La 'resistencia' civil a Trump teme un castigo fiscal del presidente

Ese es el mensaje que la principal organización de derechos civiles del país, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en sus siglas en inglés), ha trasladado en comunicaciones con donantes en los últimos días, con advertencias de medidas «inminentes» y que podrían neutralizar buena parte de sus actividades.

ABC ha tenido conocimiento de que altos cargos de una oficina estatal de ACLU han hecho estas advertencias, con referencias específicas a que la embestida de la Administración Trump podría afectar a un elemento casi existencial para los grupos activistas que pelean en tribunales contra acciones gubernamentales que consideran injustas: su condición de entidades exentas de impuestos.

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Según esas comunicaciones, las medidas de la Administración Trump afectarían también a otras organizaciones de derechos civiles e incluso a grupos activistas de otros ámbitos, como medioambientalistas. Pero la ACLU aparecería citada de forma específica.

La ACLU es una organización centenaria, creada a principios del siglo XX para la defensa de los derechos civiles. Su foco inicial fue la libertad de expresión, pero con el paso de las décadas amplió su dedicación a todos los derechos civiles: discriminación racial y de género, libertad religiosa, privacidad, separación de iglesia y Estado, agenda LGBTQ o inmigración. Su ejército de abogados acude a los tribunales cuando consideran que se vulneran derechos o libertades civiles.

En los tres primeros meses del segundo mandato, la actividad de ACLU ha sido frenética y protagonista. Algunas de las demandas que han logrado bloquear de forma cautelar la ambición ejecutiva de Trump han llevado la firma de sus abogados. En especial, en los casos sobre inmigración que han capitalizado buena parte de la atención pública en las últimas semanas. Por ejemplo, la batalla legal contra la invocación por parte de Trump de una ley bélica de 1798 para deportar de forma expedita, sin proceso legal, a inmigrantes indocumentados sospechosos de pertenecer a Tren de Aragua, la banda criminal originada en Venezuela. O las detenciones y procesos de deportación contra estudiantes extranjeros que lideraron protestas propalestinas y antiisraelíes, como Mahmoud Khalil, de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Pero la ACLU está implicada en cientos de litigios, de todo tipo de ámbitos. Y, aunque no tiene una posición partidista, la ambición expansiva de Trump como presidente, su desafío a la separación de poderes y el carácter disruptivo de muchas de sus medidas le han colocado cara a cara contra la ACLU en multitud de casos.

«Con los derechos de los inmigrantes, la justicia 'trans', la libertad reproductiva y mucho más en riesgo, estamos en los tribunales y en las comunidades de todo el país para proteger los derechos de todo el mundo, y te necesitamos con nosotros», dice la ACLU en su petición de donaciones en su página web, en una muestra de que lo que mueven a sus seguidores a rascarse el bolsillo son las batallas con las que Trump ha sido más agresivo.

La organización no cuenta con fondos gubernamentales. Se nutre de las aportaciones de sus socios -1,7 millones en todo el país- y de donaciones de fundaciones privadas e individuos. Algunas de esas donaciones, las que van a su fundación, están exentas de impuestos. Y la organización está también exenta en sus operaciones por ser una organización sin ánimo de lucro y dedicada al bienestar social.

Ese es el elemento que centrará el ataque de la Administración Trump, según fuentes cercanas a la ACLU: eliminar la condición de entidad exenta de impuestos, lo que sería algo «inhabilitante» de buena parte de sus operaciones.

No es algo novedoso en el incipiente segundo mandato de Trump. Su Administración ha amenazado con esa medida -eliminar su exención fiscal- a Harvard, la universidad más prestigiosa y rica del mundo, con quien está en guerra. El presidente de EE.UU. considera a las universidades de elite focos de antisemitismo y de la ideología izquierdista radical que él combate y les exige reformas bajo la amenaza de congelar sus fondos federales. Harvard está plantando cara y la amenaza fiscal es una de las principales armas de Trump, a pesar de que es cuestionable su autoridad y abriría un proceso judicial largo e incierto.

Este periódico ha contactado con los portavoces tanto de la Casa Blanca como de la ACLU. Hasta el momento de esta publicación, ambos no habían ofrecido respuestas sobre la posibilidad y el impacto de que haya medidas gubernamentales contra las organizaciones de derechos civiles.

En una batalla legislativa del año pasado, la propia ACLU reconocía que eliminar el estatus de exención fiscal a las organizaciones como la suya supondría «efectivamente su cierre». Entonces, se discutía en el Congreso una ley que podría haber tenido un gran impacto ahora, en vista de la agresividad ejecutiva de la Administración Trump,

Se trata de la ley H.R. 9495, la Ley contra la Financiación del Terror y de Penalizaciones Fiscales por Rehenes Estadounidenses, que se votó en la Cámara Baja en noviembre, pocos días después de la victoria en las urnas de Trump.

En ella se establecía que el secretario del Tesoro tendría la capacidad unilateral de eliminar la exención fiscal a las entidades sin ánimo de lucro que él considere que apoya al terrorismo, sin posibilidad de que la entidad afectada pueda defenderse frente a esas alegaciones.

La ACLU, junto a otras 120 entidades, firmaron una carta abierta en la que mostraba sus «preocupaciones constitucionales» con una ley que otorgaría «nuevos poderes, amplios y fáciles de abusar, al ejecutivo».

Esa ley no salió adelante en la Cámara, pero eso no quiere decir que el Ejecutivo esté desprovisto de canales para impulsar una represalia de ese tipo. Si el propio Trump designa a la ACLU u otras organizaciones civiles como entidades que apoyan al terrorismo, la legislación fiscal podría abrir la puerta a la eliminación de la exención fiscal.

Algunos de los clientes de la ACLU son considerados terroristas para la Administración Trump: desde los sospechosos de pertenencia a Tren de Aragua -que el actual Gobierno de EE.UU. ha designado organización terrorista, al igual que otras bandas criminales y carteles de narcotráfico- hasta quienes consideran que han dado apoyo expreso a Hamás en las protestas estudiantiles.