Italia en el ojo del huracán por la polémica expulsión del general libio Almasri

La oposición atacó duramente a Meloni por su ausencia del Parlamento y acusó al Ejecutivo de haber facilitado la impunidad de un presunto torturador. El Gobierno reiteró que hubo errores de procedimiento en la Corte Penal Internacional y que se liberó al general libio por razones de seguridad nacional.

Tanto Giorgia Meloni como los ministros de Justicia e Interior están investigados judicialmente por supuesto favorecimiento (al permitir la liberación del general librio) y malversación (por repatriarlo en un vuelo de Estado organizado por los servicios secretos). El fiscal de Roma, Francesco Lo Voi, sospecha que la liberación del general Almasri -detenido el 19 de enero en Turín y expulsado a Libia dos días después- respondió a un objetivo político.

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Los medios italianos han destacado que el Gobierno Meloni expulsó al general libio, jefe de la Policía Judicial libia y una figura clave del Gobierno de Trípoli, para evitar represalias contra ciudadanos italianos en Libia, así como el envío masivo de inmigrantes a Italia. De hecho, en los dos días en que permaneció detenido en Turín el general Almasri, desde Libia partieron en pateras más de 1500 personas hacia las costas italianas.

El ministro de Justicia Nordio centró su defensa con un ataque a la Corte Penal Internacional por supuestos vicios formales en el mandato de arresto. Según Nordio, el documento carecía de datos esenciales, como las fechas precisas de los crímenes contra la humanidad de los que se acusa al general libio. El Gobierno italiano se ha lamentado también de que el mandato de arresto se emitiera el 18 de enero; es decir, 12 días después de que el general Almasri, que estaba fichado por la Interpol, iniciara una visita a Londres, viajando luego a Bélgica y Alemania, antes de llegar a Turín. En definitiva, el ministro de Justicia Nordio sostuvo que el mandato de la Corte Penal Internacional era «radicalmente nulo». Tanto es así que fue imposible transmitir la solicitud de arresto al Tribunal de Apelación de Roma, que tiene jurisdicción sobre su validación, según el ministro de Justicia: «Si hubiéramos enviado esa solicitud al Tribunal de Apelación, nos la habrían devuelto diciéndonos que la orden era incorrecta», dijo Nordio. Además, el ministro de Justicia destacó que una de las tres juezas de la CPI, María del Socorro Flores Liera, de 59 años, mejicana, había discrepado con el mandato de arresto al considerar que los cargos no estaban suficientemente vinculados a la solicitud. En realidad, Flores Liera cuestionó la jurisdicción del tribunal internacional sobre Libia.

Por su parte, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, justificó el decreto de la expulsión inmediata de Almasri por su «peligrosidad», para preservar la «seguridad del Estado y el orden público». Es decir, hubo razones de Estado, según el Gobierno, para expulsar al general libio. Según Piantedosi, Almasri disponía en sus viajes de ocho pasaportes, uno de ellos de la República Dominicana, con visado estadounidense. Almasri era vigilado desde julio de 2023 bajo un «código azul», elevado a «rojo» tras la orden de captura de la CPI. Piantedosi negó presiones libias, pero insistió en que su permanencia en Italia representaba «riesgos para el orden público». Algunos medios italianos han destacado que este argumento del ministro Piantedosi no se sostiene, porque los crímenes y las torturas contra inmigrantes por parte de Almasri se cometieron en Libia, y el general no podía representar una amenaza en las periferias italianas.

El debate parlamentario con las explicaciones de los ministros de Justicia y de Interior no convenció en absoluto a la oposición, que sigue preguntándose cuál fue el papel de Giorgia Meloni en el caso Almasri. Por su ausencia de la Cámara de Diputados y del Senado, la primera ministra fue blanco de duras críticas. Tanto Elly Schlein, líder del Partido Democrático, como Giuseppe Conte, presidente del Movimiento 5 Estrellas, la calificaron de «cobarde» por eludir el debate parlamentario.

En definitiva, sigue habiendo sombras en las explicaciones del Gobierno sobre el caso Almasri. Precisamente, la poco convincente reconstrucción pública que ha hecho el Gobierno Meloni sobre la liberación y deportación del general a Libia, puede llevar a Italia ante el Consejo de Seguridad para que dé explicaciones, según la prensa italiana. De momento, la CPI anunció que exigirá aclaraciones a Italia, mientras EE.UU. reveló nuevos testimonios sobre torturas en cárceles libias gestionadas por Almasri. En un documento del Departamento de Estado, Washington acusa al general libio de cometer atrocidades en la cárcel de Mitiga, cerca de Trípoli.