Avianca 203: lo que no te contaron de los 110 muertos (y sus asesinos) del peor atentado de Pablo Escobar

En los párrafos siguientes se daban más detalles en la misma dirección : «El comunicado anónimo señaló que en el avión viajaban cinco “sapos”, apodo con el que se conoce habitualmente a las personas que delatan a otras. Oficiales del Servicio de Inteligencia colombiano declararon a ABC que si se comprueba la autenticidad de las llamadas telefónicas, la acción terrorista sería una respuesta del cartel a la operación que hace tres días fue desplegada en una zona selvática, para acorralar a los dos máximos responsables del narcotráfico internacional: Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha , que lograron escapar hacia la selva».

No parecía haber duda de que el mayor narco de la historia –el mismo sobre el que se han rodado infinidad de series y películas y sobre el que se han escrito miles de libros desde su muerte en 1993– estaba detrás del atentado con más muertos de la historia del narcotráfico . No sobrevivió ninguno de los 101 pasajeros ni los seis tripulantes, como tampoco otras tres personas en tierra que murieron como consecuencia de los escombros y que no fueron contabilizadas al principio.

El atentado parecía un episodio más –aunque el más sanguinario– de la guerra frontal que el cartel de Medellín y el grupo de los conocidos como «Extraditables» , con Escobar a la cabeza, mantenía contra el Gobierno colombiano. A comienzos del verano de 1989, un coche bomba con 100 kilos de dinamita había matado al gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur . El 18 de agosto, habían asesinado al coronel de la Policía, Valdemar Franklin Quintero, y esa misma noche, al candidato presidencial Luis Carlos Galán , que había denunciado públicamente los crímenes de Escobar y que tenía la extradición de los narcos a Estados Unidos como principal reclamo de la campaña que estaba teniendo lugar en esos momentos. Dos meses antes de la explosión del avión de Avianca, 60 kilos de dinamita también habían destruido la sede del periódico «El Espectador» en la capital, cuyo director, Guillermo Cano , había sido asesinado dos años antes.

Aunque parecía que no podía ponerse en duda que el monstruo de todos esos episodios previos estaba detrás, algunas evidencias se han puesto en duda en investigaciones posteriores. Por ejemplo, la verdadera identidad de los brazos ejecutores del atentado o de las mismas víctimas. El mismo Escobar, un criminal reconocido que nunca tuvo miedo de reconocer los miles de asesinatos que había cometido u ordenado a lo largo de su vida, jamás admitió su autoría. Cien cadáveres más en su currículo no cambiaban su historia, pero en el juicio de junio de 1991, insistió en que él no tuvo nada que ver. Declaró que él mismo se llevó una gran sorpresa cuando leyó en los diarios que él era el principal sospechoso de la explosión del avión de Avianca.

Sin embargo, todo apuntaba a él. Una prueba es que en el avión viajaba un importante asesor del ministerio de Justicia colombiano, Gerardo Arellano, principal responsable de estas extradiciones. Recordemos el lema de los narcotraficantes al respecto: «Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos». Otra es que se suponía que el mismo candidato presidencial, y a la postre ganador, César Gaviria , debía ir en el mismo vuelo, aunque a última hora cambiara de opinión alertado por su seguridad. Y ABC subrayaba al día siguiente: «En el último informe de la torre de control, el piloto aseguró que la situación a bordo era absolutamente normal, motivo que impulsó a los investigadores a manifestarse desde el primer momento por el atentado».

Un vigilante de una empresa cercana al lugar de la explosión contó a los periodistas lo que había presenciado: «Vi que el avión botaba un chorro de humo y al momento se produjo una explosión. Fue como si hubiera sido una bomba. Se partió. O mejor dicho, voló en pedazos». Una versión muy parecida a la de otros testigos, que coincidieron en que el avión comenzó a descender dejando atrás una estela de humo antes de sufrir una segunda explosión que lo partió en varios trozos. Los restos del aparato y los cuerpos de las víctimas quedaron esparcidos en un radio de cinco kilómetros sobre el cerro Canoas, en el municipio de Soacha, al suroccidente de Bogotá.

Ahí surgió una de la primeras preguntas que ponían en duda la tesis oficial y que defendió hace tres años precisamente « El espectador »: la identidad de las víctimas. Para ponernos en antecedentes, hay que tener en cuenta que dos días después de la explosión llegaron al lugar de la tragedia investigadores de la National Transportation Safety Board, de la Federal Aviation Administration y del FBI, así como observadores de la compañía Boeing, fabricantes del aparato, y de la compañía Pratt and Whitney, constructores de los motores. Una semana después, el director de la Aeronáutica Civil, Yesid Castaño González , aseguró ya que se trataba de una bomba portada por un miembro del cartel que había sido engañado: Alberto Prieto. Un «suizo», como le llamaban en el argot del narcotráfico, cuya misión consistía grabar la conversación de los «sapos» que viajaban delante de su asiento. Lo que no sabía Prieto es que lo que activó no era una grabadora, sino la bomba.

