López Obrador asegura que a pesar de las presiones continuará investigando el caso Ayotzinapa

Dimite el fiscal del caso cuando se cumplen ocho años de las desapariciones de los 43 estudiantes

La gente grita consignas durante una marcha en la plaza Zócalo de la Ciudad de México AFP

Borja Rama

Corresponsal en Ciudad de México

En coincidencia con el octavo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala, conocido como el caso Ayotzinapa, se ha conocido la dimisión del fiscal Omar Gómez Trejo como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación, encargado del esclarecimiento de ... uno de las tragedias más sobrecogedoras de México. Una renuncia, «debido a diferencias», que Gómez Trejo presentó el 15 de septiembre, pero no fue desvelada hasta ayer por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante su rueda de prensa diaria. A pesar de esta salida, el mandatario quiso mandar un mensaje a las familias de los desaparecidos. «Que tengan confianza, nosotros vamos a continuar con la investigación, ojalá me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia».

Parece que la falta de conocimiento del fiscal por las últimas órdenes de arresto ha precipitado su voluntad de dejar el cargo que se produce después de que la Fiscalía de México declinara 21 detenciones de los últimos 83 apresamientos por el caso Ayotzinapa, de las cuales 16 recayeron sobre los mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 Batallón de Iguala. A principios de octubre llegará un reemplazo para el puesto que se encargará de investigar un caso que se ha convertido en la consigna de la actual Administración que tilda como un 'crimen de Estado' de la anterior legislatura la muerte y desaparición de los 43 estudiantes durante la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, en el estado mexicano de Guerrero.

La investigación se complica aún más tras esta renuncia del asignado como fiscal, un cargo que ejercía desde hace tres años y tres meses. La prensa mexicana destaca serios desacuerdos entre Alejandro Gertz Manero, el fiscal general, y Omar Gómez Trejo. Según las ultimas filtraciones, parece que Gertz habría exigido la judicialización de Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República de 2012 a 2015 que formó parte del gabinete legal del anterior presidente de México, y que ahora es acusado de tortura, desaparición forzada y obstrucción a la Justicia.

Karam obtuvo, hace menos de una semana, una suspensión provisional en contra de la vinculación por su presunta responsabilidad en la fabricación de la llamada 'verdad histórica', que sin embargo no autoriza al también exgobernador de Hidalgo para dejar el Reclusorio Norte, prisión en la que se encuentra retenido.

Marchas en el aniversario

Entretanto el caso Ayotzinapa no para de dar saltos de guion en los que se mezcla el poder político y judicial. Familiares y amigos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, donde acaeció la desgracia, marcharon este lunes por el centro de Ciudad de México para exigir justicia por los 43 estudiantes ausentes.

«¡Ni perdón ni olvido!» y «¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!», «¿Quién lleva la batuta, los estudiantes o el Gobierno?» fueron las proclamas coreadas durante una marcha que comenzó en el Ángel de la Independencia y recorrió el Paseo de la Reforma.

Un año más, familiares y amigos de los 43 estudiantes desaparecidos salieron a las calles de Ciudad de México a reclamar la verdad

El Palacio Nacional fue previamente cercado de vallas metálicas por autoridades policiales para cubrir la residencia presidencial en prevención de posibles conatos de violencia. Los familiares muestran su enfado, hartos de que se les ningunee en unas pesquisas que llevan rumbo de cumplir una década con versiones que se contradicen.

La indignación ha calado tras darse a conocer que el general José Rodríguez Pérez, presuntamente acabó con la vida de seis estudiantes tras permanecer cautivos seis días. El entonces coronel ha declarado que su acusación supone una «cobardía» a la que tilda de «vileza» ya que afirma que no existen pruebas contra él ni sobre los militares apresados.

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