EE.UU. vieron como un riesgo para la economía y como una puerta abierta a que se vuelva a disparar la inflación, fue respondida con varias demandas ante la Justicia, a las que ahora responde este tribunal neoyorquino.

La cuestión principal es si Trump estaba habilitado para imponer aranceles, cuya aprobación está reservada al Congreso. Pero el presidente de EE.UU., como en muchos otros ámbitos desde su regreso al poder, se apoyó en declaraciones de emergencia nacional para utilizar poderes extraordinarios y tomar las decisiones desde el poder ejecutivo.

Las demandas defendían que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 no permite al presidente imponer aranceles. Y que, aunque se interprete que sí lo hace, la situación en EE.UU. no era la de una «amenaza inusual y extraordinaria» para la economía.

No está claro en qué momento exacto los aranceles que están en pie -el 10% universal, los que afectan de forma específica a Canadá, México yChina- dejarán de ser cobrados. El tribunal ha dado al Gobierno un plazo de diez días para dar los pasos para su pausa.

Trump siempre defiende que los países del mundo se aprovechan de EE.UU. y que todo déficit comercial es muestra de ello. Ello a pesar de que esos déficits durante décadas y eso no ha impedido a EE.UU. crecer y consolidarse como primera potencia económica mundial.

Según el tribunal, los aranceles «universales y de represalia» impuestos por Trump «exceden la autoridad» que esa ley de poderes económicos de emergencia confiere al presidente de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. recurrirá esta decisión. Pero, de momento, supone un mazazo para Trump, que ha hecho de los aranceles una de sus grandes promesas de campaña y una de sus armas negociadoras. Durante la campaña, aseguró que 'arancel' es su «palabra favorita» y que sería una pieza central en conseguir lo que él ha denominado como la «era dorada» de EE.UU. Trump ha dejado claro además que ha usado y usará los aranceles como músculo en las relaciones internacionales, ya sea para imponer condiciones sobre comercio a la Unión Europea, como para impulsar su política migratoria -las tasas a México o la amenaza al presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando no quiso aceptar vuelos de deportación- o para favorecer cualquier otra prioridad en su agenda.

La idea de los aranceles de Trump es que favorecerán que el sector productivo de EE.UU. -deteriorado durante décadas por la globalización- retorne a su país y favorezca a las clases medias empobrecidas, además de recaudar fondos abundantes para empezar a compensar la déficits fiscales de la primera potencia mundial.

Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, mantuvo que esos déficits comerciales que EE.UU. tiene con la mayoría de los países del mundo sí son una emergencia nacional que «ha destruido las comunidades de EE.UU., ha perjudicado a los trabajadores y ha debilitado nuestra industria de defensa, lo que son hecho que el tribunal no ha objetado».

Entre quienes demandaron al Gobierno por la imposición de aranceles estaba V.O.S Selections, un importador de vinos que importa este producto desde varios grandes productores mundiales, incluida España, cuyas bodegas celebrarán la posición del tribunal neoyorquino.

Su decisión llega después de la última turbulencia comercial entre EE.UU. y la UE, después de que el presidente amenazara hace unos días con no esperar al final de la moratoria de 90 días e imponer un arancel del 50% a las exportaciones europeas a partir del 1 de junio. Después, Trump dio marcha atrás y dijo que los europeos estaban acelerando el paso en las negociaciones y volvió a atrasar los aranceles.

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«Esta decisión reafirma que nuestras leyes importan, y que las decisiones comerciales no pueden tomarse por capricho de un presidente», reaccionó Dan Rayfield, fiscal general de Oregón, uno entre una docena de estados que también interpusieron demandas contra los aranceles.

Como en otras políticas agresivas y controvertidas de Trump, la decisión abre una nueva batalla judicial, en el que la Administración tratará de defender una visión en la que el poder ejecutivo, elegido hace unos meses en las urnas, no puede ser limitado por los jueces. Trump y sus aliados han defendido que se enfrentan a «jueces activistas» que tratan de imponer decisiones contra la voluntad de las urnas.

«Decidir cómo enfrentar una emergencia nacional no es algo que puedan decidir jueces que no han sido elegidos», defendió el portavoz de Trump, que añadió que el presidente «utilizará todas las capacidades del poder ejecutivo para hacer frente a esta crisis».

El asunto, como tantos otros, podría acabar en el Tribunal Supremo. Allí hay una mayoría conservadora de seis jueces elegidos por presidentes republicanos -tres de ellos por el propio Trump en su primer mandato-, frente a tres elegidos por presidentes demócratas. En este y otros casos, tendrán que delimitar hasta dónde llega el poder del presidente.