Daniel Ortega confisca la libertad de pensamiento en Nicaragua

La operación de confiscación de la prestigiosa universidad, considerada el último espacio de libertad de pensamiento en el país, se selló entre el jueves de la semana pasada y la mañana de este miércoles. «Todo fue rápido, pero muy tenso y doloroso. Es además deprimente. Frustra. No tenemos a quién reclamar, ni siquiera podemos desahogarnos, porque el que habla va preso o desterrado», dice a ABC vía telefónica un trabajador de la UCA, que el próximo mes de noviembre cumpliría 25 años en el centro y que es parte de la mitad de los más de 300 empleados que no llegaron a recibir el último salario. Pide ser identificado como 'Luis' por miedo a la implacable represión que impera bajo el brazo tirano de Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo.

La confirmación de la confiscación de la universidad fue notificada a la plantilla en un correo electrónico en el que las autoridades revelaron que a las 5.29 horas del 15 de agosto recibieron una copia de la acusación penal por «terrorismo» y supuestamente «haber traicionado la confianza del pueblo nicaragüense» que los obligaba a suspender todas las actividades académicas y administrativas «hasta que sea posible retomarlas».

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En el oficio enviado, el régimen acusa a la UCA de haber funcionado «como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales». Son «señalamientos infundados», rechazó la universidad, al tiempo que reiteró su «compromiso con la sociedad nicaragüense por una educación superior de alta calidad y fiel a sus principios fundacionales desde hace 63 años».

El proceso contra la universidad está radicado en el Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua a cargo de la juez Gloria María Saavedra Corrales. La funcionaria, además de ordenar la incautación de todos los bienes inmuebles, muebles, dinero –tanto en moneda nacional como extranjera– y la inmovilización de las cuentas, giró la instrucción al Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, a la Superintendencia de Bancos (Siboif), a la Dirección Nacional de Registros, a la Policía y a la Procuraduría General de la República para comenzar las intervenciones.

Tras el anuncio, lo que siguió fue una sensación de miedo, estupor e incertidumbre dentro de la casa de estudios que los jesuitas encararon orientando a los empleados y estudiantes que se encontraban en el lugar a retirarse sin demoras. Luis abandonó la UCA a las 12.00 horas y esperó alrededor de treinta minutos para presenciar de lejos el cierre de los portones. «Fue una sensación espantosa, sentí que me mutilaban, ese lugar representaba más que un empleo», comparte.

En los días previos a la formalización de la acción judicial contra la universidad jesuita, fundada en 1960, el régimen mandó congelar sus cuentas bancarias e inmovilizar sus bienes. Además, por medio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revocó la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, que contribuía con la resolución de conflictos y liberaba carga al Sistema Judicial.

Sin embargo, el cerco a la UCA comenzó en 2018, después de que esa universidad se colocara con firmeza al lado de los ciudadanos, una gran mayoría universitarios, que en abril de ese año se alzaron en protesta contra el régimen de Daniel Ortega; una rebelión civil que el orteguismo aniquiló por medio de las armas y que marcó el inicio de la instauración de un modelo dictatorial con tintes dinásticos.

El académico nicaragüense Ernesto Medina, exrector del estatal Consejo Nacional de Universidades, califica como «una tragedia» el despojo de la universidad jesuita. Como conocedor de las profundas brechas del sistema educativo del país, opina que esta medida corta por completo las oportunidades de desarrollo y afianza la instauración de «dictadura dinástica y brutal» de los Ortega-Murillo que «se está terminando de configurar en Nicaragua y, obviamente, no caben universidades libres ni ningún tipo de institución, incluida la Iglesia, que no estén totalmente bajo el control del régimen».

«La libertad de pensamiento, la libertad de investigación, el libre debate de las ideas están en contradicción total con el plan de establecer una dinastía dictatorial», subraya el catedrático, que en 2018 fue parte de la Mesa de Diálogo que se instaló para promover una salida a la crisis que persiste en Nicaragua, y que se ha saldado con más de 350 crímenes impunes, la instauración de un estado policial, una crisis migratoria sin precedentes y un sistemático deterioro de los derechos y libertades, según han certificado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Medina lamenta que la acción que tiene como trasfondo una venganza política deja como gran perdedor al país, porque «se está quedando sin futuro». La UCA se suma a la lista de otras 26 universidades nicaragüenses que han sido ilegalizadas y confiscadas desde 2021.