Amnistía Internacional denuncia que los 100 días de Trump «son un desafío para los derechos humanos»

Callamard señala que «su ataque [de Trump] sin cuartel a los conceptos mismos de multilateralismo, asilo, justicia racial y de género, salud global y acción climática [...] está agravando el considerable daño que ya han sufrido esos principios e instituciones». Además, considera que su deriva invita a otros líderes mundiales a «unirse a su embestida».

Tras un 2024 marcado por elecciones en numerosos países, donde dice que «se han elegido líderes autoritarios», incide en que para los que quieren adoptar «el mismo atuendo» que Trump, sus actos enmascaran «disidencia amordazada, ataques a la libertad académica, aumento de las partidas presupuestarias para gastos militares, expolio de las asignaciones de ayuda y represalias comerciales» cuyo resultado es poner en peligro «a miles de millones de personas en todo el planeta».

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Callamard ha acusado a Trump de actacar en su segundo mandato a diferentes colectivos como los transexuales o los refugiados. Ha utilizado las deportaciones de inmigrantes al Cecot –la macrocárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele ubicada en en la capital del país– como ejemplo de vulneración de los derechos humanos.

Callamard ha denunciado que Alemania, EE.UU. y Reino Unido mantienen su relación comercial con Israel con transferencias de armamento o apoyando a Washington en los «vetos reiterados a resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que pedían un alto el fuego». La secretaria general de la ONG les acusa de «ignorar el genocidio en Palestina».

De la misma manera, señala que ha habido un incremento de la represión en Alemania contra quienes salen a protestar para defender a Palestina. Las autoridades germanas se escudan, asegura Callamard, en acusarlos de «terroristas», pero el objetivo, a su juicio, son «activistas» políticos. Lo mismo ocurre, en su opinión, con los activistas medioambientales.

En cambio, Callamard ha valorado positivamente que España y Bélgica suspendieran la venta de armas a Israel: «En mayo y noviembre, el gobierno rehusó autorizar el tránsito de tres barcos que transportaban armas con destino a Israel, lo que llevó a la Comisión Marítima Federal de Estados Unidos a abrir una investigación contra España», según el informe. Callamard expresa que AI debe apoyar las iniciativas sobre Gaza, «incluso si no cumplen con todos nuestros preceptos».

Callamard pone de ejemplo la denuncia de Sudáfrica contra Israel ante el Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), así como las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer minsitro israelí, Benjamin Netanyahu; su ministro de defensa, Yoav Gallant; el presidente ruso, Vladímir Putin, o el jefe del régimen militar de Birmania (Myanmar), Min Aung Hlaing.

Las respuestas de Trump, Netanyahu y Putin contra el TPI, mediante sanciones y amenazas, son «una señal muy clara de que hace su trabajo», expone Callamard.

Más allá de las políticas que limitan los derechos humanos, en el mundo también se producen ataques contra las libertades fundamentales por conflictos armados, como las sonadas guerras en la Franja de Gaza y en Ucrania, pero también en otros escenarios menos conocidos como Sudán, el Congo o Birmania. En todos estos conflictos se han cometido crímenes de guerra y «otras violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario».

Callamard también ha cargado contra las grandes compañías tecnológicas; las acusa de eliminar las protecciones de derechos humanos y de propagar contenidos «nocivos» o «violentos» que «incitan al odio». «La alineación» entre la Administración Trump y las tecnológicas «amenaza con abrir la puerta a una era de corrupción descontrolada, desinformación, impunidad y captura del poder del Estado por parte de las empresas». Todo ello apunta directamente al magnate Elon Musk, con presencia y participación activa en el Gobierno estadounidense.

Aministía Internacional concluye que, en este 2024, se ha incrementado la pobreza y «beneficiado a las grandes fortunas». Por último, la secretaria de la ONG ha señalado que «es el momento de resistir a la invasión autoritaria y la aniquilación del derecho internacional» o «nuestros hijos pagarán el precio más alto».