Se cumplen nueve días de manifestaciones en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general

Los manifestantes han tomado 100 puntos en todo el país, la mayoría de estas ubicadas en la zona occidental y en el departamento de Guatemala, donde se ubica la ciudad capital. El masivo movimiento ciudadano, que según analistas promete ser histórico en un país que se manifiesta poco, está liderado por autoridades ancestrales indígenas representadas en diversos grupos sociales, como los llamados 48 Cantones de Totonicapán, el Comité Desarrollo Campesino (más conocido como «Codeca»), la Alcaldía Indígena de Sololá y el Parlamento Xinka. Todos ellos tienen, por lo menos, tres aspectos en común: capacidad masiva de movilización, representación en el occidente del país y que están conformados en su mayoría por indígenas descendientes de los pueblos originarios mayas.

Mientras tanto, la Presidencia guarda silencio. El mandatario actual, Alejandro Giammattei, no se ha pronunciado al respeto y solamente ha criticado los bloqueos de los movimientos indígenas en las autopistas del país. La fiscal Porras ha emitido un mensaje de 7 minutos a través de sus redes sociales solicitando al Gobierno y las fuerzas de seguridad interrumpir con los bloqueos, asegurando que no renunciará a su cargo y que su institución investigará lo que considere pertinente con relación a supuesto vicios durante el proceso electoral, en el que resultó electo a la presidencia —contra todo pronóstico— el candidato progresista Bernardo Arévalo y su pequeño partido, Movimiento Semilla.

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Arévalo ha sido, además de protagonista de esta crisis política, uno de los personajes más vocales en favor de las manifestaciones y la renuncia de Porras. El presidente electo ha aplaudido los levantamientos ciudadanos en todo el país y ha instado a «todos los sectores a no caer en provocaciones y mantener las manifestaciones pacíficas». «La persona directamente responsable de la crisis política que estamos viviendo es Consuelo Porras, quien ha utilizado la institución del Ministerio Público para intentar alterar el orden constitucional», ha dicho Arévalo vía redes sociales.

Desde la tarde del pasado domingo, las manifestaciones, que habían transcurrido con paz durante casi una semana, se han visto contaminadas por actos aislados de vandalismo en algunos comercios. También han ocurrido percances entre manifestantes que mantienen bloqueadas algunas vías del país y transeúntes y comerciantes que se han visto afectados. Los 48 Cantones de Totonicapán emitieron un comunicado en el que condenaban los actos vandálicos y violentos y aseguraban que sus allegados creen en una manifestación «pacífica, ordenada y con respeto». Los líderes indígenas señalan que «grupos afines» a Porras «buscan deslegitimar la protesta», por lo que han pedido a la Policía Nacional Civil llamar al orden a los supuestos vándalos.

El cardenal guatemalteco Álvaro Ramazzini ha criticado públicamente la «manera prepotente y poco profesional» de cómo fiscales del MP han secuestrado evidencia del proceso electoral» (sobre todo, las actas que contienen el cálculo y resultados de los votos emitidos en las elecciones) y ha recordado que esta crisis comenzó con el intento de «deslegitimar la participación de algunos candidatos» durante la campaña presidencial.

Los representantes de los 48 Cantones de Totonicapán le han solicitado a Ramazzini que sirva de mediador entre el gobierno y la ciudadanía para tratar la destitución de Porras. Anteriormente Ramazzini había dicho que la Conferencia Episcopal y los obispos estaban dispuestos a ser mediadores en esta crisis.

Una posición parecida tiene la Organización de Estados Americanos (OEA). El pasado domingo, el secretario general de la organización Luis Almagro informó sobre la designación del exministro de Defensa de Uruguay, Luis Rosadilla, como mediador ante la crisis en el país. Esto a raíz de la petición que le hizo el Gobierno guatemalteco a la OEA para que iniciara «un proceso de mediación» con mesas de diálogo para resolver la crisis política. La misión estará conformada por Rosadilla, la secretaria de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA, Maricarmen Plata, y el representante de la OEA en Guatemala, Diego Paz. Hasta el momento, se desconoce la agenda prevista para iniciar el diálogo