El Reino Unido tiende puentes con la UE cinco años después del Brexit

El documento, que está previsto que sea firmado en la cumbre bilateral que se celebra este lunes en Londres y a la que ha tenido acceso la prensa, articula una serie de compromisos comunes. Se reafirma el apoyo a la integridad territorial de Ucrania, el compromiso con el Acuerdo de París y la defensa de un orden comercial internacional abierto. En el borrador también se afirma que ambas partes están unidas por «principios compartidos de mantenimiento de la estabilidad económica global» y por la voluntad de seguir trabajando para «mitigar el impacto de las fluctuaciones en el orden económico mundial».

Este viraje hacia Bruselas no puede entenderse sin tener en cuenta el clima de ambigüedad que ha caracterizado la política exterior del país desde 2016. Simon Usherwood, profesor de Política y Estudios Internacionales en The Open University, sostiene que el «Brexit expuso y profundizó la incertidumbre de larga data del Reino Unido sobre su papel en Europa y en el mundo». Para Usherwood, la salida de la UE no generó una nueva narrativa estratégica, sino que agravó una indefinición estructural. «Años después, todavía no hay una visión clara para su futura relación con la UE», señala. También advierte de que, si bien los discursos han cambiado con la llegada del Gobierno laborista, «toda la retórica sobre un 'reinicio' y una 'nueva relación ambiciosa' puede haber mejorado el tono. Pero en vísperas de una cumbre bilateral, la ausencia de una visión sólida sigue siendo conspicua».

El clima público británico también ha dado un giro significativo desde el referéndum. Según una encuesta de YouGov de enero, el 55% de los ciudadanos considera que fue un error salir de la UE. Más de seis de cada diez opinan que el Brexit ha sido «más un fracaso que un éxito». Y aunque no hay un mandato político para deshacerlo, el Gobierno de Keir Starmer ha optado por un enfoque pragmático.

Jill Rutter, investigadora en el Institute for Government, lo explica con claridad: «El Gobierno es muy sensible a cualquier acusación de estar intentando traicionar el Brexit, y esa es la razón de su firmeza en mantener sus líneas rojas». Rutter añade que hay más margen de maniobra en áreas como defensa o cooperación energética, «porque no tocan temas ideológicamente sensibles».

Un hecho electoral reciente confirma la complejidad de este momento, con un partido euroescéptico ganando terreno. Ese contraste genera una lectura más rica del panorama: una parte aún responde a discursos populistas de ruptura. El triunfo de Nigel Farage y su partido Reform UK en las elecciones locales del 2 de mayo tuvo un efecto simbólico potente, ya que capitalizó el malestar de ciertos sectores con el curso moderado del Gobierno laborista, presentándose como los defensores del Brexit «auténtico». Farage volvió a posicionarse como una voz capaz de aglutinar el resentimiento hacia Bruselas y hacia la clase política tradicional. Además, su resultado electoral es un recordatorio de que cualquier reencuentro con Europa deberá lidiar con una opinión pública fragmentada.

Aun así, en materias como Defensa, se ha abierto un espacio para una colaboración más fluida. Max Becker, Johanna Flach y Nicolai von Ondarza, analistas del Instituto Alemán para asuntos Internacionales y de Seguridad (SWP), explican que «la fiabilidad de EE.UU. como aliado está en entredicho, y los europeos deben asumir una responsabilidad mucho mayor, si no total, por su propia seguridad». En este contexto, el Reino Unido es percibido como un socio estratégico. Pero «aunque existe una voluntad política declarada para una cooperación más estrecha, el camino está plagado de desafíos legales, políticos y estratégicos que requieren una navegación cuidadosa».

En el ámbito de la política climática, el Gobierno ha mostrado interés en vincular su sistema de comercio de emisiones con el de la UE, y la ministra de Economía, Rachel Reeves, ha expresado que hay sectores que se beneficiarían de una mayor alineación regulatoria. Jill Rutter matiza que «la UE es reacia a permitir una participación selectiva del Reino Unido en el mercado único, pero, si los cambios modestos que se están proponiendo funcionan bien, podrían abrir la puerta a una mayor flexibilidad en el futuro».

La movilidad de jóvenes entre el Reino Unido y la UE es, sin embargo, un campo de fricción. La Comisión Europea propuso un acuerdo que permitiría a ciudadanos de entre 18 y 30 años trabajar o estudiar hasta cuatro años en el otro territorio. Londres respondió con cautela, consciente del simbolismo que encierra cualquier discusión sobre libertad de circulación. Kirsty Warner, investigadora del 'think tank' UK in a Changing Europe, observa que «desde abril de 2024, la discusión ha sido en gran medida unilateral: la UE ha abogado por un acuerdo, mientras que el Reino Unido ha sido reacio a participar». Warner destaca que «Londres ha priorizado las cifras migratorias sobre los vínculos culturales y económicos». Catherine Barnard, profesora de Derecho Europeo en la Universidad de Cambridge, puntualiza que «la movilidad juvenil no es libre circulación», y critica que el Reino Unido haya «confundido deliberadamente ambos conceptos por motivos políticos».

Este patrón de contradicciones estratégicas se reproduce en casi todos los ámbitos. Simon Usherwood lo resume con precisión al recordar que «ni siquiera la llegada de un gobierno laborista en 2024, con sus propias líneas rojas, ha logrado articular con claridad lo que quiere, más allá de lo que no quiere». Una afirmación que refleja una herencia política envenenada: el Brexit fue, para muchos expertos, un acto de ruptura sin planificación, y lo que vino después ha sido una mezcla de improvisación y repliegue.