Cómo se convirtió Daniel Ortega en lo que tanto odiaba

Este miércoles el FSLN celebra en Nicaragua el aniversario de aquella revolución. Un acto encabezado por el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para rememorar y festejar la caída de la dinastía política de los Somoza, una familia que controló con mano dura el poder y se enriqueció de manera exorbitante en el proceso. Tal como lo hacen Ortega y su esposa Rosario Murillo.

Noticia Relacionada

El obispo Rolando Álvarez se mantiene firme en su negativa a abandonar Nicaragua

Javier Martínez-Brocal

Tras ser liberado por unas horas, el régimen sandinista lo envió de nuevo a prisión

Hoy son más las semejanzas que las diferencias las que el FSLN comparte con los Somoza. El partido está representado por un Gobierno antidemocrático que persigue, encarcela y exilia a los disidentes.

Uno de los casos más sonados en estos días es el del obispo Rolando Álvarez, que se encuentra en prisión desde marzo por «traición a la patria». Álvarez, crítico con el Gobierno de Ortega, es un símbolo de la represión contra la Iglesia católica, y también de la resistencia. A cambio de su libertad, las autoridades le han ofrecido el destierro, pero él ha preferido permanecer en suelo nicaragüense, siendo consciente de que esa decisión implica continuar su vida en la cárcel. En marzo también se había negado a subir al avión que lo llevaría, junto con otros 222 excarcelados políticos, a Estados Unidos.

Para los ojos de Ortega, la Iglesia católica es un gran enemigo, y por eso busca desmantelarla. Bajo su mandato, varios eclesiásticos han sido capturados y condenados. Muchos han salido del país por miedo o por mandato gubernamental. Ha ordenado la «disolución voluntaria» de Cáritas, oenegé católica, y también ha cerrado universidades relacionadas con la Iglesia. El papa Francisco ha calificado al régimen nicaragüense como una «dictadura grosera».

Son varias las organizaciones que el régimen nicaragüense ha arrasado. En junio de este año, expulsó a la Cruz Roja Nicaragüense y confiscó todos sus bienes, una represalia contra el organismo humanitario por haber asistido en 2018 a los manifestantes heridos por la violenta represión gubernamental. La razón, según los sandinistas, es que la Cruz Roja, que llevaba más de 60 años operando en el país, había actuado «contra los principios de humanidad, imparcialidad y neutralidad». Los opositores, sin embargo, coinciden en que la medida forma parte del plan de criminalizar y eliminar todas las organizaciones del país.

El autoritarismo actúa con mayor comodidad cuando nadie está viendo. Por eso las autocracias también se encargan de ahogar a la prensa. Los medios de comunicación independientes en Nicaragua son escasos y los que aún sobreviven evitan criticar al régimen para evitar represalias. La libertad de prensa retrocede bajo el acoso de las autoridades. Desde que Ortega retornó al poder en 2007, decenas de medios han cesado sus operaciones en el país y cientos de periodistas han huido para poder seguir informando desde el exterior. Algunos de ellos fueron enjuiciados injustamente y condenados a años de prisión antes de ser desterrados.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), las últimas voces de críticos y periodistas independientes han sido silenciadas. «El régimen no solo ha optado por callarlos, también ha usurpado instalaciones y bienes de medios de comunicación. En 2022 la toma total de 'La Prensa' [el diario más antiguo del país] y el exilio de su personal significó el fin de toda esperanza por recuperar la libertad de expresión en el país».

El ensañamiento del Gobierno de Ortega contra la disidencia se intensificó en 2018, cuando se desataron en el país oleadas de protestas antigubernamentales, un movimiento que culminó con un saldo de más de 300 muertos. Por su actuación, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investiga al régimen sandinista, acusado de detenciones arbitrarias, violaciones y torturas. Entre 2018 y 2022, más de 600.000 nicaragüenses –una población que no alcanza los siete millones– abandonaron el país.

Si los Somoza eran reconocidos por restringir derechos y libertades, el sandinismo no destaca por la defensa de estos. Este martes, los líderes de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) han pactado una declaración final conjunta que expresa la preocupación por la guerra «contra» Ucrania, un texto que Nicaragua se ha negado a firmar. Hasta el último momento se trabajó para salvar el obstáculo que han representado Nicaragua, Venezuela y Cuba por su rechazo a condenar la invasión rusa de Ucrania, siendo el país centroamericano el principal escollo al final para cerrar un texto común.

«Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania, que sigue causando un inmenso sufrimiento humano y está exacerbando las fragilidades existentes en la economía mundial», recoge el documento que evita mencionar a Rusia o condenar la agresión militar para salvar las diferencias con los países latinoamericanos.

Posteriormente, la Cancillería nicaragüense declaró no haber firmado, ni aprobado «lo que fue anunciado, pomposa y mentirosamente, como Declaración de Consenso de la III Cumbre Celac-UE». «La Unión Europea, como acostumbra hacer, ha roto todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los organismos democráticos, pasando por encima de las reglas que fundamentan el funcionamiento de nuestras entidades propias», agregó el comunicado.