Un año después del asalto al Capitolio, la Justicia de EE.UU. sigue procesando a cientos de acusados

El FBI, policía judicial, sigue investigando el asalto, que provocó nueve muertos en total y daños en el Capitolio estimados en 1,5 millones de dólares (1,3 millones de euros). De momento, han sido detenidas e imputadas 725 personas, y se busca a otras 350. En su gran mayoría, los detenidos se suelen declarar culpables, algunos con grandes muestras de arrepentimiento y hasta llantos. Eso, sin embargo, no les está eximiendo de ir a prisión.

La fauna de asaltantes es diversa y la lista de condenados es larga: soldados en activo y en la reserva, entrenadores personales, estudiantes, empresarios y comerciantes. Han sido condenados a fecha de hoy 71, en su mayoría a arresto domiciliario. Los que van a prisión son los que agredieron a los policías, de los cuales cinco murieron, cuatro por suicidio después.

El pasado 17 de diciembre el acusado Robert Palmer, de Florida, dijo a la juez Tanya Chutkan que estaba «horrorizado y absolutamente devastado» por haber golpeado a agentes de policía con un extintor durante el asalto. (Fueron agredidos 140 uniformados aquel día). Conteniendo las lágrimas, se dijo «avergonzado». Aun así le cayeron cinco años de prisión, de momento la pena más larga de todos los condenados.

Algunos abogados en la defensa -los menos, porque la mayoría se declaran culpables- alegan que los acusados ejercían su derecho a la libertad de expresión cuando rodearon el Capitolio exigiendo a los republicanos que bloquearan como pudieran la certificación formal de la victoria de Joe Biden en las elecciones.

También hay teorías de la conspiración, que hoy mismo perviven en el mismo Capitolio que fue saqueado. La diputada Marjorie Taylor Greene , musa del trumpismo, asegura que «todos estos inocentes que estaban en Washington aquella mañana fueron engañados», porque el FBI, los demócratas y el estado profundo les pusieron una trampa para desatar la violencia, arrestarles y consolidar así a Biden en el poder. «El gobierno federal montó una trama para este secuestro masivo», dijo recientemente en un programa de YouTube presentado por un extremista. (Taylor Greene ha sido expulsada de Twitter por inventarse información sobre la pandemia).

Estas opiniones han sido duramente criticadas por la Justicia. Y no sólo las opiniones, sino las penas a las que la Fiscalía al final se resigna. Sí, es cierto que a unos pocos les están cayendo meses o años de cárcel, pero la mayoría recibe una amonestación con libertad condicional o arresto domiciliario.

El 28 de octubre la juez federal Beryl. A. Howell, de Washington criticó abiertamente a la fiscalía, es decir, al ministerio de Justicia de Biden, por conformarse con penas mínimas, más acordes con la teoría de que la insurrección fue meramente una manifestación salida de madre. «No es de extrañar que partes de la ciudadanía en EE.UU. estén confundidas acerca de si lo que sucedió el 6 de enero en el Capitolio fue simplemente un delito menor de allanamiento con algo de desorden, o una conducta criminal en toda regla que representó una grave amenaza para nuestras normas democráticas», dijo la juez. «Permítanme aclarar mi punto de vista», añadió. «No eran meros manifestantes».

Howell condenó a uno de los insurrectos, Jack Jesse Griffith, a tres años de libertad condicional y 90 días de arresto domiciliario por irrumpir en el Capitolio de forma violenta. Antes de ser sentenciado, Griffith le leyó una llorosa carta a la jueza en la que le expresaba su arrepentimiento y alegada que no imaginaba que la protesta se volvería violenta.

Aparte de la labor de la policía judicial y la Fiscalía, hay una pregunta que trata de dilucidar una comisión especial del Capitolio que se formó hace seis meses y aún no tiene respuestas: ¿qué papel jugaron el presidente Donald Trump y la Casa Blanca en el saqueo? La comisión tiene nueve integrantes, solo dos de ellos republicanos, del grupo de 10 que votó a favor de recusar a Trump en su segundo juicio político de ‘impeachment’ .

De momento esa comisión ha operado de forma habitual a puerta cerrada, con interrogatorios secretos y petición de documentos y registros de comunicaciones del expresidente Trump y su círculo más cercano de asesores. De momento ha recibido la friolera de 35.000 páginas.

Sí ha hecho públicos algunos hallazgos de forma provisional. Entre ellos, los mensajes que recibió el último jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows , de varios diputados, presentadores de televisión de la cadena Fox News y hasta de Donald Trump hijo , implorándole que forzara al expresidente a hacer una comparecencia pública pidiendo a los asaltantes que evacuaran el Capitolio.

En las próximas semanas se espera que esa comisión comience a tener vistas e interrogatorios abiertos al público y a las cámaras. Algunos colaboradores de Trump, como el propio Meadows, se han negado a testificar, y han sido amonestados en la Cámara de Representantes por desacato, aunque es poco probable que eso acabe en una pena de prisión.

El propio Trump ha intentado bloquear que la Casa Blanca envíe los registros de sus comunicaciones aquel 6 de enero, alegando que lo que haga el presidente está cubierto como secreto de estado. Se espera que emita un informe detallado del saqueo el 6 de enero.

Entre los republicanos que aceptaron entrar en esa comisión está Liz Cheney , hija del expresidente Dick Cheney, que también votó a favor de condenar a Trump. Esta misma semana decidió comenzar el año con una ronda de entrevistas en televisión en las que reveló que la comisión tiene pruebas de que Ivanka Trump le imploró a su padre al menos dos veces que «hiciera algo para parar la violencia». El expresidente, como es patente, se resistió. La duda ahora es si eso supuso cooperar con el asalto, aunque fuera por omisión.