El presidente electo de Guatemala rompe el diálogo con el gobierno saliente y suspende la transición

La decisión de Arévalo y su equipo se debe a que horas antes, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a cargo del controvertido fiscal Rafael Curruchiche, emprendió una serie de requisas junto con las fuerzas armadas de la Policía Nacional Civil en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Centro de Operaciones Electorales (COE), donde se resguardan todos los datos del proceso electoral que se llevó a cabo el 25 de junio y por el cuál resultó electo Arévalo. Testigos han denunciado que las cajas electorales «han sido alteradas» y que el procedimiento es, a todas luces, «ilegal» y «político», para evitar a toda costa la toma de poder del presidente electo y forzar una repetición de los comicios, con candidatos afines al gobierno de Giammattei. Hasta la fecha, el allanamiento continúa y las fuerzas armadas siguen presentes en el COE.

Esta teoría de persecución política ha sido negada por los implicados, entre ellos el mismo presidente saliente. Sin embargo, las cacería de la fiscalía contra el partido que postuló a Arévalo, el Movimiento Semilla, solo se ha reforzado en cuestión de semanas. Curruchiche, sin embargo, ha negado que las requisas estén relacionadas con Semilla, el partido del presidente electo. Pero los allanamientos fueron ordenados bajo el mismo número de expediente del caso judicial que se tiene contra de esta agrupación política por un caso que la fiscalía ventiló el pasado 12 de julio —días después de que Arévalo pasara a segunda vuelta para disputar la presidencia— sobre la existencia de supuestas firmas falsas en el proceso de creación de Semilla, en 2018, cosa que de comprobarse podría invalidar el partido político, según la hipótesis de la FECI.

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Ante la persecución, Arévalo también ha pedido la renuncia de los fiscales y del juez involucrados en los allanamientos. «Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para pedirles que renuncien a su cargo. Solo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional», ha dicho. Además, ha lanzado un contraataque. El equipo legal de Semilla ha presentado ya una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, y del juez séptimo, Fredy Orellana, y que también presentarán denuncias contra Curruchiche y otra fiscal, Cinthia Monterroso. A estas acciones jurídicas se han unido otros amparos y querellas por parte de diversas instituciones. El TSE ha presentado, la noche del martes, una acción de amparo en la Corte de Constitucionalidad, con la esperanza de que se suspendan los allanamientos «ilegales». La organización Acción Ciudadana —un conocido actor social por la transparencia— ha presentado amparo por vulneración del sufragio de los guatemaltecos, en las primeras horas del miércoles, así como otros grupos de ciudadanos individuales.

La polémica intervención de la FECI sucede tan solo un día después de que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, participara en la segunda reunión del proceso de transición de mando en el Palacio Nacional de Cultura de la capital guatemalteca, entre Giammattei y su sucesor.

Mientras, las calles de la Ciudad de Guatemala comienzan a llenarse de manifestantes y fuerzas armadas. Se esperan multitudinarias manifestaciones para los próximos días, que coinciden con las fiestas patrias, que conmemoran los 202 años de independencia de Guatemala y Centroamérica del reino de España, en 1821.

El pasado martes 12 de septiembre, la FECI y Curruchiche —incluido en la Lista Engel 2023 de Estados Unidos y calificado como «actor corrupto y antidemocrático» por ese país—, ejecutó una serie de allanamientos en el Parque de la Industria, el recinto en Ciudad de Guatemala que resguarda las cajas en donde están todos los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio. De acuerdo con testigos en el área, las fuerzas de seguridad abrieron cajas que contienen material de las elecciones generales. El TSE informó que el MP solicitó 160 cajas «para inspeccionarlas como parte de una investigación en este proceso electoral». El actuar de la FECI ha sido amparado por otro personaje que ha tomado decisiones polémicas en contra del proceso electoral; el juez penal Fredy Orellana.

En las cajas se encuentran todos los votos emitidos de las 5 elecciones (presidenciales, vicepresidenciales, parlamentarias —al Congreso de la República y al Parlamento Centroamericano—y municipales), así como los votos nulos, en blanco, papeletas no utilizadas y los artefactos que se utilizaron para emitir el voto, como sellos y crayones).

La presidenta del TSE, Irma Palencia, criticó el allanamiento, mostró su preocupación y aseguró que, con la apertura de las cajas, «hay un quebrantamiento de la custodia del voto». El artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, de rango constitucional, establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.

La versión del fiscal Curruchiche es distinta. «Esta diligencia no tiene ninguna vinculación directa e indirecta para favorecer o perjudicar a ningún partido político y a sus dirigentes, simplemente son diligencias de investigación que dentro del marco constitucional que tiene el Ministerio Público se están llevando a cabo», afirmó a través de un vídeo publicado en redes sociales durante el allanamiento.

Por los allanamientos de la FECI, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones en Guatemala expresó su «profunda preocupación». La MOE reiteró que «continuará acompañando el proceso y no cesará en sus esfuerzos por asegurar que se respete la voluntad popular expresada en las urnas».

Asimismo, el portavoz principal de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, Peter Stano, solicitó a las instituciones y poderes del Estado respetar los resultados e instó a abstenerse de realizar acciones que los socaven.

Por su parte, el Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, de Estados Unidos, Brian Nichols, expresó su condena a los allanamientos y añadió que la acción debilita la transición democrática y la voluntad del pueblo guatemalteco.

Expertos constitucionalistas también han criticado el proceso. Al ser consultados, han señalado que abrir las cajas donde se resguardan los votos «es ilegal», puesto que solo la Ley Electoral y de Partidos Políticos lo permite. Han aclarado, sin embargo, que el TSE ya ha oficializado los resultados de las elecciones y que, por ende, los resultados no podrían ser alterados ni es posible realizar una nueva revisión, pero que constituye una violación al debido proceso indagar en las cajas electorales. También han resaltado que si el MP secuestra las cajas electorales, el TSE perdería la custodia y no podría hacerse responsable de su contenido ni paradero.