El fiscal general de Estados Unidos, en el disparadero

Garland era un jurista de prestigio, de línea moderada, juez del tribunal de apelaciones inferior al Tribunal Supremo y que se quedó a un paso de vestir su toga: Barack Obama lo nominó en 2016, pero los republicanos, entonces con el control del Senado, bloquearon su confirmación con la esperanza de que aquel año Trump ganara las elecciones –como hizo– y eligiera a otro juez más conservador. Tras impedirle llegar al Supremo, los republicanos más centristas de la Cámara Alta le dieron el apoyo para estar al frente del Departamento de Justicia.

Año y medio después, frente a esas promesas, el fiscal general está en el centro del escándalo provocado por el registro de la residencia de Trump en Florida. Los republicanos le han colocado como principal responsable de lo que califican como «persecución política». Han exigido desde que dé explicaciones del porqué del registro –aunque también las podría dar Trump si publica el contenido de la autorización judicial que lo permitió– a que dimita o que sea sometido a un 'impeachment' –juicio político– en el Congreso.

Garland ha tratado de hacer equilibrios entre su compromiso con la idea de que «nadie está por encima de la ley» –y eso incluye a Trump– y con evitar una apariencia partidista: nunca ha hablado del expresidente ni de las investigaciones que le persiguen. Ahora solo podrá sacudirse la acusación de estar politizado si la investigación del FBI acaba por demostrar que el registro estaba justificado. Pero eso podría tardar mucho tiempo y hay elecciones este otoño.