La fiscal general que derrocó a António Costa se ve obligada a justificarse ante Portugal: «Nadie está por encima de la ley»

Al ser cuestionada sobre la verosimilitud de escuchar las conversaciones telefónicas de un ministro durante cuatro años en el marco de la Operación Influencer, o sobre la potestad de derribar a un gobierno únicamente sobre la base de «extrapolaciones» y sin «pruebas», según la sentencia de los Tribunales de Instrucción y de Apelación, la fiscal general de Portugal lo rebatió: «No hay nadie por encima de la ley, el Ministerio Público tiene el deber de averiguar, de investigar lo que realmente ocurrió. Y lo hace aunque la denuncia sea anónima. No entiendo el alboroto por esto. El Ministerio Fiscal no quiere perseguir a los políticos. Es absurdo».

Explicó que António Costa no es sospechoso ni imputado, sino testigo en la causa autonómica abierta contra él en el Tribunal Supremo de Justicia cuando era primer ministro. Antes de llegar al Consejo Europeo, el ex primer ministro fue oído a petición propia por la fiscal con el expediente. Sin embargo, Lucília Gago dejó una advertencia: «Si la investigación no se ha cerrado ahora, es porque algo se interpondrá. No puedo decir que se vaya a cerrar rápidamente».

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El fiscal general aclaró que António Costa nunca ha sido imputado ni sospechoso de los delitos de malversación, corrupción o prevaricación, pero que las sospechas procesales han aludido a su nombre e influencia. Y subrayó la posibilidad de que esas alusiones fueran ciertas y de que efectivamente hubiera ilícitos que pudieran vincularse al ex Primer Ministro.

Después de que dos tribunales, el de Apelación y el de Instrucción Criminal, consideraran hueca la acusación del Ministerio Público contra António Costa e incluso contra los demás imputados, la Fiscalía portuguesa y el fiscal general se vieron sometidos a presiones. Lucília Gago será interrogada en comisión parlamentaria. En esta entrevista con RTP, el fiscal señaló: «Con las pruebas reunidas, el Ministerio Público ha hecho una lectura, pero puede haber lecturas diferentes, sobre todo cuando se trata de delitos económicos y financieros de gran complejidad». La investigación continúa.

Lucília Gago asumió la autoría del párrafo del comunicado emitido por la Fiscalía el 7 de noviembre de 2023 sobre la Operación Influencer y los registros en la residencia oficial del presidente del Gobierno, que provocaron la dimisión de Costa.

Sin embargo, la magistrada no se considera responsable de que el país vaya a elecciones anticipadas, ni de la dimisión. De hecho, denunció una campaña orquestada contra el Ministerio Público por parte del sistema político y mediático, subrayando que «ningún ciudadano está por encima de la ley».