Meloni, al estilo Trump: endurece sus críticas a los jueces tras la apertura de una investigación contra ella

Por este hecho, la Fiscalía de Roma notificó a Giorgia Meloni y a tres de sus ministros que estaban bajo investigación. La reacción inmediata de la primera ministra fue dura: «No me dejo chantajear», dijo con rabia en un vídeo en el que mostró el folio que le envió la Fiscalía. Anoche elevó el tono de la confrontación. Giorgia Meloni se lamentó de haber aparecido en portada del 'Financial Times' con la noticia de la investigación judicial, lo que en su opinión es «un evidente daño a la imagen del país, algo que, francamente, me vuelve un poco loca«.

Acusó a «algunos jueces» de querer gobernar. Y los invitó a presentarse a las elecciones. Lo hizo en estos términos: «Ciertos jueces quieren decidir políticas de inmigración, desean decidir si se puede reformar la justicia y cómo, quieren mandar en qué podemos gastar dinero y en qué no: en la práctica quieren gobernar. Pero entonces que se presenten como candidatos a las elecciones». Meloni juró que «no cederé ni un milímetro mientras la mayoría de los italianos estén conmigo«.

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Ángel Gómez Fuentes | Corresponsal en Roma

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El caso del general Almasri domina por completo desde hace días la actualidad política italiana. Básicamente, tres son las posiciones. La versión de las derechas es que se trata de una «venganza» de los magistrados contra el Gobierno, tras la aprobación de la ley que separa carreras (fiscales y jueces), fuertemente rechazada por la Asociación Nacional de Magistrados, que convocó un paro para el 27 de febrero.

La versión de los magistrados es que la Fiscalía de Roma se limitó a realizar un «acto necesario», en respuesta a la petición de la Corte Penal Internacional.

La versión de la izquierda es que el Ejecutivo de Meloni ha hecho otro favor al Gobierno libio, haciendo la vista gorda al liberar y repatriar en un vuelo de Estado a una persona acusada de tortura y asesinato, a cambio de frenar la emigración desde Trípoli.

Ahora los medios italianos destacan, como hipótesis, que la primera ministra Giorgia Meloni puede contar con un arma formidable para resolver rápidamente el caso Almasri: el secreto de Estado, por «razones de seguridad». Es un concepto regulado por el Código Penal. Su artículo 202 está relacionado con la protección de información que los gobiernos consideran vital para la seguridad nacional.

A este respecto, Antonio Di Pietro, exministro y exfiscal de 'Manos Limpias', ha declarado: «El caso Almasri tiene una gran relevancia política, pero ninguna relevancia criminal. No hay delito del gobierno: se actuó por razones de Estado».

En la misma línea que el exfiscal Di Pietro, una declaración del conocido presentador de la RAI, Bruno Vespa, realizada con especial énfasis ante las cámaras, se ha hecho viral: «Todos los partidos saben que en todos los Estados se hacen cosas muy sucias, incluso el tratar con torturadores por seguridad nacional. Esto pasa en todos los estados del mundo», sentenció Vespa con rabia.

En esta confrontación con la magistratura, la mayoría de los italianos está con el Gobierno Meloni, porque la credibilidad de la Justicia en Italia es muy baja. Así lo destaca hoy el 'Corriere della Sera': «Dicen desde Palazzo Chigi –sede de la presidencia del Gobierno– que hay 'una ola social impresionante, con un 4/5 de los internautas a favor de atacar a los magistrados'. En resumen, esta iniciativa de la Fiscalía –añade el Corriere– es casi una bendición en un momento de gran visibilidad internacional de Meloni, pero de espinas a nivel interno«.

Entre las malas noticias para el Gobierno, a la larga mucho peores que la investigación de los magistrados, está el estado de la economía. En Italia, en 2024, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) se estancó en el 0,5%, cuando el Gobierno había previsto un 1%. Los datos del Instituto Nacional de Estadística afirman que el PIB italiano en el cuarto trimestre de 2024 está estancado: ha registrado un crecimiento cero.