Piden 52 años de cárcel para un periodista turco que filtró documentos de inteligencia

Técnicamente, ninguna de estas cosas está tipificada expresamente en el Código Penal turco, pero la legislación turca es lo suficientemente ambigua como para que ambos periodistas puedan ser juzgados por un amplio rango de delitos. El propio primer ministro Recep Tayyip Erdogan les acusó recientemente de «traición».

Pero el verdadero motivo por el que se juzga a Baransu es por el explosivo contenido de la revelación: un documento administrativo en el que se explica cómo en 2004 el ejército conspiró con el ejecutivo de Erdogan en contra del poderoso movimiento del teólogo Fethullah Gülen , que cuenta con millones de seguidores en Turquía. Aunque ahora Gülen se ha convertido en uno de los principales enemigos políticos del primer ministro, su cofradía ha sido un importante aliado del gobierno durante la pasada media década. Y de ahí el escándalo, y el afán de revancha de los acólitos de Erdogan.

En los documentos publicados por Baransu se detalla cómo en 2004, durante una reunión del Consejo Nacional de Seguridad -un órgano de coordinación de los poderes civil y militar-, el ejército presentó al gobierno un plan llamado «Medidas que deben tomarse para contener las actividades del movimiento de Fethullah Gülen». Otra de las exclusivas describe cómo el MIT lleva años preparando perfiles biográficos de las principales personalidades públicas del país y miembros de la sociedad civil.

«Las actividades tanto de las ramas internacional y nacional del grupo de F. Gülen deben ser supervisadas muy de cerca por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Exteriores, el MIT y otras agencias pertinentes bajo la coordinación del Consejo de Coordinación y Ejecución de la Oficina del Primer Ministro [BUTKK, por sus siglas en turco]. Si el grupo de F. Gülen tiene que ser monitorizado estrechamente por los funcionarios estatales en el extranjero, el Ministerio de Exteriores deberá tomar medidas adicionales», se lee en los papeles filtrados.

«Las actividades de las escuelas privadas pertenecientes al grupo de F. Gülen deben ser examinadas y registradas por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación. Las actividades sospechosas e ilegales que tengan lugar en las escuelas pertenecientes a este grupo deben ser reportadas de forma periódica al BUTKK», se afirma. El documento fue firmado por el propio Erdogan y el actual presidente de la república Abdullah Gül, por aquel entonces Ministro de Exteriores, así como por cinco ministros, el entonces presidente Ahmet Necdet Sezer y varios altos mandos militares.

Las revelaciones cayeron como una bomba justo en un momento en el que comenzaban a conocerse el alcance de la ruptura entre Erdogan y Gülen, después de que el gobierno hubiese presentado un plan para cerrar las instituciones educativas de las que dependen gran parte de las finanzas e influencia de la cofradía. Algunos políticos del Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de Erdogan trataron de justificar el documento alegando que les fue impuesto por las fuerzas armadas, en un momento en el que el gobierno todavía era demasiado débil como para oponerse.

El inicio de acciones legales contra Baransu y Çoban ha desatado las críticas de los liberales y de otros periodistas. «Los procesos presentados contra Baransu y las penas de prisión solicitadas para él son inaceptables. Es un claro ejemplo de los excesos de nuestra judicatura», declaró ayer Sibel Günes, secretaria general de la Asociación de Periodistas de Turquía. «Un periodista se enfrenta a una larga pena de prisión cuando lo que ha hecho es cumplir con su deber de informar al público. Este caso nos muestra que no hay libertad de prensa ni libertad de discurso en Turquía», afirmó.

Para evitar que se repitan este tipo de filtraciones, el gobierno aprobó el pasado abril una nueva ley sobre los servicios secretos , que tipifica expresamente como delito la publicación de información sobre los órganos de inteligencia del país.