Las heridas abiertas del restaurante Holey Artisan Bakery de Bangladesh

De acuerdo al ministro del Interior, Asaduzzaman Khan, la mayor parte de los sospechosos, a quienes se acusa de estar implicados en el ataque del pasado verano, fallecieron en diversos tiroteos a las afueras de la capital, Dacca.

«Les solicitamos rendirse, pero abrieron fuego contra nuestros oficiales» , aseveró Khan sobre los fallecidos, presuntos miembros de una nueva facción del grupo radical Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB), que ha jurado lealtad al Estado islámico.

Ya a finales del pasado mes de agosto, el Gobierno de Bangladesh había anunciado la muerte del considerado «cerebro» del asedio al restaurante Holey Artisan Bakery de la capital, Dacca.

Según fuentes de seguridad, Tamim Chowdhury , de nacionalidad bangladesí-canadiense, perdió la vida en un enfrentamiento con las fuerzas armadas en Narayanganj, 25 kilómetros al sur de Dacca.

A pesar de que el ataque contra el Holey Artisan Bakery, un establecimiento frecuentado por extranjeros, fue reivindicado por Daesh, el Gobierno local desmiente las conexiones entre estos crímenes y la red terrorista, y culpa de los atentados a milicias locales.

La reciente ola de violencia islamista se remonta a 2013. Entonces, la organización Ansarullah Bangla Team hacía pública una lista de 84 personas anti-islámicas que debían ser silenciadas. En solo unos meses, nueve de ellas fueron asesinadas.

En los últimos meses, eso sí, la violencia parece recrudecerse, con un incremento de los asesinatos selectivos de miembros de las minorías religiosas o de simples críticos del islamismo radical. Mientras, el Gobierno local señala a grupos que quieren desestabilizar al país; principalmente a la organización Jamaat-e-Islami y al Partido Nacionalista de Bangladesh (BNP).

Y, con ello, la represión también se agudiza. Precisamente, la pasada semana, la organización Human Rights Watch denunciaba la práctica de las fuerzas de seguridad en Bangladesh del «kneecapping», o disparar deliberadamente a miembros y simpatizantes de los partidos de oposición en rodillas u otras partes de las piernas.

Este método de tortura, que fue popularizada en el pasado por el Ejército Republicano Irlandés o IRA, se remonta en Bangladesh de manera reciente a las protestas callejeras de principios de 2013, tras la sentencia a muerte de Delwar Hossain Sayedee por crímenes de guerra durante el conflicto de independencia de 1971.

«La primera ministra Sheikh Hasina ha asegurado que ella tiene “tolerancia cero” frente a las ejecuciones extrajudiciales o la violencia, pero el hecho de que estos abusos han empeorado desde que llegó al poder en 2009 hace que parezca que su Gobierno tiene una tolerancia infinita para la violencia sancionada por el Estado», aseguraba Brad Adams, director para Asia de HRW.

Ya el pasado mes de junio, y en tan solo una semana, las fuerzas armadas habían arrestado a más de 11.000 personas, en el intento de sofocar una serie de asesinatos contra activistas seculares y miembros de las minorías religiosas. De forma paralela a los arrestos (criticados por su arbitrariedad), el Ejecutivo hacía pública la muerte de varios presuntos terroristas, como la de «Sharif» o «Hadi», miembro de la organización radical Ansarullah Bangla Team y principal acusado por el asesinato del bloguero Avijit Roy en febrero de 2015.

«Hace unos meses, la policía dijo que todos los asesinos abandonaron el país. Y ahora (…), la policía declara que él («Sharif») era el asesino de Avijit Ray. Básicamente, esto es un cuento de hadas, nada más. Ahora la pregunta es, si él era el asesino de Avijit Roy, ¿entonces por qué la policía le disparó? ¿Existe alguna ley en Bangladesh? Nadie tiene el derecho de matar a nadie», aseguraba entonces a ABC el activista Ananya Azad, a quien las amenazas de Ansarullah Bangla Team le obligaron a abandonar el país.