Putin refuerza su poder cebándose con Jodorkovski

El resto de la sentencia se dará a conocer en los próximos días, pero es evidente que Jodorkovski, considerado por la oposición rusa y las organizaciones de derechos humanos un «preso político», no saldrá a la calle el año que viene. El magistrado basó su condena en que los dos acusados dirigieron una gran operación de blanqueo de dinero desde la propia celda.

Inna, la esposa del empresario, cree que su marido permanecerá en prisión por lo menos hasta 2012, que es cuando se celebran las próximas elecciones presidenciales. Según todos los indicios, a esos comicios se presentará Putin y no parece agradarle tener en libertad a un «mártir» que no hace más que repetir que la corrupción en Rusia se ha disparado en los últimos años.

El fiscal ha pedido para Jodorkovski y Lébedev catorce años de cárcel. Al haber cumplido ya casi ocho, la puesta en libertad podría aplazarse hasta 2017, suponiendo que no aparezcan nuevas imputaciones. En una entrevista aparecida en la revista «Snob», Inna asegura pesimista que, aunque su cónyuge saliese del penal después de los comicios de 2012, «no se puede saber lo que ocurrirá con él después».

La sentencia entierra asimismo cualquier esperanza de cambio democrático en profundidad en Rusia, a la vista de la arbitrariedad con la que se ha actuado con la Justicia. El presidente ruso, Dimitri Medvedev, se había mostrado más inclinado a actuar con cierto respeto a la Justicia, pero poco le importan a Putin las sugerencias del jefe de Estado.

Ahora bien, Jodorkovski tampoco es considerado un santo. La mayoría de politólogos y columnistas rusos opinan que nadie pondría la mano en el fuego por su honestidad. María Lipman, analista del centro Carnegie de Moscú, comparte ese juicio, pero puntualiza que «los motivos reales de su encarcelamiento son de naturaleza política».

La privatización de la propiedad estatal se hizo durante los años 90 de forma oscura y poco ortodoxa. Conocida es también la vinculación de muchos empresarios rusos con el mundo del crimen y su implicación en operaciones abiertamente ilegales. Sin embargo, el politólogo Stanislav Belkovski subraya que Putin padece «manía persecutoria» con Jodorkovski, cuyo castigo ha convertido en una especie de venganza personal.

Yukos fue la principal petrolera rusa hasta que el Estado la desmanteló, con Putin como máximo dirigente. Jodorkovski era entonces el hombre más rico de Rusia. Pero tenía ideas muy diferentes de las del jefe del Kremlin, sobre todo en lo relativo a cómo debe funcionar un Estado de Derecho y cómo organizar una empresa. El patrón de Yukos preconizaba una mayor transparencia. Y lo hizo dando ejemplo, lo que puso en evidencia a Gazprom, el gigante gasístico ruso, bajo control del estado y un monopolio de lo más opaco.

Jodorkovski mejoró asimismo las condiciones sociales de los trabajadores de su empresa y creó una red de escuelas y centros de descanso. Lo que fue percibido como una extravagancia en una Rusia de potentados sin el menor escrúpulo. El empresario fue, además, pionero a la hora de abrir los negocios en Rusia a los inversores extranjeros. Por si fuera poco, defendía un sistema político más plural y financió a partidos de oposición. El enfrentamiento se materializó en una famosa reunión de Putin con los principales magnates del país en el año 2.000, en la que el magnate expuso su visión de Rusia y del Estado. A Putin no le gustaron mucho las ideas de Jodorkovski, pero, según algunos de los asistentes a aquel encuentro, lo que menos le gustó fue el aplomo y seguridad que mostró el empresario. A partir de entonces, recibió varias «sugerencias» de vender Yukos e instalarse en el extranjero. Pero desoyó las advertencias.

Su detención fue de lo más rocambolesco. Se disponía a despegar con su avión privado del aeropuerto de Novosibirsk cuando la pista fue invadida por vehículos de las fuerzas especiales de la Policía. Rodearon el aparato y capturaron a Jodorkovski en su interior, como si se tratase de un terrorista. Tras el primer juicio, que finalizó en mayo de 2005, fue declarado culpable de siete delitos: estafa, robo agravado, apropiación indebida de fondos, fraude fiscal y falsificación de documentos. Él y Lébedev fueron condenados a ocho años de prisión, que cumplieron en un penal de Siberia.

En febrero de 2007, cuando Jodorkovski podía haber solicitado el régimen abierto por haber cumplido la mitad de la condena, le fueron presentados nuevos cargos por el robo de 218 millones de toneladas de crudo y por blanquear el dinero obtenido con su venta. Los abogados afirman que no han sido probados los hechos y califican el proceso de «farsa». El caso es que la nueva imputación impidió su puesta en libertad. Y así prosiguió el culebrón judicial... hasta que Putin, en uno de sus maratones televisivos, decidió condenarlo antes incluso de que se pronunciara el juez: «A Bernard Madoff le han caído 150 años de cárcel en Estados Unidos por un delito similar... aquí somos muy liberales», afirmó. «El ladrón debe estar tras las rejas», remachó ayer Putin, quien añadió: «Los delitos de robo y malversación que se le imputan han sido demostrados».

Los abogados del empresario protestaron por lo que consideran una «flagrante injerencia» del jefe del Gobierno en la decisión del tribunal. Al tiempo que la responsable de Human Rights Watch en Moscú, Anna Sevortián, advirtió de que las palabras de Putin constituyen «una fuerte presión sobre los jueces».

Hasta Medvédev, en una aparición ante las cámaras el pasado día 24, admitió que la actuación de Putin no fue muy correcta. «Ni el presidente ni otro responsable o funcionario tienen derecho a expresar su postura hasta el momento de que se anuncie el veredicto». Pero el primer ministro parece haberle tomado gusto a llevar la contraria al presidente. El anuncio del veredicto y de los años de cárcel que se impondrán podrá posponerse aún varios días.