El presidente Pedro Castillo, detenido por sedición tras ser destituido

Toda esta cadena de hechos tuvieron lugar después de que Pedro Castillo anunciara este miércoles por la mañana la disolución del Congreso, un hecho que atropellaba el artículo 34 de la Constitución y configuraba el delito de sedición, que ocultaba sus verdaderas intenciones: huir asilado a México y escapar así de la Justicia que lo investigaba por seis casos de corrupción.

Después del discurso donde disolvió el Congreso, Castillo salió con su familia de Palacio de Gobierno camino de la Embajada de México en Lima, momento en el cual fue detenido por cometer el presunto delito de sedición castigado con una pena de entre 10 a 20 años. En un solo día el Perú fue testigo de una vorágine de acontecimientos en el que Pedro Castillo pasó de presidente a reo en la Prefectura de Lima.

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ABC

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Castillo fue el encargado de cambiar la agenda del día, en la que el foco de atención se centraba en su tercera moción de censura. Lo hizo con un discurso a la nación en el que anunció la disolución del Congreso, así como la del Poder Judicial y la Fiscalía: «Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional», comenzó diciendo. A estas medidas, el mandatario sumó las de «convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso, se gobernará mediante decretos ley», indicó un nervioso presidente que tenía las horas contadas.

Durante el discurso, Castillo señaló que en nueve meses convocaría elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes, es decir, la instalación de una Asamblea para elaborar una nueva Constitución. También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir de este miércoles desde las 22.00 hora local (3.00 GMT del jueves).

«Se declara en reorganización del sistema judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)», indicó Castillo; tal y como sucedió el 5 de abril de 1992 cuando el expresidente Alberto Fujimori disolvió el Congreso y todos los poderes.

También Castillo ordenó que todos los que posean «armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas y quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley».

A diferencia de 1992, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del país no respaldaron a Castillo: «Cualquier acto contrario al orden constitucional establecido (artículo 34), constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú», señaló la institución en un comunicado. «Se invoca a la ciudadanía a mantener la calma y confiar en las instituciones del Estado legalmente establecidas».

La vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, la sustituta natural del gobernante de acuerdo a la Constitución, rechazó también la decisión del presidente Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso». «Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley», añadió.

Tras el sorpresivo anuncio de Castillo, se empezaron a romper filas en su propio Gabinete, produciéndose una cascada de renuncias, como la de la primera ministra, Betssy Chávez, que asumió el cargo hace menos de dos semanas; el ministro de Exteriores, César Landa; el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo; de Justicia, Félix Chero; de Trabajo, Alejandro Salas; de la Mujer, Heidy Juárez; de Turismo y de Comercio Exterior, Roberto Sánchez; de Educación, Rosendo Serna; y de Transportes, Richard Tineo.

A su vez, el Congreso se declaró en rebeldía ante el anuncio de cierre del presidente y decidió adelantar la votación de moción de destitución contra el presidente. Con 101 votos a favor -se necesitaban 87- el Parlamento destituyó a Castillo y dio vía libre al nombramiento de Dina Boluarte.

Para el politólogo Fernando Tuesta lo ocurrido este miércoles en el Perú fue «un golpe de Estado con todas sus letras. Nada de lo anunciado por el expresidente Pedro Castillo está permitido por la Constitución. Si tenía baja legitimidad, ahora ha perdido legalidad. Está usurpando el poder y no se le debe obediencia».

Antes de que se produjera la votación de la moción de censura, Tuesta ya apuntó lo que podía pasar: «Le corresponde al Congreso de la República destituir al ahora usurpador Pedro Castillo, quien se ha puesto al margen de la ley. Sus actos son ahora ilegítimos e ilegales. Debe juramentar inmediatamente a la vicepresidenta, Dina Boluarte, que debe abrir el cauce a un adelanto de las elecciones con reforma política. Para ello el Congreso debe modificar la Constitución».