Un duro golpe al proyecto más ambicioso de Trump

Este miércoles, una junta de tres jueces federales del Tribunal de Comercio Internacional ha dictaminado, de forma unánime, que el presidente se excedió en sus poderes al imponer aranceles generalizados bajo la cobertura de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales de 1977.

La decisión invalida no solo los impuestos el pasado 2 de abril —que Trump llegó a calificar como el «Día de la Liberación Americana»—, sino la base legal sobre la que se sustentaba su política comercial, que ha acabado siendo la base de su diplomacia.

El presidente pierde ahora su mayor instrumento de presión en esta guerra arancelaria que ha abierto contra todo el mundo. Ya no hay, de momento y hasta que se decidan los recursos, base para presionar a la Unión Europea, a China, a México o a Canadá.

Trump entró en su segundo mandato con una narrativa clara: los aranceles no eran un instrumento más, sino el centro mismo de una estrategia para reordenar el comercio global, castigar a países que considera desleales y, sobre todo, reducir el déficit comercial de Estados Unidos.

Durante años, defendió que ese déficit, prolongado durante casi cinco décadas, representaba una amenaza extraordinaria para la economía nacional. Bajo ese argumento, activó poderes de emergencia para evitar el siempre tortuoso paso por el Capitolio e imponer aranceles recíprocos del 10%, 25% y hasta 125% a importaciones procedentes de más de 60 países.

Así, un presidente del Partido Republicano, el que más defendió el libre comercio, acabó siendo su verdugo: el encargado de dinamitarlo desde dentro, con aranceles masivos y un uso expansivo del poder presidencial que ahora ha encontrado su límite —temporal— en los tribunales.

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En su entorno más cercano, algunas voces le advierten que tanta incertidumbre podría empujar a los tenedores de bonos del Tesoro a desprenderse de ellos, lo que provocaría una caída en el valor de la deuda soberana de Estados Unidos. Un escenario que muchos en su equipo describen como catastrófico.

Las amenazas de represalias, las dudas de inversores internacionales y la presión de gobiernos aliados llevaron a la Casa Blanca a declarar, apenas una semana después de la entrada en vigor de los impuestos a la importación, una moratoria de 60 días. Entre el 2 y el 9 de abril, el Gobierno pasó de la euforia del anuncio a una pausa forzada para «facilitar nuevas negociaciones». Esa pausa concluye el 9 de julio.

La sentencia de este miércoles anticipa un escenario distinto. El fallo judicial no solo suspende los gravámenes: establece que el presidente no puede invocar una emergencia económica para tomar decisiones unilaterales de política comercial sin una amenaza «inusual y extraordinaria» debidamente justificada.

Según el tribunal, el déficit comercial, por sostenido que sea, no cumple con ese requisito. La sentencia también obliga al Ejecutivo a anular los aranceles ya recaudados, lo que podría abrir la puerta a reclamaciones judiciales por parte de empresas importadoras.

Desde su regreso a la presidencia, Trump ha buscado gobernar con rapidez, sin frenos institucionales, y con un marcado desprecio por el proceso legislativo tradicional. En muchos aspectos lo ha conseguido: ha reestructurado agencias, emitido decretos revolucionarios y minimizado el papel del Congreso. Pero este fallo muestra que el sistema judicial mantiene capacidad para frenar al Ejecutivo cuando este intenta ampliar sus atribuciones más allá de lo previsto por la ley.

En el fondo, la decisión de la Corte de Comercio pone en cuestión todo el modelo de gobernanza que Trump ha intentado consolidar. Uno basado en el uso del poder presidencial sin intermediarios, con el respaldo de una narrativa de crisis permanente. La derrota judicial de sus aranceles no es solo técnica: es un recordatorio de que, incluso en una presidencia que ha desafiado los equilibrios tradicionales, el sistema institucional de Estados Unidos conserva resortes para imponer límites. Y, esta vez, lo ha hecho en uno de los terrenos que el propio Trump había definido como central para su proyecto de poder.

De momento, su último dique de contención es el Tribunal Supremo, donde confía en revertir los fallos adversos y consolidar su interpretación expansiva del poder presidencial.