Pese al aluvión de matanzas, la regulación de las armas se encasquilla en EE.UU.

« Ya basta, ya basta », proclamó el pasado jueves Joe Biden después de acudir a dos puntas del país en menos de un mes para consolar a decenas de víctimas de dos tiroteos . El primero, en un supermercado de un barrio negro de Búfalo (Nueva York), en un ataque de motivación racista. El segundo, en otra escuela de primaria, en Uvalde (Texas), donde 19 niños y sus dos profesoras fueron asesinados.

La lacra de las muertes por armas de fuego no se circunscribe a grandes tiroteos - 45.000 víctimas el año pasado entre homicidios y suicidios- ni a centros escolares. De hecho, las matanzas de las últimas décadas han tocado a todos los estratos de la sociedad estadounidense: un festival de música ‘country’ en Las Vegas; una sinagoga de Pittsburgh; un centro comercial frecuentado por hispanos en El Paso; una discoteca gay en Orlando; una iglesia de parroquia blanca en Sutherland Springs…

Sin embargo, cuando ocurren en colegios es cuando más agitan la conciencia de la sociedad y de sus dirigentes para cambiar algo en el acceso a las armas. En esos episodios mencionados, la conmoción dio paso a exigencias de cambios legislativos para evitar que las armas no llegan a las manos equivocadas.

Un ejemplo de ello es lo ocurrido este sábado, cuando miles de personas participaron en manifestaciones en as principales ciudades del país exigiendo que se endurezca la legislación para acabar con esta sangría y la violencia generada por las armas de fuego.

Tras la tragedia de Sandy Hook , una iniciativa modesta en el Senado, liderada por el demócrata Joe Manchin y el republicano Patrick Toomey, acabó en nada. La reacción inicial de Trump a favor de ampliar los sistemas de control sobre quién puede comprar un arma perdieron fuerza como la gaseosa. Ahora queda por ver qué pasará en la resaca de las últimas matanzas, que han reavivado los llamamientos a endurecer la regulación.

La respuesta rápida y probable es que no cambiará nada o casi nada. Mientras Uvalde entierra estos días féretros diminutos , los legisladores en Washington vuelven a reunirse para tratar, una vez más, la regulación de las armas.

Biden exigió el jueves al Congreso un impulso legislativo al respecto en un discurso televisado en horario de máxima audiencia, algo que los presidentes reservan para los asuntos de mayor transcendencia . El líder demócrata ha reconocido que en este capítulo no puede hacer mucho a golpe de decreto ejecutivo y que es el poder legislativo quien debe actuar.

Exigió una batería de medidas que califica «de sentido común»: veto a las armas de asalto -o, en su defecto, elevar la edad de compra de 18 a 21 años- y de cargadores de alta capacidad; ampliación de lo controles sobre el historial criminal del comprador de armas a todas las transacciones (ahora quedan fuera las que se hacen de forma privada, por internet o en ferias); sistema federal de ‘banderas rojas’, que evita que puedan comprar armas aquellos que muestren comportamientos violentos o suicidas; aumento de repercusiones legales a quienes no tengan sus armas bajo llave o con bloqueadores de gatillo; y fin a la inmunidad de la industria de las armas frente a demandas compensatorias.

Lo que es «sentido común» para Biden es una aberración para la mayoría de los republicanos, que no quieren ceder ni un milímetro en la batalla del acceso a las armas , un derecho establecido por la Segunda Enmienda de la Constitución.

Como cualquier derecho, también el de acceso a las armas puede tener límites y contrapesos. Pero la oposición republicana es feroz, a zuzada por varios factores. Entre ellos, la influencia de los ‘lobby’ de las armas, que atiborran de dinero a los candidatos aliados y que utilizan su músculo para castigar a quienes son más dudosos . Pero, sobre todo, el acceso a las armas se ha convertido en un asunto identitario para parte del país, más allá de la vinculación que se pueda tener en zonas rurales a la caza o a la cultura de las armas. Oponerse a su limitación ha acabado siendo algo antipatriótico, puramente americano. Incluso para la regulación de rifles de estilo militar.

Los candidatos republicanos se adhieren a estas posiciones porque se ha demostrado que lo contrario no les castiga en las urnas . Los fracasos sucesivos de impulsos legislativos en el Congreso no han tenido repercusiones en elecciones.

El sistema político también juega a favor de las armas . Estados muy poco poblados y de ámbito rural, como Wyoming, las Dakotas, Montana, Idaho, Nebraska o Virginia Occidental tienen el mismo número de senadores -dos- que estados más urbanos y más poblados. Y el Senado requiere una mayoría reforzada -60 votos, en una cámara de 100 senadores- para aprobar cualquier norma. La Cámara Alta está ahora dividida en 50 senadores de cada partido, por lo que cualquier reforma requiere diez defecciones republicanas y unanimidad demócrata. Con esas condiciones, cualquier propuesta de cambio significativo está condenada al fracaso.