Los laboristas piden que la Cámara investigue a Johnson

Kathryn Stone, la responsable de la comisión de normas en Westminster, recibió una queja formal firmada por la laborista Margaret Hodge en la que la oposición pide que, además de que se profundice en el comportamiento de Johnson, se investigue también la posible participación de tres conservadores en la financiación de la obra, que según los detractores de Johnson pudo haber sido pagada, al menos en un primer momento, por donantes de la formación tory. Stone se comprometió a comunicar públicamente el nombre de cualquier parlamentario que sea investigado, pero aclaró que solo lo hará después de las elecciones locales del próximo 6 de mayo.

Para Hodge, es esencial que además de las pesquisas de la comisión Electoral, la comisión Parlamentaria dictamine sobre el comportamiento personal del primer ministro. «Boris Johnson se ha negado repetidamente a ser abierto, honesto y transparente con respecto a las donaciones y regalos que recibe de personas extremadamente ricas o de donantes del partido conservador», aseveró Hodge, y añadió que «no sabemos quién está haciendo estas donaciones, cuánto le están entregando al primer ministro o qué favores posiblemente les den a cambio». «El amiguismo y la sordidez que abundan en Downing Street no pueden quedar sin control, y Boris Johnson debe rendir cuentas. No puede escabullirse de este escándalo», zanjó.

Todo esto sucede mientras el ex asesor y mano derecha de Johnson, Dominic Cummings , se ofreció a colaborar con las investigaciones mostrando correos y mensajes intercambiados con el primer ministro, al que sus asesores le han afeado que mantenga muchas de sus comunicaciones a través de medios poco seguros, como los servicios de mensajería, lo que ha provocado filtraciones de sus conversaciones privadas, como con el empresario James Dyson y con el príncipe saudí Mohammed Bin Salman. Precisamente, varios medios locales revelaron este viernes que el número de móvil del premier lleva 15 años disponible para cualquiera en internet después de que apareciera en un comunicado de prensa del 2006. Los funcionarios le habrían pedido al jefe del Ejecutivo, a quien muchas personas contactan de forma directa, que cambiara el número por motivos de seguridad.