'Vendettas', purgas y motosierra: la guerra de los 100 días de Trump

Para alguien que ha sobrevivido a dos 'impeachments' o juicios políticos, cuatro causas penales, abundantes demandas civiles, la combatividad de la mayoría de los medios, la oposición de las elites económicas y culturales y dos intentos de asesinato -de uno salió vivo de milagro-, la lista de enemigos es abundante. Y, antes de que la edad -es la persona más vieja en ser elegido a presidente, batió el récord de Joe Biden-, el Tribunal Supremo o las elecciones legislativas del año que viene se lo impidan, se está dando prisa. Con una cascada sin precedentes de acciones ejecutivas, en medio de acusaciones de un uso abusivo del poder presidencial que atenta contra la separación de poderes, está dando un giro a EE.UU. Y ajustando cuentas.

Este martes se cumplen cien días de su segundo mandato. Cien días de guerra total en los que caben más de cien enemigos y batallas. Estas son las principales.

Muchos vieron en la bronca con Volodímir Zelenskien el Despacho Oval un punto de inflexión en la historia: era la constatación del alejamiento de EE.UU. bajo Trump de sus socios tradicionales, al mismo tiempo que se evidenciaba un acercamiento hacia Rusia.

Además de la humillación en directo en la Casa Blanca, Trump se ha hartado de criticar con dureza a Zelenski, al que ha llegado a acusar de provocar la guerra, la invasión de su país por parte de Rusia. Y ha tratado con mimo a Vladímir Putin.

Pero también ha repetido los ataques contra los grandes aliados de EE.UU., los europeos. «Son patéticos», ha llegado a decir. Y ha provocado una ola de antiamericanismo en Canadá -país vecino y amigo- por sus amenazas de convertirlo en el estado 51º de EE.UU.

«Todos los países del mundo se han aprovechado de EE.UU.». Nadie, ni siquiera los gobiernos más alineados con Trump, se ha quedado fuera de la guerra comercial total de Trump. La gran turbulencia económica de estos cien primeros días llegó con el anuncio a principios de este mes de aranceles abultados para decenas de países, además de una tasa mínima del 10% para todas las exportaciones globales a EE.UU. Con el desplome de los mercados, Trump dio marcha atrás y ahora estamos en una moratoria de 90 días mientras se negocian acuerdos bilaterales. La excepción es China, con quien Trump ha protagonizado una escalada de aranceles cruzados.

En algún momento de la campaña, Trump bromeó con aquello de que, si recuperaba la Casa Blanca, actuaría «como un dictador, solo el primer día». Era un aviso de 'vendetta' y la broma solo era a medias. En cuanto juró su cargo en el Capitolio, señaló con el dedo a sus enemigos políticos. Eliminó la protección del Servicio Secreto a Hunter y Ashley Biden, los dos hijos de su antecesor, Joe Biden. Hizo lo mismo con Anthony Fauci, que fue el máximo responsable médico sobre enfermedades infecciosas con siete presidentes -incluido Trump- y que se convirtió en enemigo del 'trumpismo' por su papel en la pandemia de Covid-19. Y afeó a sus tres rivales presidenciales -el propio Biden, Kamala Harris y Hillary Clinton- con la eliminación de su certificación sobre acceso a información reservada, algo que también hizo con otros altos cargos de administraciones demócratas, como el exsecretario de Estado Antony Blinken.

Cuando Trump hablaba en campaña de ir a por el «enemigo que está dentro», no se refería solo a los demócratas. También al puñado de republicanos que han mantenido posiciones críticas con el jefe del partido. Por ejemplo, los exdiputados Liz Cheney y Adam Kinzinger, a quienes eliminó esa misma certificación de seguridad y contra los que se preocupó de que no volvieran a ser elegidos por sus distritos. Es la misma medida que ha tomado con figuras importantes de su primer Gobierno, como el que fuera su secretario de Estado, Mike Pompeo; y su secretario de Defensa, Mark Esper. Además de eso, a John Bolton, que fue su asesor de seguridad nacional, le ha quitado la protección oficial, en un momento en el que sigue enfrentándose a amenazas de muerte por parte de Irán.

Cualquiera que hubiera trabajado en casos judiciales contrarios a los intereses de Trump tenía los días contados. Para empezar, el presidente castigó a los principales protagonistas de sus dos 'impeachment' o juicios políticos. También ha ido a por fiscales estatales -como Alvin Bragg y Letitia James, ambos de Nueva York- que impulsaron causas en su contra. Habría despedido de forma fulminante a Jack Smith, el fiscal especial que lideró las dos principales causas criminales en su contra. Pero Smith dimitió antes de que Trump jurara su cargo. Eso no impidió que el presidente despidiera a más de una docena de fiscales que trabajaron en esos casos. Lo mismo ocurrió con líderes del FBI involucrados en la investigación de sus causas criminales. También se fue a la calle la cúpula del sistema judicial migratorio.

