España se queda sin argumentos

España siempre ha esgrimido argumentos jurídicos para oponerse a la decisión de los kosovares, subrayando que no fue acorde con la legislación internacional y que atentaba contra el principio de integridad territorial y la soberanía de Serbia. Así lo explicaba, en diciembre de 2009, Concepción Escobar, jefa de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, llamada al Corte Internacional de Justicia, antes de que esta pronunciara su veredicto.

El Gobierno de Zapatero se desmarcó así de los grandes países de la UE, que reconocieron la independencia de Kosovo, y se alineó con otros cuatro que no lo hicieron –Grecia, Chipre, Rumanía y Eslovaquia- y, sobre todo con Rusia, que agradeció el gesto español. Por supuesto, en Serbia se acogió con alborozo esa posición y en Belgrado ondearon muchas banderas españolas en señal de agradecimiento. Además, el ministro Moratinos fue proclamado ciudadano de honor de Belgrado.

En consecuencia con esa postura, España tomó la decisión, el 19 de marzo del pasado año, de retirar las tropas que tenía desplegadas en Kosovo en una misión de la Alianza Atlántica, algo que el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró “lógico” tras haberse declarado la independencia de forma unilateral, aunque lo hizo algo más de un año después de haberse producido la declaración de independencia.

La decisión española fue anunciada en un viaje sorpresa de la ministra de Defensa, Carme Chacón, a Istok, donde se encontraban desplegados los militares españoles. “La misión está cumplida; es hora de volver a casa”, dijo a las tropas, en “Base España”. La retirada no estuvo exenta de polémica y de críticas por parte de la OTAN y de Estados Unidos por la forma en que se hizo, sin previa consulta a las autoridades aliadas.