Nicaragua ilegaliza, oficialmente, al 92% de sus ONGS

El cierre de forma unilateral de las 1.500 ONG se debe a supuestos «incumplimientos a las leyes que las regulan», puesto que no reportaron por periodos de entre 1 hasta 35 años, sus estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones y sus juntas directivas. Este, un reporte riguroso y administrativo, ha sido utilizado como una medida muy efectiva para cancelar de manera rápida y exprés a todo tipo de organizaciones no gubernamentales, que son vistas como «incómodas» por el gobierno. La cancelación implica que la Procuraduría General de la República se hará cargo de todos los bienes muebles e inmuebles que eran propiedad de estas ONG y que pronto pasarán a nombre del Estado de Nicaragua.

La versión del gobierno, sin embargo, contrasta con la realidad. Estas nuevas organizaciones canceladas siguen un mismo patrón; todas representan a algún grupo de la sociedad que se ha opuesto a la dictadura que, desde 2018, recrudeció sus medidas de control total a la población. Hasta la fecha, el gobierno ha ilegalizado cerca de 5 mil organizaciones católicas, cristianas, defensoras de derechos humanos, ambientales, educativas, sociales y de militares retirados.

El gobierno ya ha anunciado que reformará el funcionamiento de las ONG. Entre los cambios, destaca que a partir de ahora, las organizaciones todavía vigentes en el país deberán formar «alianzas» con instituciones del Estado para ejecutar sus proyectos en el país. En otras palabras, deben contar con el aval del gobierno sandinista. «Las (ONG) que funcionan en Nicaragua se regirán por un nuevo modelo de operatividad que hemos caracterizado como alianzas de asociación», matizó la vicepresidenta, Rosario Murillo, en unas declaraciones recogidas por Radio Caracol. Esto afectará a las 7,227 ONG que estaban operando en el país, aunque de estas, el 92% ya han sido ilegalizadlas.

Este nuevo modelo de «alianzas de asociación» obliga a la reforma de la Ley de Concertación Tributaria —para eliminar exoneraciones y otros beneficios fiscales—, así como la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro —para adicionar las «alianzas de asociación»— y la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Analistas consultados aseguran que estas medidas obedecen más bien a una especie de golpe contra la comunidad internacional occidental, puesto que la mayoría de las ONG reciben fondos extranjeros.