El irredentismo, el último recurso de los dictadores

Las democracias gestionan los diferendos territoriales con equipos de abogados bien preparados que procuran ganar los argumentos en los tribunales internacionales. También presentándose como un modelo atractivo para aquellos habitantes de las áreas limítrofes que se desearía incorporar, pues es su propia movilización la que mejor puede presionar al Estado «usurpador» del territorio. En cambio, las dictaduras intentan una movilización nacional del pueblo, apelando al sentimiento patriótico, y buscando a menudo el atajo de la fuerza.

Esto ocurrió en la misma región con la guerra de las Malvinas, cuando la Junta Militar argentina se veía asediada por grandes dificultades económicas y sociales y quiso encontrar en la invasión de las islas la manera de ganar el favor ciudadano que de otra manera no lograba. El irredentismo fue el último recurso de los Videla-Viola-Galtieri y lo está siendo en el caso de Maduro.

Chávez no solo no necesitó remover la cuestión del Esequibo (el territorio entre la frontera oriental venezolana y el río con ese nombre, que atraviesa de sur a norte el interior de Guyana), sino que dio por bueno el reparto fijado hace más de un siglo. Le interesó la buena relación con Guyana y con el Caribe –cuyo voto le permitía sacar pecho en la OEA y en otros foros regionales–, y dejó en el cajón el viejo diferendo. A pesar de que los mapas oficiales de Venezuela siempre han incluido, con un color especial, el área anexa reclamada, Chávez dejó dormir el asunto, solidificando aún más con ello las actuales fronteras.

La razón histórica asiste a Venezuela en el derecho a reconsiderar la delimitación fijada en el Laudo de París de 1899, pues el tiempo desveló que ese arbitrio internacional no había sido neutral. En 1966 Caracas y Londres alcanzaron el Acuerdo de Ginebra por el que la parte británica aceptaba que el asunto no había quedado cerrado y que ambas partes debían resolver la controversia de manera pacífica. Pero desde la independencia ese mismo año de Guyana, anterior colonia inglesa, no ha habido progresos.

El asunto ha llegado a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, cuya intervención no es aceptada por el Gobierno de Maduro, si bien ha presentado su argumentación ante ese organismo. La cuestión es que hoy, al cabo de 125 años, difícilmente la CIJ va a reducir Guyana a un tercio de su extensión, condenándola a su inviabilidad nacional. En esto, Venezuela está internacionalmente sola; incluso estrechos aliados como China, Brasil y Cuba están del lado de Guyana.

Si Maduro ha decidido jugar la carta del irredentismo de modo populista, aun sabiendo que tiene las de perder al final del proceso, es porque necesita reconectar con la población de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Con una intención de voto hoy de solo el 9,5%, Maduro espera que el anunciado levantamiento de sanciones por parte de Estados Unidos le permita obtener unos 20.000 millones de dólares con los que alimentar el clientelismo. Reavivar el sentimiento patriótico en torno al Gobierno por la cuestión del Esequibo debiera ayudarle también a aumentar su nivel de aceptación.

No obstante, el referéndum del 3 de diciembre mete a Maduro en un callejón sin salida. La consulta plantea cinco preguntas. Los venezolanos serán preguntados si rechazan «por todos los medios conforme al derecho» el Laudo Arbitral de 1899; si apoyan el Acuerdo de Ginebra de 1966 como «único instrumento jurídico válido», y si aceptan mantener «la posición histórica de Venezuela de no reconocer la Jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia» para resolver la controversia sobre la Guayana Esequiba. La siguiente pregunta va un poco más allá al plantear la oposición «a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente de delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional» (ahí Guyana está explotando petróleo, algo que en realidad a Venezuela le sobra).

El último punto es el más controvertido, pues promete tomar medidas unilaterales con la creación de una nueva provincia venezolana –el estado Guayana Esequiba– y la puesta en marcha de «un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana (...) incorporando dicho estado en el mapa del territorio venezolano».

Incidentalmente cabe preguntarse qué «atención integral» puede prestar Venezuela al otro lado de su frontera cuando la miseria traída por el chavismo ha expulsado del país a casi 10 millones de personas, y cuando Guyana está viviendo un momento dorado gracias al comienzo de su explotación petrolera, con un crecimiento del PIB del 62,3% en 2022 y del 38,4% este año.