La Justicia venezolana emite una orden de arresto contra Edmundo González

A última hora de este lunes (hora peninsular), el fiscal auxiliar de Caracas Luis Ernesto Dueñez Reyes solicitó al Tribunal de Primera Instancia en asuntos de terrorismo la orden de arresto contra el político Edmundo González Urrutia por seis presuntos delitos cometidos desde que fue electo presidente con el 67% de los votos en las elecciones del 28 de julio. Poco después, el Tribunal ha validado la petición.

En el expediente de la fiscalía número 143974-2024 se le imputan los cargos de presunta «usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas informáticos y asociación para delinquir». Así lo ha confirmado el Ministerio Público en su cuenta de la red social Instagram

El diplomático González no se ha presentado a comparecer a las tres veces que lo ha citado la fiscalía general por alegar que no ofrece garantías de seguridad a su integridad física. El opositor -en la clandestinidad desde el 30 de julio- argumentó que el Ministerio Público actuaba como un «acusador político»

Por su parte, María Corina Machado ha publicado en su cuenta de X (antiguo Twitter) que con este gesto el chavismo sólo logra «aumentar el apoyo de los venezolanos y el mundo a Edmundo González». Asimismo, ha pedido «serenidad, coraje y firmeza», en un mensaje de apoyo al opositor. Maduro pidió la encarcelación de ambos el 31 de julio.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la coalición de 10 partidos que lo respaldan como su abanderado triunfador de las elecciones presidenciales, rechaza la medida del régimen por considerarla inconstitucional e ilegal.

En su comunicado emitido en X, la Asamblea Nacional electa en el 2015 en nombre de su presidente Dinorah Figuera desde su exilio en España, denuncia ante el mundo este nuevo atropello a la soberanía popular: «Un fiscal general bajo el mando de Maduro, en clara complicidad con otros poderes secuestrados, ha emitido una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia, el indiscutible vencedor de las elecciones del 28 de julio».

«Este acto es un intento burdo de desconocer la voluntad popular y representa una violación flagrante a los principios democráticos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que condene esta grave transgresión y apoye al pueblo venezolano en su lucha por la justicia y la democracia'', añade el comunicado legislativo.

También apela al honor y compromiso que pudiera quedar dentro de las fuerzas armadas distinto a la cúpula militar, para que ''hagan valer la voluntad del pueblo, protegiendo la soberanía y los derechos fundamentales que hoy están en riesgo''.

El primer país en pronunciarse ha sido Argentina cuyo Gobierno de Javier Milei emitió una condena a la orden de arresto en estos términos: ''La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas''.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -ambos órganos controlados por el chavismo-, han avalado a Maduro como vencedor de las elecciones con poco más de la mitad de los votos, sin que todavía se hayan publicado por parte del oficialismo unos recuentos oficiales. Sin embargo, los datos publicados por la oposición muestran una rotunda victoria de González y, en consecuencia, el opositor se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales celebradas del 28 de julio.

La oposición, algunos países occidentales y organismos internacionales como un grupo de expertos de las Naciones Unidas han dicho que la votación no fue transparente y exigieron la publicación de los recuentos completos, con algunos denunciando abiertamente el fraude.

Funcionarios del partido gobernante, incluido Maduro, han acusado a la oposición de avivar la violencia y el fiscal general, Tarek Saab, ha iniciado investigaciones penales a la líder opositora María Corina Machado, a González y al sitio web el sitio web donde la oposición publicó sus copias de los recuentos de votos a nivel de urna.

Las protestas desde la votación han causado al menos 27 muertos.