Starmer suaviza los recortes sociales para atajar una amplia rebelión interna

La rectificación ha expuesto con crudeza los límites del poder de Starmer incluso con mayoría absoluta, y ha abierto un debate de fondo sobre la capacidad del laborismo para conciliar disciplina fiscal y protección social sin fracturarse internamente.

El plan original, anunciado en abril por el Tesoro británico, tenía como objetivo contener el crecimiento del gasto en el Personal Independence Payment (PIP) y el componente sanitario del Universal Credit, dos de las principales partidas del sistema de bienestar del país. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria había advertido que, de mantenerse la tendencia actual, el gasto anual en estas ayudas superaría los 100.000 millones de libras antes de 2030.

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El gobierno justificó la reforma en términos de sostenibilidad financiera y argumentó que era necesario reducir el número de personas que, a su juicio, permanecen fuera del mercado laboral sin una causa médica objetiva. «Se trata de modernizar el sistema de bienestar para que sea justo, eficaz y sostenible», declaró entonces la ministra de Economía, Rachel Reeves.

Pero la presentación del proyecto desató un rechazo inmediato de numerosas organizaciones sociales, expertos en políticas públicas y, de manera progresiva, una parte considerable del grupo parlamentario laborista. Según estimaciones publicadas por la Joseph Rowntree Foundation, las nuevas condiciones de elegibilidad habrían dejado sin cobertura a más de 250.000 personas, incluyendo a decenas de miles de familias con hijos a cargo.

La crítica más reiterada era que los nuevos criterios penalizaban especialmente a personas con problemas de salud mental o enfermedades crónicas de difícil diagnóstico, y que el Ejecutivo no había presentado una evaluación de impacto social detallada. A finales de mayo, la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos expresó su preocupación formal por el riesgo de vulneraciones del marco legal británico en materia de discapacidad.

El descontento dentro del partido fue creciendo de manera progresiva hasta materializarse en una enmienda firmada por más de un centenar de diputados laboristas, entre ellos miembros del ala izquierda tradicional, pero también representantes de circunscripciones del norte de Inglaterra, bastiones históricos del laborismo donde las ayudas sociales constituyen una parte esencial de la economía doméstica. La amenaza de una derrota en la Cámara de los Comunes forzó al primer ministro a abrir una negociación de urgencia con los líderes parlamentarios críticos, en una carrera contrarreloj que se resolvió a última hora del jueves con la introducción de enmiendas sustanciales al texto original.

Las concesiones del Ejecutivo se centraron en tres puntos clave: los beneficiarios actuales del PIP y del suplemento sanitario del Universal Credit no verán modificadas sus condiciones; los nuevos criterios de acceso se aplicarán solo a quienes soliciten las ayudas a partir de 2026; y se incluirá una cláusula de indexación automática que garantizará la actualización de las prestaciones conforme a la inflación.

Estos cambios, según fuentes del Tesoro, reducirán el ahorro previsto por el gobierno, que pasará de los 5.000 millones de libras estimados inicialmente a poco más de 3.200 millones. Aunque el equipo de Starmer insiste en que la reforma conserva su eficacia estructural, el coste político del episodio es ya evidente.

Varios analistas han calificado la rectificación como una «humillación parlamentaria», señalando que esta es ya la tercera vez en un mes que el primer ministro se ve obligado a corregir su agenda ante la presión interna, después de las modificaciones en materia de inmigración y política energética. Desde el entorno del primer ministro se ha intentado presentar la modificación como una muestra de escucha y adaptabilidad. «Starmer no se encierra en sus posiciones. Está dispuesto a ajustar las políticas para asegurar que sean sostenibles y justas a la vez», declaró un asesor a la prensa local.

La oposición no tardó en aprovechar la situación. Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador, acusó al Ejecutivo de «ceder ante una minoría ruidosa» y advirtió de un «deterioro de la credibilidad fiscal del laborismo». Nigel Farage, líder de Reform UK, fue más lejos al declarar que «el país necesita claridad y decisión, no rectificaciones forzadas por cálculo político».