China exhibe su capacidad censora

La Policía detuvo a dos periodistas de la agencia France Presse, un fotógrafo y un video-reportero, que fueron puestos en libertad una hora y media después y a quienes devolvieron sus equipos, pero después de eliminar de ellos todo el material que contenían. Otros periodistas de la BBC y de Sky News también fueron retenidos. Las autoridades chinas intentaron además silenciar el incidente en Internet y en redes sociales como Weibo (la equivalente a Twitter en China). La ofensiva censora en torno al caso contó con la eliminación de fotos de microblogs, reducción la velocidad de Internet y bloqueo del acceso de peatones a la plaza. La cadena nacional de televisión CCTV no hizo la menor referencia a lo sucedido y los escasos medios que lo mencionaron lo calificaron de ‘incidente de tráfico’.

Cuarenta y ocho horas después, la agencia oficial china Xinhua hacía público un comunicado policial en el que calificaba de ‘ataque terrorista’ el incidente en el que un coche embistió una valla de la plaza de Tiananmen a escasos metros del retrato de Mao para incendiarse poco después. También daba cuenta del fallecimiento del conductor del vehículo y de dos pasajeras junto a dos turistas, una mujer filipina y un ciudadano chino. Según los medios oficiales los muertos en el coche eran uigures, etnia de la región autónoma de Xinjiang, en el oeste de Pekín, escenario de enfrentamientos y tensiones con el Gobierno central.

Finalmente para lo que ha servido tanto aparato censor ha sido para generar fuertes sospechas en torno a un incidente ya de por sí extraño. Al supuesto terrorista le acompañaban su mujer y su madre. Hay quien ya apunta en la redes la posibilidad de un montaje gubernamental para justificar el aumento de la represión sobre los chinos de la etnia uigur. Como ha señalado RsF, “en la era de las nuevas tecnologías y las redes sociales resulta inútil emplear este tipo de métodos para intentar controlar la información de un evento de estas características. Las autoridades deben darse cuenta que la cobertura mediática de sucesos como este no supone ninguna amenaza". Argumentos que no parece que vayan a convencer a las autoridades chinas, muy convencidas de la eficiencia de sus estructuras censoras.

Según un estudio del politólogo Gary King, la Policía de Internet china emplea a unas 50.000 personas que trabajan en colaboración de 300.000 miembros del Partido Comunista. Un medio gubernamental chino llegó a cifrar en dos millones las personas dedicadas a vigilar las redes sociales. En este número figurarían también aquellos trabajadores de empresas privadas dedicados a supervisar contenidos y evitar las represalias oficiales. Este pasado verano un estudio de tres universidades americanas (Nuevo México, Nueva York y Toronto) reveló la estrecha colaboración de Skype con las autoridades chinas para vigilar las conversaciones a través de su mensajería instantánea.

La última campaña censora se ha centrado en las aplicaciones de móvil que enlazaban con canales en los que se podían leer noticias y artículos de medios de comunicación extranjeros bloqueados en China. Según el Departamento estatal de Información en Internet estas aplicaciones publicaban “informaciones falsas” además de “pornografía e información obscena”. En esta guerra por evitar información que no hayan sido supervisadas por el Estado no podía falta la persecución judicial. La Fiscalía y el Tribunal Popular Supremo aprobaron el pasado septiembre una normativa contra “los rumores en Internet”. Según esta nueva legislación el autor que publique o propague un rumor en Internet que reciba más de 5.000 visitas o que sea ‘retuiteado’ 500 veces podrá enfrentarse a tres años de prisión.

Las autoridades chinas están convencidas de que son capaces de hacer realidad lo que para muchos era imposible: el absoluto control de la difusión de la información en la red. Y todo ello sin que perjudique el funcionamiento y entramado de la economía china. ¿Durará el sistema o saltará por los aires un día, víctima de algún Assange o Snowden chinos?