El temor al yihadismo dificulta el cierre de Guantánamo

En una audiencia del Comité del Senado de las Fuerzas Armadas, el subsecretario de política de Defensa, Brian McKeon, recordó que la cárcel de Guantánamo es usada como un instrumento de propaganda por grupos radicales y consideró que el sistema de justicia de EE.UU. puede asimilar a aquellos reclusos a espera de juicio.

Esa opinión no calmó las dudas de algunos senadores republicanos, que ven con preocupación la intención del presidente estadounidense, Barack Obama, de acelerar la transferencia de presos, y las recientes noticias de que un talibán liberado en mayo pasado ha vuelto a contactar con terroristas, según los estadounidenses.

El pasado mayo, Estados Unidos acordó intercambiar cinco mandos talibanes presos durante más de una década en la base naval situada en territorio cubano a cambio del sargento estadounidense, Bowe Bergdahl.

Los cinco se encuentran en Catar bajo estrecha vigilancia de los servicios secretos, lo que no evitó que, al menos, uno de ellos haya intentado volver a implicarse en actividades terroristas.

McKeon, el representante del Pentágono, insistió en que las transferencias se hacen con las mayores garantías de seguridad posibles y que, pese a que esta primavera los cinco talibanes podrán regresar a Afganistán, hay salvaguardas, aunque son secretas.

Otra duda de los senadores, que deben ser informados 30 días antes de las transferencias, es qué pasará si la coalición internacional captura al líder del EI, Abu Bakr al Bagdadi.

Los senadores republicanos se inclinan por mantener los interrogatorios sin defensa legal ni plazos claros, negación del derecho a no declarar y vigilancia militar, situaciones sin garantías legales que se permiten en Guantánamo.

McKeon indicó, que tanto para los nuevos presos capturados en la guerra declarada por EE.UU. contra el terrorismo islámico como para los presos de Guantánamo que no sean puestos en libertad, el proceso será militar o, preferiblemente, el sometimiento a los tribunales federales estadounidenses.

Según el subdirector del Centro Nacional Antiterrorista, Nick Rasmussen, la existencia de la prisión de Guantánamo, donde se produjeron interrogatorios con tortura y donde se ha creado un sistema fuera de las garantías legales estadounidenses, es un «instrumento de reclutamiento» para los grupos radicales islámicos.

McKeon dijo que el plan del Pentágono para cerrar el penal, donde aún quedan 122 personas, pasa por tres fases: transferir a los 54 que han recibido el visto bueno para ser enviados a un tercer país, acelerar el proceso de revisión de otros 58 y procesar en territorio estadounidense a los que estén o sean sometidos a un proceso judicial.

Este proceso, que en un principio parece sencillo, está lleno de baches. Entre aquellos presos que se encuentran en proceso de revisión de su caso hay algunos que son considerados peligrosos, pero las pruebas contra ellos están tan manchadas por la tortura o por información que Washington quiere mantener en secreto y que, en un eventual juicio, daría muchas vías a la defensa para ponerlos en libertad.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado han mantenido tensas relaciones con el Pentágono por la lentitud con la que han procedido para conseguir vaciar el penal antes de que Obama abandone el poder en enero de 2017.

A cuenta de Guantánamo, el secretario de Defensa, Chuck Hagel, va a abandonar su puesto en cuanto se confirme a su sucesor, mientras que en diciembre pasado el enviado del Departamento de Estado para el cierre de la prisión, Cliff Sloan, dimitió frustrado por el lento avance del Pentágono.

Durante el mandato de Obama, EEUU ha reducido a la mitad la población carcelaria de Guantánamo, con 44 transferencias en los últimos dos años.

Entre los que probablemente nunca verán la libertad se encuentran Jalid Sheij Mohamed, acusado de ser el cerebro de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU (11-S), y cuatro de sus cómplices, que actualmente se enfrentan a la pena de muerte en un juicio militar