La detención por narcotráfico del guerrillero Santrich deja en el alambre el proceso de paz con las FARC

El caso es un bautizo de fuego para la Justicia Especial para la Paz (JEP) , instancia transicional encargada de elegir y juzgar los crímenes emblemáticos que reflejen las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al DIH en el contexto del conflicto armado colombiano, atendiendo los principios de verdad, justicia y reparación. Y lo es porque es la JEP la encargada de definir, en un plazo no superior a 120 días, si el caso de Seuxis Paucis Hernández Solarte (alias Santrich) le compete a esa instancia o si pasa a la justicia ordinaria, donde se cumpliría con el proceso de extradición del dirigente de la FARC.

Un primer interrogante jurídico quedó ya despejado con las afirmaciones de la cabeza de la JEP, la magistrada Patricia Linares, quien en pronunciamiento oficial anotó que en su momento Santrich se acogió a la JEP y, por lo tanto, corresponde a la Sala de Revisión de dicho organismo verificar si efectivamente los delitos por los que se le solicita en extradición fueron o no cometidos antes del 1 de diciembre de 2016, hito que marca el fin del conflicto.

En esa fecha está la clave del desarrollo del proceso pues si los delitos imputados, el pasado 4 de abril, por el Gran Jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York fueron cometidos con posterioridad, el señor Santrich quedará a disposición de la justicia ordinaria, pierde todos los beneficios derivados de los Acuerdos y sujeto a la extradición.

En eso no solo coinciden los expertos consultados, sino el gobierno nacional, como lo señaló ayer el presidente Santos, y la opinión pública en general. Precisamente así fue diseñado el acuerdo: con zanahoria, donde los guerrilleros reciben beneficios derivados de su aporte a la verdad, justicia, reparación y no repetición; y garrote (la extradición, por ejemplo, uno de los asuntos más duros en el proceso en La Habana) ante la reincidencia o mantenimiento de actividades ilegales.

Los candidatos presidenciales no se demoraron en reaccionar. Conscientes de que alguno de ellos heredará este chicharrón –como se le dice en Colombia el tener un grave problema entre manos-, coinciden en que se deben aplicar con todo rigor las reglas del juego, bien conocidas por la exguerrillerada, los mandos medios y los dirigentes de la Farc.

Gustavo Petro , líder de Colombia Humana y candidato de la izquierda a la presidencia, pidió a la Fiscalía que muestre la totalidad de las pruebas y señaló que «si la JEP confirma los hechos y soy presidente, Santrich será extraditado». Humberto de la Calle, candidato presidencial por el Partido Liberal y quien fuera el líder del gobierno Santos en el proceso de negociación con las Farc, se pronunció en igual sentido:  «Si se trata de delitos cometidos después de la firma de paz tienen que responder penalmente, porque a partir de ese momento no hay ninguna protección jurídica». 

Sergio Fajardo , candidato de la Coalición Colombia, se mostró sorprendido y considera que “hay un acuerdo de paz y unas reglas, que hay que respetar y quien las viole debe ser castigado con todo el rigor de la justicia”.  Por su parte, Germán Vargas Lleras anotó: «El narcotráfico no es un delito continuado ni de trato sucesivo, si Santrich siguió cometiendo este delito después de la firma del acuerdo de paz le debe caer todo el peso de la ley». 

Para la exfiscal general y candidata presidencial por el partido Somos, Viviane Morales, «tras la captura de Santrich queda claro lo importante que fue lograr que en la reglamentación de la JEP se consagrara plenamente la pérdida total de los beneficios del Acuerdo a los desmovilizados que volvieran a delinquir».

Iván Duque , del Centro Democrático y líder en las encuestas, comparte la posición de sus adversarios a la presidencia e insistió en que «la FARC debe entregar toda la información de su vida con el narcotráfico, dónde operaban, dónde están los laboratorios, cómo metían los precursores, cómo manejaban las rutas y quiénes eran sus socios específicos para entrar la droga a Estados Unidos. Si esa información no se tiene creo que esto va a ser muy difícil porque hay 10 toneladas detrás de esta captura. Es el momento de que la Farc le dé la cara al país».

