El Congreso permitirá el uso de las lenguas cooficiales desde el próximo martes

La inclusión de las lenguas cooficiales en el Congreso era un compromiso del PSOE con los partidos nacionalistas de cara a una previsible investidura de Pedro Sánchez si, como todo parece indicar, fracasa la intentona de Alberto Núñez Feijóo dentro de dos semanas. La reelección del secretario general socialista como presidente del Gobierno aún no está clara, con los independentistas apretando para que se concrete una ley de amnistía y para sentar las bases de un referéndum de autodeterminación, pero el guiño lingüístico es la primera piedra para la construcción de otra 'mayoría Frankenstein'.

La renuncia de Meritxell Batet —ahora fuera de la política— a aspirar de nuevo a ser presidenta del Congreso ya se interpretó como un gesto hacia los separatistas, pues bajo su presidencia se rechazaron tanto la ley de amnistía —que hasta hace no mucho el Gobierno decía que no cabía en la Constitución— como el empleo del resto de idiomas españoles en la Cámara Baja. La designación de Francina Armengol —que como presidenta autonómica de Baleares defendió posiciones lingüísticas cercanas al nacionalismo— como tercera autoridad del Estado lo confirmó.

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Solo el PP se ha posicionado en contra de esta reforma exprés reglamentaria. Los diputados populares con asiento en la Mesa, según ha podido saber ABC, han puesto en duda la legalidad del acuerdo porque permitirá el uso de las lenguas cooficiales incluso antes de que la modificación esté aprobada. Además, el Grupo Popular critica los tiempos —como ya hicieron los letrados del Congreso— para poner en marcha este cambio y para garantizar la contratación de traductores ateniéndose a la Ley de Contratos del Sector Público. La izquierda, como sucedió durante toda la legislatura pasada, se ha valido de su mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara Baja para imponer sus intenciones.

Así las cosas, ya desde el martes, en el pleno convocado para aprobar la reforma del 'Reglamento del Congreso', se podrán usar el catalán, el gallego y el euskera. También el aranés y la lengua asturiana, aunque según fuentes cercanas a la Mesa, los diputados que quieran emplear esos idiomas —si los hay— tendrán que autotraducirse. Estas fuentes remarcan que el reglamento vigente no prohíbe las lenguas cooficiales, pero que la modificación se acomete —para que esté ya zanjada antes de la investidura de Núñez Feijóo— con el objetivo de que su posibilidad de uso quede expresamente recogida por escrito.

El próximo martes, 19 de septiembre, se aprobará la toma en consideración de la reforma y entre ese día y el miércoles 20, los grupos podrán registrar enmiendas. El jueves 21, el Pleno del Congreso aprobará, con la mayoría que suman la izquierda, los nacionalistas y los independentistas, la modificación reglamentaria que consolidará el empleo de las lenguas cooficiales. Una reivindicación clásica del nacionalismo que, hasta ahora —cuando Sánchez necesita incluso el voto afirmativo de Junts, el partido del prófugo Carles Puigdemont, para ser investido—, el PSOE había rechazado.

El Congreso no ha detallado aún el coste en traductores que implicará que se hable también en catalán, euskera y gallego. Tampoco cómo funcionarán los sistemas técnicos para permitir no solo el uso de estos idiomas, sino que diputados, taquígrafas y periodistas entiendan qué está diciendo el parlamentario en el uso de la palabra. Esto último, según fuentes cercanas a la Mesa, se detallará este jueves con más reposo.

Hasta ahora, en las Cortes Generales solo se permitía el uso del catalán, el euskera y el gallego en mociones defendidas en el Senado, cámara de índole territorial. Pero esta legislatura, con la oposición inicial de la derecha, su empleo se extenderá también al Congreso y, en principio, sin cortapisas.