Entre los episodios más conflictivos del segundo mandato de Trump está su desafío a la Justicia, su enfrentamiento directo con los jueces. Ha ocurrido en especial en asuntos de inmigración, donde la Administración se ha colocado al borde del desacato. En una ocasión, por desoír las orden del juez federal James Boasberg de paralizar las deportaciones realizadas, de forma cuestionable para algunos, con la invocación de una ley bélica de 1798. En otro caso, por no cumplir las exigencias de otra juez, Paula Xinis, de facilitar el regreso de un inmigrante indocumentado deportado a El Salvador «por error administrativo».

Trump llegó a pedir el 'impeachment' de Boasberg, lo que le valió una reprimenda del magistrado jefe del Tribunal Supremo, el conservador John Roberts. Y sus aliados -con especial protagonismo, Elon Musk- han movido campañas contra lo que han denominado jueces 'activistas', a los que acusan de ser actores políticos que buscan entorpecer la agenda de Trump.

El último episodio de estas tensiones ha sido la detención por parte del FBI de una jueza que, según el Gobierno, obstruyó el arresto de un inmigrante indocumentado.

Las purgas han afectado también a la cúpula del ejército. En algunos casos, por venganza personal de Trump, como con el general Mark Milley, que fue su jefe de Estado Mayor y que en campaña acusó al candidato de ser «fascista». En la Casa Blanca, Trump no solo le quitó su certificación de seguridad, también bajaron su retrato en el Pentágono. Allí, su secretario de Defensa, el polémico Pete Hegseth, también se ha cargado a una decena de generales y almirantes. Varios de ellos, por sospechas de ser elecciones DEI (diversidad, equidad, inclusión), es decir, motivados por cuestiones de raza o de género.

Adelgazamiento gubernamental

La llegada de Trump al poder ha supuesto una transformación total del Gobierno federal. De la mano de Elon Musk y su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en sus siglas en inglés), el presidente ha eliminado decenas de agencias y ha impulsado el despido de decenas de miles de funcionarios. En ocasiones, en un intento de responsabilidad fiscal. En otras, por cuestiones ideológicas.

Trump considera que las abundantes agencias y supervisores independientes dentro del Gobierno federal son una cortapisa a su poder ejecutivo, apoyado por las urnas. Ha eliminado a varios. A su vez, ha despedido a una decena de inspectores generales dentro del Gobierno a los que no considera suficientemente leales.

Trump siempre ha tenido una relación de amor y odio con la prensa. En su primera campaña, agitó las aguas cuando la calificó como la «enemiga del pueblo». Pero siempre -ahora también- la ha buscado para imponer sus mensajes y controlar el ciclo de escándalos con el que maneja la atención pública.

En este segundo mandato, ha pasado a tomar represalias sin precedentes con la prensa. Por ejemplo, expulsar a Associated Press, la principal agencia de noticias de EE.UU., del grupo de periodistas que siguen al presidente por negarse a llamar 'Golfo de América' al golfo de México, como ha impuesto Trump por orden ejecutiva.

Su Administración también ha iniciado investigaciones contra las cadenas CBS y NBC y contra medios con financiación pública como PBS y NPR.

Se supone que el presidente no debe inmiscuirse ni presionar a la Reserva Federal, el banco central de EE.UU. y su principal regulador monetario. Trump ha hecho todo lo contrario: no ha dejado de exigir a la Fed que baje los tipos de interés -lo que cree necesario para el despegue de la economía, pero donde el regulador es cauteloso por su posible impacto en la inflación-, incluso con ataques personales a su presidente, Jerome Powell.

Trump ha acusado a Powell de ir «siempre tarde» en el recorte de tipos y de hacer «juegos políticos» con sus decisiones.

Durante su primer mandato, hubo artículos en la prensa que resaltaban la dificultad que tenía Trump para encontrar abogados que le defendieran. Ahora, el presidente se ha vengado con una campaña contra grandes despachos de abogados a los que considera sus enemigos. Algunos han hincado la rodilla y han aceptado sus exigencias de dedicar cientos de millones de dólares a la defensa de causas conservadores. Otros han plantado batalla.

La escalada contra Harvard

Trump ha iniciado una cruzada contra las grandes universidades elitistas, a las que considera nidos de antisemitismo y de la ideología radical izquierdista que él combate. Trump ha usado los fondos federales que reciben las universidades para forzarlas a aceptar reformas que atacan la libertad y autonomía de los centros. Por ejemplo, a la Universidad de Columbia, el centro emblemático de las protestas propalestinas y antiisraelíes, cedió ante Trump, que impuso la congelación de 400 millones de dólares de fondos gubernamentales.

Harvard, sin embargo, se plantó, lo que desató una guerra entre la universidad más prestigiosa del país y la Administración Trump. El Gobierno ha congelado miles de millones de dólares en subvenciones, ha amenazado con suprimir su exención fiscal y con impedir la admisión de estudiantes extranjeros. Como tantas cosas en el incipiente segundo mandato de Trump, el asunto está ya en los tribunales.