Sin embargo, en la rueda de prensa dada por Iván Márquez, líder de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), prefirió enfocar sus palabras en la denuncia de la captura de Santrich como parte de un montaje del gobierno de Estados Unidos y la Fiscalía colombiana; en señalar que esto lo entienden como un incumplimiento de los Acuerdos, por lo cual también pidió una reunión urgente con el presidente Santos y el acompañamiento de la comunidad internacional. Si bien Márquez valoró esta situación como el punto más crítico del proceso de paz, también pidió a las bases, a los miles de exguerrilleros afectados por la mediocre gestión en la implementación de los Acuerdos, que no desespere y «mantengan la calma».

Con la captura de Santrich, el interrogante por el futuro de la paz con las Farc vuelve a quedar sobre la mesa. María Victoria Llorente, directora del centro de pensamiento Ideas para la Paz y experta en temas de seguridad y conflicto armado, anota que «este es un hito más en un proceso de creciente deterioro en la implementación de los Acuerdos con las FARC. Esto afecta el proceso de paz con esa guerrilla hoy desmovilizada, pero no lanza al vacío la paz en Colombia».

Y Llorente plantea un cuestionamiento más de fondo, menos coyuntural y mediático, para los candidatos presidenciales: «Dado que el Acuerdo fue rechazado por la mitad de los colombianos y tiene detractores, es hora de pensar en qué va a hacer realmente el próximo gobierno. Esa es la verdadera disyuntiva: cómo responder a las preocupantes señales de una creciente violencia en las zonas de sustitución de cultivos; cómo incorporar a esos casi 200 municipios que, tras el retiro de las FARC de esos territorios, hoy no cuentan con seguridad efectiva ni presencia gubernamental coordinada; cómo definir las acciones y el plan de respuesta inmediata de contención de la guerrillerada, que hoy vive en la incertidumbre, sin proyectos productivos y en un desencuentro progresivo con sus jefes, que se dedicaron a sacar adelante sus planes políticos, sus intereses personales».

La pregunta al país político sobre alternativas viables para atender las dificultades de la paz está por resolverse. Mientras tanto, surge el cuestionamiento sobre la capacidad real de la JEP de avanzar, con los instrumentos y diseño que tiene, en este caso de Santrich y en los que ya empieza a tratar formalmente dentro de sus competencias.

Martha Maya, experta en justicia transicional y Directora de Proyectos de América Latina de IFIT (Instituto para las Transiciones Integrales) considera que «la JEP tiene las herramientas para atender esta circunstancia. Todo fue pensado y diseñado para que así fuera; esta no es cualquier sala adicional de justicia. Es un tribunal grande, bien estructurado, con un periodo de trabajo específico y capacidad de respuesta ante circunstancias complejas ».

El buen juicio de la JEP en el caso Santrich será fundamental para que el país confíe en su delicada labor. Para el nuevo gobierno el reto será no obstaculizar la labor de la JEP, mientras que, para la Farc, que ahora inicia formalmente los proceso ante dicho tribunal especial, el desafío estará en decir toda la verdad (aquí pueden aportar la información sobre sus pasados vínculos con el narcotráfico), reparar a las víctimas y no reincidir en delitos para no perder los beneficios recibidos por cuenta del Acuerdo.

Paradójicamente Jesús Santrich, el más vocal y bocón a la hora de cuestionar el avance en la implementación de los acuerdos; el más frío e irónico frente a la reparación de las Farc a sus víctimas; uno de los duros de las negociaciones en La Habana, hoy también marca con su particular estilo el futuro de la Farc y les deja una lección: sí es posible perder un escaño en el Congreso para ganarlo ante los estrados judiciales.