«Sin precedentes»: Trump pone a prueba a la democracia en EE.UU.

Más de siglo y medio después, un sucesor de Grant se entregará este martes a las autoridades en un juzgado de Nueva York (en la corte de Manhattan), imputado por la comisión de delitos. El único paralelo histórico entre Donald Trump y el general norteño es que quien ha propiciado el procesamiento del multimillonario neoyorquino -Alvin Bragg, fiscal del distrito de Manhattan- también es negro.

El episodio histórico y anecdótico solo sirve para reforzar la excepcionalidad de la imputación que enfrenta Trump. «Sin precedentes», es una de las expresiones más repetidas en las últimas semanas en Estados Unidos, como una forma de abrir la puerta a un territorio incierto para la democracia más vieja y estable del mundo.

Trump es el primer expresidente de la historia del país en ser acusado de un delito. Otros estuvieron cerca: Warren Harding podría haberlo sido en el año 1921 por un escándalo de sobornos, pero se adelantó su muerte; a Richard Nixon -quien dimitió en 1973- le salvó el perdón de su vicepresidente y sucesor, Gerald Ford, de un procesamiento probable por la trama Watergate, un escándalo destapado tras una investigación periodística y cuya génesis fue el allanamiento de las oficinas centrales del Partido Demócrata en Washington (el edificio de apartamentos llamado Watergate) ; Bill Clinton, cuya presidencia se extendió entre 1993 y 2001, llegó a un acuerdo con la Fiscalía por mentir bajo juramento sobre su 'affaire' con Monica Lewinsky el mismo día en que dejó la Casa Blanca.

Con Trump -como con casi todo que tiene que ver con el multimillonario neoyorquino- es bastante diferente. El próximo martes 4 de abril, a partir de las dos y cuarto de la tarde, y tal y como está programado, se le tomarán las huellas dactilares, quizá su foto policial -algunos lo ven ya como su póster de candidato presidencial para las elecciones de 2024- y se iniciará un largo proceso de recursos ante el juez hasta que llegue su juicio, que será el del siglo y coincidirá con la campaña electoral.

Donald Trump no solo es un expresidente. Es también la figura con más poder de uno de los dos grandes partidos de la primera potencia mundial y su gran favorito en las encuestas para conseguir la nominación a la presidencia.

Con su imputación, esta semana, se acaba una racha ininterrumpida desde George Washington de no ir a por los presidentes una vez fuera de la Casa Blanca. Como han reconocido algunos analistas políticos en los últimos días, los presidentes de Estados Unidos han estado durante casi siglo y medio «en un pedestal», tal y como escribió Peter Baker en el rotativo 'The New York Times'; han estado gozando de una «especie de inmunidad monárquica que los ciudadanos normales no tienen», aseguró el historiador Michael Beschloss a 'The Washington Post'.

La realidad es que, de forma oficial desde 1973, el Departamento de Justicia tiene la política de no presentar cargos contra un presidente en ejercicio de sus funciones. Y que, una vez fuera de la Casa Blanca, hasta ahora se les ha dejado en paz.

Trump, que ha tenido roces con la Justicia desde finales de la década de 1970, cuando su imperio empresarial empezó a despuntar, ha defendido siempre que sufre una «caza de brujas», una «persecución política» desde que bajó por la escalinata dorada de la Torre Trump de Nueva York en junio de 2015 y anunció su candidatura a la presidencia. En su relato, la «izquierda radical» fue contra él como candidato, trató de echarle del poder con investigaciones e 'impeachments' o juicios políticos durante su presidencia, entre el 20 de enero de 2017 y el 20 de enero de 2021, y ahora busca expulsarle de la carrera electoral a la Casa Blanca (en cualquier caso, la imputación, juicio o incluso la condena no le impedirían presentarse).

La idea de la «politización» de la Justicia contra Trump ha sido abrazada por la gran mayoría de republicanos, desde sus líderes a sus votantes. El hecho de que se haya roto el precedente con la figura más venerada del partido en este siglo hace temer que se abra la veda en el futuro: al igual que Bragg, cualquier fiscal de cualquier parte de EE.UU. podría tratar de encausar a Biden o a sus sucesores una vez fuera de la Casa Blanca. Por ejemplo, por no proteger la frontera sur o por su gestión de la epidemia del Covid-19.

Quizá sería un signo de madurez democrática el que se pueda investigar a expresidentes por sus desvaríos. Ha sido algo habitual en democracias consolidadas -Italia y Silvio Berlusconi, Francia y Jacques Chirac, Israel y Ehud Olmert- y otras más inestables -Brasil y Lula da Silva-. Pero los republicanos lo ven diferente: lo califican de propio de «país del tercer mundo», de «república bananera» y lo asimilan a la persecución de opositores por parte de Daniel Ortega en Nicaragua.

Es imposible evaluar la pertinencia de la imputación sin mencionar el caso al que se debe: el pago para silenciar una relación extramatrimonial con una actriz porno, algo más propio de un tabloide. Y con una base jurídica cuestionable y que solo buscará condenar por delitos económicos de importancia relativa. Todo ello «reforzará la teoría conspiradora 'trumpista' de que hay fiscales ideologizados que trabajan para el estado profundo dedicados a acabar con la campaña de Trump a 2024», ha escrito Edward Luce, columnista de 'Financial Times'.

«Nadie está por encima de la ley», es la respuesta habitual de los demócratas y de quienes opinan que la imputación es necesaria si el caso tiene mérito legal. «Pero ninguna nación puede estar por encima del buen juicio», les ha respondido Peggy Noonan en una tribuna en 'The Wall Street Journal', que defiende que la Justicia debería centrarse en los asuntos de verdad graves de Trump: su campaña para dar la vuelta al resultado de las elecciones en 2020, su papel en el asalto trágico y bochornoso al Capitolio (ambos están bajo investigación federal y podrían acabar también en imputaciones).

Otros, como Beschloss, han asegurado que prefieren vivir en un país «donde los presidentes y expresidentes se someten de forma estricta a la ley» que en uno donde se les permiten muchas cosas «por la ansiedad de que la Justicia no parezca politizada».

En 1974, Gerald Ford justificó su perdón a su antecesor, Nixon, tras la dimisión del presidente marcado por el Watergate: «La tranquilidad que ha sido devuelta a la nación por los eventos de las últimas semanas podría ser perdida de manera irreparable por la perspectiva de un juicio a un expresidente de Estados Unidos». Y tras la imputación de Donald Trump, EE.UU. tiene por delante de todo menos tranquilidad.