La ley de suicidio asistido supera la Cámara de los Comunes en una votación dividida en el Reino Unido

La iniciativa, promovida por la diputada laborista Kim Leadbeater, aún deberá superar el escrutinio de la Cámara de los Lores, aunque, como han señalado diversos analistas, es poco probable que la cámara alta bloquee el progreso del texto legislativo ya aprobado en los Comunes.

El debate parlamentario, que se prolongó durante varias horas, estuvo cargado de testimonios personales. Leadbeater abrió la sesión subrayando el carácter excepcional del momento: «No es una elección entre vivir y morir, sino una elección para personas con enfermedades terminales sobre cómo morir». Para Leadbeater, mantener el statu quo no es una decisión neutral, sino una forma de prolongar lo que calificó como una injusticia.

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Entre las disposiciones clave del proyecto se establece que la decisión de optar por la muerte asistida deberá ser avalada por dos médicos independientes, así como por un panel compuesto por un trabajador social, un abogado y un psiquiatra. Además, el paciente deberá realizar dos declaraciones formales, separadas por un mínimo de siete días, en las que exprese de manera clara, persistente y libre de coacción su voluntad de poner fin a su vida. Una vez aprobada la solicitud, deberá transcurrir un plazo adicional de 14 días antes de que se le proporcione el fármaco, que será preparado por un médico, pero administrado por el propio paciente.

La votación también evidenció la persistencia de profundas divisiones entre los diputados. El exministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, uno de los principales opositores a la ley, manifestó sus reservas sobre la solidez del marco de salvaguardias previsto. «Nos prometieron unas protecciones judiciales firmemente cimentadas», sostuvo Cleverly, quien dijo que no puede respaldar un texto que, a su juicio, no garantiza plenamente la protección de las personas vulnerables. En sus argumentos, aludió a la preocupación manifestada por entidades profesionales, entre ellas el Royal College of Psychiatrists, sobre la dificultad de evaluar con certeza el estado psicológico de los pacientes y la posibilidad de presiones sutiles o coerciones no detectadas.

Fuera del Parlamento, la sesión también fue seguida con gran expectación. En las galerías del público se encontraban pacientes con enfermedades terminales y familiares que han hecho campaña por la legalización del derecho a morir dignamente. En paralelo, grupos de activistas por los derechos de las personas con discapacidad protagonizaron una protesta a las afueras de Westminster, en la que alertaron sobre el riesgo de que esta ley abra la puerta a decisiones impulsadas por la desesperanza o por condiciones sociales adversas. «Demasiadas personas viven con la sensación de ser una carga. Esta ley podría confirmarles esa percepción», declaró un portavoz del colectivo Disabled People Against Cuts.

Por su parte, Sarah Wootton, directora ejecutiva de Dignity in Dying, la organización que ha liderado el activismo a favor del proyecto, celebró que «este voto envía un mensaje claro. El Parlamento se alinea con la opinión pública, y el cambio está en marcha», manifestó tras conocerse el resultado. A su alrededor, cerca de un centenar de simpatizantes en la plaza del Parlamento rompieron en aplausos y lágrimas de emoción.

La reacción de los diputados tras la votación también reflejó la carga emocional del proceso. Varios de ellos abandonaron la Cámara visiblemente afectados mientras que otros se detuvieron a estrechar la mano o abrazar a Leadbeater. La amplitud del debate permitió a los parlamentarios votar según sus convicciones personales, sin estar sujetos a la disciplina de partido, una decisión habitual en el Parlamento británico en cuestiones éticas de alto calado.

Sin embargo, la estrechez del margen con el que se aprobó la ley también ha sido objeto de análisis. En la votación anterior, celebrada en noviembre de 2024, el proyecto había sido respaldado en principio por una mayoría de 55 votos (330 a 275). El descenso a una mayoría de apenas 23 votos en esta tercera votación de enmiendas, refleja el peso de las dudas que persisten incluso entre quienes simpatizan con la idea general de la ley, pero consideran insuficientes las garantías o mal resuelto el equilibrio entre libertad individual y protección de personas vulnerables.

En este contexto, voces del sector sanitario han advertido sobre la necesidad de mejorar los servicios de cuidados paliativos antes de implementar plenamente la nueva legislación. Toby Porter, director ejecutivo de Hospice UK, alertó sobre las consecuencias que la nueva ley podría tener si no se acompaña de una mejora estructural en la atención a enfermos terminales. «Ya hoy, demasiadas personas no reciben la atención que necesitan al final de sus vidas», señaló, y subrayó que la urgencia por transformar el sistema paliativo se vuelve ahora aún más apremiante. «Nadie debería sentir que debe optar por la muerte asistida porque teme no recibir el apoyo necesario», concluyó.

El proyecto contempla una fase de implementación de hasta cuatro años, durante los cuales el gobierno deberá establecer los protocolos médicos, legales y administrativos necesarios para su puesta en marcha. Entre las cuestiones aún abiertas figura, por ejemplo, la especificación del fármaco que se utilizará y los requisitos mínimos que deberán cumplir los médicos responsables del proceso. También se establece que será un delito penado con hasta 14 años de prisión forzar a una persona a solicitar una muerte asistida.