El exmandatario se encuentra recluido desde ese día en cumplimiento de una orden de prisión preventiva de 18 meses y pesa sobre él otra orden de 36 meses de prisión preventiva mientras es investigado por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
Ese 7 de diciembre, Castillo anunció en un mensaje a la nación el cierre del Parlamento, la reorganización del sistema de justicia y la instalación de un Ejecutivo de emergencia que debía gobernar por decreto. Por esa decisión, fue destituido por el Congreso y, posteriormente, arrestado por su propia escolta.
La Fiscalía también pidió 25 años de prisión contra la entonces primera ministra, Betssy Chávez, por el delito de rebelión. Chávez se encuentra desde junio del 2022 bajo prisión preventiva por 18 meses de prisión como parte de la investigación por fallido autogolpe de Estado.
Igualmente, el Ministerio Público solicitó 25 años de prisión para los exministros de Comercio Exterior Roberto Sánchez Palomino y del Interior Willy Huerta Olivas, así como para los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada Morales, Jesús Venero Mellado y Eder Infanzón. Gómez. Para el también ex primer ministro Aníbal Torres solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de rebelión.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesiónEsta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete