Vladimir Putin, el carcelero de Rusia

Ahora, tras el paréntesis de cuatro años que supuso el paso por el Kremlin de Dmitri Medvédev , Putin ha regresado a su antigua línea represiva e incluso la ha intensificado. En el año y medio que lleva al frente de Rusia, desde el comienzo de su tercer mandato, las causas judiciales contra miembros de la oposición se han convertido en algo cotidiano . Los defensores de los Derechos Humanos denuncian que el ambiente que se respira actualmente en Rusia recuerda a la época de los procesos estalinistas, las llamadas purgas .

Pero el autoritario jefe de Kremlin reitera sin cesar que él no tiene nada que ver con los encarcelamientos. Según Putin, es la Justicia la que actúa de forma «independiente» . Los crímenes por los que son condenados sus rivales, dice, no tienen nada que ver con la labor opositora. Se les suele imputar por cargos como tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, extremismo, llamamientos a derrocar el orden establecido, gamberrismo, desórdenes masivos, incitación a la violencia étnica y religiosa, vandalismo y, de forma más común, por delitos de carácter económico . De ahí que Putin se permita manifestar: «En Rusia no hay presos políticos» .

La realidad es que, en cuanto algún político de la oposición empieza a despuntar y constituir una amenaza para la permanencia de Putin en el poder, le surgen indefectiblemente problemas con la Justicia . Svetlana Gannúshkina , responsable del llamado Comité de Acción Civil, asegura que «se les enjuicia en procesos amañados, con pruebas y testigos falsos».

Por su parte, Vadim Kóbsev, abogado de Alexéi Navalni , el dirigente opositor con mayor apoyo en el momento actual, afirmaba hace unos días en relación con los nuevos cargos presentados contra su defendido que a base de presentar un contrato legal como una estafa y el beneficio obtenido como un perjuicio material»«se está criminalizando de forma artificial una actividad comercial común .

El Comité de Instrucción de Rusia, la Inquisición de Putin, acusó el mes pasado a Navalni y a su hermano de estafa, apropiación indebida de fondos y blanqueo de dinero. El bloguero anticorrupción fue ya condenado en julio a cinco años de prisión por presunto robo de madera, pero, tras recurrir la sentencia, el juez lo dejó en libertad condicional. Eso sí, ratificando al mismo tiempo su culpabilidad.

A este respecto, El magnate Mijaíl Prójorov , jefe del partido Plataforma Cívica, asevera que «el fallo muestra el estrecho pasillo en el que la oposición se ve obligada a discurrir (…) libertad condicional significa que uno está con la espada de Damocles encima y que en cualquier momento puede ser enviado a la cárcel». A su juicio, «en Rusia sigue funcionando el teléfono en las decisiones judiciales» , en referencia a los encargos que desde la cúpula del poder se hace a los jueces sobre cómo deben acometer uno u otro proceso.

el año pasado en medio de la ola de protestas más importante desde la época de su predecesor Borís YeltsinPutin regresó al Kremlin . Aquellas manifestaciones, que arrancaron en diciembre de 2011 en demanda de la repetición de las fraudulentas elecciones legislativas celebradas a comienzos de aquel mismo mes , supusieron para Navalni su consagración como líder de masas.

Durante el movimiento callejero emergió también el grupo punk Pussy Riot . Protagonizaron protestas en centros comerciales, estaciones de metro y en la Plaza Roja. Fueron detenidas varias veces, pero pronto recuperaban la libertad. Hasta que, el 21 de febrero del año pasado, a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales, acudieron la Catedral de Cristo Salvador de Moscú y entonaron en el altar una plegaria implorando a la Virgen María que impidiera que Putin ganara los comicios .

Tres de las componentes de Pussy Riot, Ekaterina Samutsevich, María Aliójina y Nadezhda Tolokónnikova fueron condenadas a dos años de cárcel acusadas de «vandalismo motivado por odio religioso». La primera se encuentra en libertad condicional, Aliójina ha sido trasladada a un penal más cercano a Moscú, en Nizhni Nóvgorod, mientras que Tolokónnikova, la más rebelde, acaba de ser enviada a Siberia después de ponerse en huelga de hambre en la colonia penitenciaria de Mordovia, en donde había venido cumpliendo la pena. El ser madres de niños pequeños no ha supuesto la más mínima suavización del castigo .

Putin tampoco ha perdonado a los incriminados por los disturbios que estallaron en la céntrica Plaza Bolótnaya de Moscú el 6 de mayo del año pasado, justo el día antes de su investidura. Están acusados de “desórdenes masivos”. Al término de la manifestación se produjeron enfrentamientos con la Policía y hubo heridos por ambas partes. Sin embargo, no se quemaron coches ni se rompieron escaparates. La oposición acusa a los antidisturbios de cargar contra los manifestantes sin motivo alguno .

En relación con el caso hay ya dos sentenciados, el empresario Maxim Luzianin, a cuatro años y medio de cárcel, y Konstantín Lébedev, a dos años y medio. Otras doce personas están pendientes de juicio y otra decena está siendo investigada para determinar su grado de participación en los sucesos. «Son chivos expiatorios cuyo escarmiento servirá como clara señal intimidatoria», estima Gannúshkina. Según su opinión, «está claro que no cometieron el delito del que se les acusa».

Mientras, el ex campeón de ajedrez, Gari Kaspárov , condenado ya a varias penas de prisión menor, ha decidido exiliarse para no correr la misma suerte que sus compañeros represaliados.

El responsable del colectivo de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) de Rusia , Alexéi Kiseliov , también ha tenido que huir al extranjero. Se ha refugiado en España, ya que había empezado a recibir citaciones del Comité de Instrucción. Kiseliov, organizador de las fallidas marchas del orgullo gay en Moscú , estuvo también en el mitin anti Putin del 6 de mayo de 2012.

Los ciudadanos de países extranjeros tampoco se libran de la obsesión de Putin por poner entre rejas a todo el que se atreve a desafiarle. Los 28 tripulantes del rompehielos «Arctic Sunrise», perteneciente a Greenpeace, y dos periodistas llevan en prisión desde el 19 de septiembre . Varios de los activistas de la organización ecologista trataron de encaramarse a una plataforma petrolífera de Gazprom en el Ártico.

Han sido acusados de vandalismo y algunos de ellos también de resistencia a la autoridad. La imputación inicial por piratería fue retirada. De todas formas, se enfrentan a penas de hasta siete años de cárcel . Moscú está haciendo oídos sordos a las demandas internacionales de que los ponga en libertad. Holanda, de cuya bandera es el «Arctic Sunrise», ha demandado a Rusia ante el Tribunal Internacional de Derecho Marítimo, cuyos jueces deberán pronunciarse al respecto el próximo 22 de noviembre.

Más represaliados

Por cargos que todavía no están claros, El opositor independiente, Evgueni Urlashov , fue detenido el pasado 3 de julio y apartado de su cargo de alcalde de la ciudad de Yaroslavl. Continúa actualmente en prisión preventiva. Se comprueba su presunta participación en un delito de corrupción.

Mijaíl Kosenko , imputado por los disturbios en la Plaza Bolótnaya, ha sido enviado a un psiquiátrico por orden judicial , lo que ha levantado los temores de las organizaciones de Derechos Humanos. Ven en la medida un resurgimiento de los espeluznantes métodos de castigo de la época soviética.

Otro asiduo de las tribunas en los mítines moscovitas, el dirigente del Frente de Izquierdas, Serguéi Udaltsov , se encuentra en arresto domiciliario, también por provocar supuestamente desórdenes en la Plaza Bolótnaya. Hasta los opositores más moderados han decidido poner pies en polvorosa. Los economistas Serguéi Guríev , que fue consejero del Gobierno y director de la Escuela de Economía de Moscú, y Serguéi Aleksáshenko , ex subdirector del Banco Central de Rusia, han abandonado el país, El primero lo hizo en dirección a Francia la pasada primavera y Aleksáshenko hace unos días a Estados Unidos.