La cruzada de los dictadores de España contra los juegos de azar

Alfonso X El Sabio había regulado en sus famosas leyes las tafurerías (casas públicas de juego), término que procede del más conocido término actual «tahúr» o «tahurerías», con la intención de poner orden en la peligrosa jauría del azar, pero no llegó a tocar más que la punta del iceberg. Asimismo, Carlos II de Navarra prohibió el juego de dados en todo su reino debido a las riñas, peleas y blasfemias a Dios que su práctica ocasionaba entre los hombres.

Ya con los Habsburgo, Felipe II amenazó con castigos a los cortesanos que se jugaran sus sueldos a los naipes en los palacios reales, lo que no evitó que lo hiciera incluso el mayordomo mayor, el Gran Duque de Alba, que en 1559 extravió una pequeña fortuna con Lamoral Egmont, a quien irónicamente ejecutaría en Flandes. En los Tercios, las partidas las controlaba el sargento para asegurarse de que el soldado no perdiera sus armas. Y en caso de infracción, el capitán podía decidir que el ganador no había vencido, que pagara el perdedor y emplear el dinero en una buena causa.

En 1771, en su afán regulador el Rey Carlos III prohibió los juegos de «envite, suerte y azar» en España para evitar los desórdenes por las apuestas impagadas. Sin embargo, la presión social hizo que las prohibiciones cayeran en saco roto. El mundo clandestino era más que capaz de absorber todos los vicios de los españoles. No fue hasta bien entrado el siglo XX cuando Primo de Rivera se empecinó en 1922 por poner puertas al campo. En su cruzada para salvar la moral de los españoles, el dictador cerró un total de 2.000 salas de juegos bajo la premisa del elevado grado de corrupción al que habían llegado algunos locales. No fue necesaria una ley como tal para prohibir la actividad, sino que la dictadura hizo cumplir las sentencias judiciales que acumulaban estos espacios por numerosas irregularidades.

La entrada en el tablero de la Segunda República cambió poco el estatus legal del juego, a pesar de los intentos por buscar alternativas que pudieran ser aceptadas. Se popularizaron numerosos modelos de pseudo ruletas como el patentado por los empresarios Daniel Strauss, Perle y Lowann, de cuyos nombres deriva la palabra «estraperlo», para eludir las prohibiciones. Precisamente estos empresarios dieron nombre al escándalo del estraperlo, un caso de corrupción vinculado a la instalación en casinos españoles de un sistema de ruleta fraudulento.

En 1934, los empresarios alcanzaron un acuerdo económico con varios miembros del Partido Radical para instalar estas ruletas en el Casino de San Sebastián, el más popular del país entre los aristócratas y grandes burgueses. A cambio de un generoso porcentaje, Alejandro Lerroux ayudó a los empresarios a salvar los escollos legales. Pero cuando el sistema había sido instalado también en el Hotel Formentor (Mallorca), el juego fue prohibido por la policía tras demostrarse que era fraudulento, dado que la rueda se controlaba mediante un botón.

El escándalo saltó cuando Daniel Strauss inició una campaña de desprestigio en la que exigió una indemnización por los gastos de instalación del juego y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical. El informe presentado a Niceto Alcalá Zamora acusaba directamente a Lerroux y a familiares suyos de haberse lucrado con la instalación del juego, lo cual fue utilizado por el presidente de la República para forzar la dimisión del entonces presidente del Gobierno el 25 de septiembre de 1935. Posteriormente, una comisión parlamentaria dictó que Lerroux, que todavía formaba parte del Gobierno, había cometido actuaciones «que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen». La consecuencia política fue la salida definitiva de Alejandro Lerroux del Gobierno y la dimisión de otros importantes políticos del Partido Radical.

El régimen franquista solo permitió la actividad de la Lotería Nacional, las quinielas y el cupón de la ONCE, cuya vocación era benéfica. A pesar de que hubo intentos de revisar el Código Penal en 1963, la prohibición se mantuvo estable hasta la muerte de Franco. Un veto que provocó el cierre masivo de casinos y lugares de juego repartidos por todo el territorio nacional. Mediante el Real Decreto-Ley 16/1977 de 25 de febrero, que regulaba los juegos de azar y las apuestas, se abrió la puerta al desarrollo legal de esta industria ya con la Democracia. Se permitió de forma legal el uso de máquinas recreativas y la organización de juegos de casino y de bingo.