Sánchez contra la Historia: el PSOE que sí «prohibió imponer las lenguas regionales» en el Congreso

A partir de ahora se podrán utilizar el catalán, el euskera y el gallego, tumbando así las enmiendas propuestas por la derecha y concediendo a dichas lenguas el mismo estatus que al español en el hemiciclo. Se ha logrado con un margen muy pequeño de votos, con 180 a favor y 170 contra. La polémica, no obstante, no es nueva. En 1931, cuando se instauró la República en España, fue uno de los temas que más debatieron los diputados, aunque el resultado fue diferente. «Se acepta la enmienda que propone la obligatoriedad del uso del castellano y la prohibición de imponer las lenguas regionales», informaba ABC el 19 de septiembre de ese año.

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, histórico líder nacionalista, intentó convencer al Congreso de que se permitiera usar las lenguas en las que él y otros muchos diputados habían sido criados. «El idioma, más que un medio de expresión, es una fuente de arte, es el vehículo del alma original de un pueblo y, sobre todo, es en sí una gran obra de arte que nadie debe destruir», argumentó. Ninguna de esas lenguas, por supuesto, era el castellano. Sin embargo, su propuesta fue rechazada bajo el discurso de un inamovible Miguel de Unamuno, diputado de la Conjunción Republicano-Socialista (CRS), una coalición electoral creada por los partidos republicanos y el PSOE durante el reinado de Alfonso XIII.

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Según contó Wenceslao Fernández Flórez en una de sus célebres crónicas parlamentarias, Castelao insistió en su idea: «De todos los problemas de la región, ninguno es tan importante como el reconocimiento del idioma, por lo que pide que [el gallego] sea declarado tan español como el castellano. Añade que los gallegos desean conocer el castellano perfectamente, pensando en la emigración, pero teniendo en cuenta que se debe aspirar a que Galicia cese de ser un vivero de emigrantes. Como hijo de aldeanos, iba a la escuela con un pedazo de pan de maíz por todo alimento. Entonces no conocía el castellano y por eso siente por el gallego tan tierna evocación. Pide a la Cámara que no olvide al gallego en la redacción de la nueva constitución».

En el siglo XIX, España había sido regida por cinco constituciones, pero en ninguna de ellas se atendió a la cuestión lingüística. Al mismo tiempo, sin embargo, se estaba produciendo en el seno de la sociedad civil la reivindicación de los otros idiomas de España, además del castellano. Aquella tendencia era consecuencia del movimiento romántico que había surgido a principios del siglo XVIII y se había extendido por toda Europa. Uno de sus fundamentos, formulado por Hegel, era el del volksgeist, el «espíritu del pueblo», para quien las lenguas eran una expresión fundamental. El catalanismo, de hecho, puede considerarse un movimiento romántico tardío que asumió las reivindicaciones nacionalistas a comienzos del siglo XIX.

A finales de esa misma centuria surgió también el 'Renaixença' (Renacimiento), otro movimiento cultural de raíz burguesa que intentó inculcar a los catalanes la existencia de una lengua asociada a una cultura y a una historia propias, las cuales estaban en peligro de extinción. Para sus seguidores, Cataluña era una nación diferente que debía preservarse de la contaminación exterior, en un sentimiento no era exclusivo de esa región. Sabino Arana escribió que «el euskera se muere» con la invasión española, y que ello traería la desaparición de la pureza de la raza vasca. Y Prat de la Riba añadió que el idioma catalán era el vínculo histórico de su nación, y que no podían tolerar que el castellano lo sustituyera. Su lucha política, por tanto, pasaba por desterrar el español.

Todas estas cuestiones no se trataron en el Congreso hasta las citadas sesiones del Congreso republicano, donde se discutió por primera vez todo lo concerniente a la lengua común y a las lenguas vernáculas. En la Constitución de 1931 se dejó claro que el castellano era el «idioma oficial», sin que a nadie se le pueda exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. En un principio, este artículo cuatro no figuraba en el anteproyecto de ley de julio de 1931, pero cuando el presidente de la Generalitat, Francesc Macià, aprobó un proyecto de Estatuto que establecía la oficialidad de la lengua catalana en Cataluña y el uso del español solo en sus relaciones con el Gobierno central, cambiaron de opinión.

Solo en ese momento se introdujo el citado artículo para preservar el español en toda España, en un debate enconado que se celebró el 17 y 18 de septiembre. Uno de los máximos defensores de esta idea fue Unamuno, que declaró en el Congreso que no creía en la «cooficialidad» de las lenguas regionales y que «a nadie se le debe imponer el conocimiento de estas». «Estamos indudablemente en el corazón de la unidad nacional», advirtió el escritor sobre este asunto.

Las discusiones en la Cámara Baja se centraron en tres temas: garantizar el conocimiento y uso del español en todo el territorio, establecer el término de «lengua española» y no de «lengua castellana», para subrayar su verdadero carácter nacional, e impedir la imposición de esas lenguas regionales, tal y como dijo el autor de 'Niebla'. Es decir, que a un catalán, un vasco o un gallego no se le podía obligar a hablar en la lengua local, estuviera este donde estuviera, porque esa era la clave de la unidad nacional. Unamuno definió al euskera, además, como un «conglomerado de dialectos» con los que no se entendía ni sus cuatro abuelos.

Bajo está creencia, el Estado se dispuso a garantizar en Cataluña la enseñanza en español. Según el escritor, era la mejor forma de defender la patria y los derechos de todos los ciudadanos, independientemente de la región en la que hubieran nacido. Permitir lo contrario era un «suicidio cultural» y la República debía impedirlo. Por eso incluyeron el artículo 50, que establecía la obligación de que el español fuera «el instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas». En este sentido, incluso dos diputados de la izquierda radical del partido de Lerroux quisieron añadir el adjetivo «común» para fortalecer la unidad del país basada en la lengua y, asimismo, «justificar la primacía oficial y espiritual del castellano».

Ramón Menéndez Pidal también se subió a este carro, cuando publicó en 'El Sol' unos meses antes un artículo titulado 'Federarnos es algo parecido a divorciarnos'. El filólogo afirmaba que las «jóvenes generaciones regionales», los nacionalistas, consideraban «el idioma como un arma y no como instrumento». Eso le sorprendía porque con la República ya no había «opresión lingüística» y los nacionalistas podían expresarse libremente. Sin embargo, la obsesión de los nacionalistas era aumentar «el hecho diferencial» con la lengua, violando la naturalidad del bilingüismo.