En pisos, parroquias, contenedores...en Berlín no caben más refugiados

En lo que llevamos de año, Berlín ha acogido ya a 21.000 nuevos refugiados. Según datos de la Oficina Estatal para Asuntos de Refugiados (LAF), se registraron entre enero y agosto 9.936 solicitudes de asilo y la afluencia se intensificó en julio, con 1.506 llegadas, y agosto con 1.869, en su mayoría procedentes de Siria, Turquía, Afganistán, Georgia y Moldavia. A ellos se suman los 11.000 ucranianos que han llegado desde enero. «La capacidad para nuevos alojamientos es prácticamente nula», explica el portavoz de LAF, Sascha Langenbach, que de acuerdo con la Ley de Prestaciones para Solicitantes de Asilo está encargado de proporcionar alimento, alojamiento, calefacción, vestimenta, productos de higiene personal y atención médica, así como escolarización y dinero en efectivo, que para un adulto soltero es de 359 euros.

En mayo, debido a que en los primeros cuatro meses de 2023 se habían presentado 101.981 nuevas solicitudes de asilo en Alemania, un aumento del 78% respecto al mismo período de 2022, el Gobierno lanzó una partida presupuestaria extraordinaria de mil millones de euros y así es como han ido tirando hasta ahora las administraciones locales. Pero el problema no es tanto económico como de espacio físico. Las plazas en albergues están agotadas y el Senado de Berlín ha ocupado también pisos, instalaciones deportivas, salones parroquiales e incluso contenedores.

Este verano, con temperaturas por encima de los 35º, las veinte aldeas de contenedores repartidas por diez distritos de la capital alemana se convirtieron en un infierno. En ellas viven más de 5.500 refugiados. La normativa establece que los refugiados no permanezcan más de tres semanas en alojamientos colectivos, pero la imposibilidad de encontrar viviendas de alquiler alarga ese período indefinidamente.

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Parte importante del problema es el gran número de entradas ilegales. En los primeros siete meses de 2023, la policía federal registró 43.815 cruces fronterizos no autorizados, un 51% más que en el mismo periodo del año pasado y sólo la punta de un iceberg que, en su mayoría, no es detectado y no aparece en las estadísticas. Una gran proporción de estas entradas irregulares detectadas se produjeron en la frontera con Polonia, con un aumento del 143,7% en comparación con el año anterior, y desde Suiza, con un aumento del 201,8%. El tráfico de personas se ha diversificado de tal forma y adopta tal magnitud que la Policía resulta impotente. Ayer fue arrestado un sirio de 15 años que conducía una furgoneta con 27 ilegales en el departamento de carga. El adolescente había vivido anteriormente dos años en un centro de refugiados menores en Turingia. En agostó huyó para entrar en el negocio. No tiene carnet y había aprendido a conducir «dos días antes del viaje».

En esta situación de colapso, que denuncia también el resto de los Bundesländer, también parece haber tocado techo la opinión pública alemana, que en 2015 respondió a la iniciativa de acogida de la entonces canciller Merkel con un gran espíritu solidario, pero que ocho años después manifiesta su agotamiento. El 52% de los alemanes opina ahora que se deberían «recibir menos refugiados», doce puntos porcentuales más que en enero de 2020. Para el 54%, las desventajas superan a las ventajas y sólo un tercio ve «más bien ventajas», según un estudio de Infratest Dimap para ARD.

Sólo el 8% está a favor de que Alemania «reciba más refugiados». Otra muestra de descontento es la escalada en las encuestas del partido antiextranjeros Alternativa para Alemania (AfD), que con un 22% se ha consolidado en los sondeos como segundo partido más votado, únicamente por detrás de la conservadora CDU, con el 27%, La CDU, a punto de batirse en dos importantes elecciones regionales en Hesse y en Baviera, defiende un tope de recepción de refugiados de 200.000 al año y ha presentado además una moción ante el Bundestag pidiendo un enfoque más estricto en materia de deportaciones. «En esta difícil fase, los ciudadanos esperan con razón que el Gobierno federal no se pierda en acciones individuales agitadas, sino que inicie un cambio de rumbo en la política de asilo», reivindica el parlamentario conservador Thorsten Frei.

El Gobierno del canciller Olaf Scholz, la «coalición semáforo», en la que gobiernan socialdemócratas, verdes y liberales, se niega a introducir controles fronterizos en su frontera con Polonia, aunque acepta los establecidos por Austria y ha interrumpido la acogida de inmigrantes y solicitantes de asilo procedentes de Italia a través del mecanismo europeo de reparto voluntario, al menos hasta que Italia no reciba de vuelta a quienes jurisdiccionalmente deben recibir protección en ese país según la normativa vigente.