Investigan un posible delito de Johnson en la financiación de las obras de su vivienda

Todo esto sucede a solo unos días de las elecciones locales del 6 de mayo y precisamente cuando más tranquilo podía estar el ‘premier’, ya que el Reino Unido se encuentra en un buen momento de la emergencia sanitaria, con los casos de coronavirus en mínimos desde el inicio de la pandemia y más de la mitad de su población vacunada.

La comisión, que entre otras tareas tiene asignada la de controlar la financiación de los partidos políticos, aseguró ayer en un comunicado que tiene motivos para creer que hay indicios de delito en la remodelación de la vivienda del primer ministro, en el número 11 de Downing Street, donde vive con su prometida, Carrie Symonds , y el bebé de once meses que tienen en común.

«Nuestra investigación determinará si las transacciones efectuadas para las obras del número 11 de Downing Street se ajustan al régimen regulado por esta comisión, y si fueron comunicadas del modo exigido», reza el texto, que asevera que los miembros de la Comisión tienen «motivos para creer que hay indicios razonables de que se cometieron uno o varios delitos».

Según la prensa local, la reforma, que estuvo a cargo de la reconocida diseñadora Lulu Tyle , favorita de la realeza, podría haber costado unas 200.000 libras esterlinas (unos 230.000 euros) y Johnson insistió durante su comparecencia en el Parlamento en que él mismo pagó la obra de su bolsillo, en lugar de recurrir a las donaciones de sus partidarios.

En caso de que la investigación encuentre pruebas suficientes de que Johnson cometió un delito, podría imponerle una multa de hasta 20.000 libras (23.000 euros) o dejar el asunto en manos de la Policía, según fuera la gravedad de sus hallazgos.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer , dijo a los diputados que en la lujosa remodelación Boris Johnson y su novia habría incurrido en gastos excesivos, y puso como ejemplo la compra de papel para tapizar paredes cuyo costo es de 840 libras (960 euros aproximadamente) el rollo, mientras los británicos sufrían los estragos de la pandemia de Covid-19 que hasta el momento se ha cobrado la vida de casi 130.000 personas.

Starmer acusó al Gobierno de estar «sumido en la sordidez, el amiguismo y el escándalo» e insistió en presionar a Johnson para que dijera quién hizo el pago inicial de la reforma, es decir, si fue el partido o algún donante en concreto.

Cabe señalar que, por ley, el primer ministro británico tiene una asignación anual de 30.000 libras (poco más de 34.000 euros) financiada por los contribuyentes para mantener y amueblar su residencia oficial, pero cualquier gasto extra tiene que ser cubierto con su propio dinero y además tiene la obligación de declararlo.

«La respuesta es que he cubierto los costos», respondió Johnson, visiblemente molesto, que añadió: «Cumplí completamente con el código de conducta».

Entre las declaraciones de Dominic Cummings, que renunció en noviembre a su cargo tras haber sido durante mucho tiempo quien ostentaba el poder tras bambalinas, está el supuesto plan del ‘premier’ para que fueran los donantes conservadores quienes asumieran el coste de los cambios en la residencia.

No obstante, los partidarios del primer ministro británico defienden que su prioridad ha sido en todo momento la gestión de la pandemia. Mientras en tono exasperado respondió este miércoles, ante las preguntas de los demás políticos, que él asumió los costes, sus detractores creen que Johnson pudo haber devuelto el dinero solo después de que se destapara el escándalo.

«El primer ministro dejó de hablarme sobre este asunto en 2020 cuando le dije que pensaba que sus planes de que los donantes pagaran en secreto por la reforma eran poco éticos, tontos, posiblemente ilegales y que casi con certeza rompían las reglas sobre la declaración adecuada de donaciones políticas si se llevaban a cabo de la forma en que él quería», denunció Cummings en un explosivo post en su blog personal la semana pasada, en el que añade: «Me negué a ayudarlo a organizar esos pagos. Por tanto, mi conocimiento sobre ellos es limitado», señaló el exasesor, pero se ofreció a ofrecer a la Comisión Electoral la información de la que dispone.

En medio de este ambiente enrarecido en torno a Boris Johnson, Christopher Geidt , exsecretario privado de la reina Isabel, fue nombrado este miércoles asesor independiente sobre los intereses de los ministros, con la tarea de supervisar el código de conducta ministerial del Gobierno. Su primera tarea será, precisamente, investigar la financiación de la remodelación del apartamento de Downing Street del primer ministro.

Geidt reemplaza en ese puesto a Alex Allan, quien presentó su renuncia al mostrarse en desacuerdo con Johnson por las acusaciones de que la ministra del Interior, Priti Patel, violó el código ministerial al gritar y maldecir al personal.

«El primer ministro se complace en anunciar que hoy ha designado a Lord Geidt como Asesor Independiente sobre Intereses de Ministros», dijo este miércoles el Gobierno en un comunicado recogido por Reuters. «El primer ministro y Lord Geidt han acordado que Lord Geidt comenzará por determinar los hechos que rodean la remodelación del piso de Downing Street y asesorar al primer ministro sobre cualquier registro adicional de intereses que pueda ser necesario», indica la nota.