Pero, ¿si la bomba fue puesta en el avión por un suicida engañado por el Cartel de Medellín , por qué nunca apareció su cadáver? En una investigación sobre accidentes aéreos, la identificación de las víctimas siempre es prioridad. En el caso del vuelo 203 de Avianca, sin embargo, nadie tiene clara la lista de fallecidos tres décadas después. No solo el del autor oficial del atentado, cuyo cuerpo nunca se llegó a identificar, también el de otros pasajeros. Hace tres años, la esposa de Jaime Alejandro Vanegas , un exitoso empresario de Bogotá que murió en el avión, reveló un secreto que había guardado desde entonces: el Instituto de Medicina Legal sepultó dos veces a su marido por equivocación. Uno era el verdadero, mientras que el otro cadáver nadie lo reclamó fue una equivocación y, supuestamente, nadie lo reclamó.

De ninguno de estas cuestiones han hablado los periódicos, los libros, las series y las películas que se han hecho sobre esta tragedia ni sobre Pablo Escobar en estos 30 años. Como dijo el director de la Aeronáutica Civil: «Pensaba que este tipo de actos solo ocurrían en algunos países en donde existen fuertes odios por cuestiones religiosas o étnicas, y no en naciones latinoamericanas en donde el gran problema radica en los desajustes sociales y económicos». Pero parece que así fue. En primer lugar, porque Dandenis Muñoz Mosquera, alias la Quica , fue condenado a diez cadenas perpetuas por fraguar el plan en un juicio celebrado en Estados Unidos, a pesar de que él siempre negó su participación en ese atentado.

En 1994, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias Arete , lugarteniente de Escobar, se entregó a la Policía colombiana y asumió toda la responsabilidad de los hechos. Eso exculparía a la Quica, que llevaba ya cinco años encarcelado en Norteamérica, lo que provocó la primera polémica pública sobre la versión oficial. El entonces fiscal Gustavo de Greiff envió una carta al juez estadounidense desde Bogotá, para comunicarle que se había equivocado a juzgar por la confesión de Arete. «No tenemos ninguna evidencia que vincule al señor Muñoz Mosquera, alias “Quica”, a ese atentado. Tan pronto como podamos suministrarle la evidencia que tenemos sobre este asunto, procederemos a hacerlo. Consideré que era necesario informarlo de la situación anteriormente mencionada con el fin de evitar que se cometa una posible injusticia en el caso bajo su consideración», escribía.

Antes esta noticia, la Quica hizo el siguiente comentario durante una entrevista, desde prisión, a La W Radio: «Es algo muy ilógico. En el país donde sucedieron los hechos y que hizo la investigación, nunca me acusaron. Y en un país ajeno a los hechos, con puras mentiras y testigos falsos, me condenaron por ello». Y luego añadió: «Cuando me arrestaron no tenían una sola acusación contra mí. Me dijeron que si no ayudaba a ubicar a Pablo Escobar me iban a condenar por otros delitos muy graves, que merecían la pena de muerte o la cadena perpetua. Buscaron testigos falsos, gente que yo nunca había visto en mi vida. La grabación fue editada por la DEA y el FBI para inculparme. Yo me vine para Nueva York porque me iban a matar en Colombia, y no para atentar contra nadie».

Las autoridades norteamericanas desconfiaron de la versión de Arete, sobre todo porque el Gobierno colombiano les negó la posibilidad de entrevistarle directamente. Además, pensaron que este mentía porque durante los interrogatorios aseguró que la bomba del avión de Avianca contenía cinco kilogramos de dinamita, pero el informe del FBI mencionaba otro explosivo: Semtex.

El sicario más mediático de Pablo Escobar, John Jairo Velasquez, alias Popeye, declaró en un documental que, efectivamente, el encargado de montar la bomba fue Arete. Este se la entregó después a Eugenio León García, alias el «Taxista», colaborador del Cartel de Medellín, que contrató a su vez a Darío Uzma, otro sicario que se comprometió a ejecutar el plan por un millón de dólares. Este fue quien compró los billetes a nombre de Julio Santodomingo y quien engañó a Prieto, que no dejaba de ser un menor de edad, para que los llevara consigo dentro del Boeing.

Según Popeye, por lo tanto, la Quica no participó en ningún momento en este plan, a pesar de que continúa en la cárcel por ello. Una versión que podría verse reforzada por el hecho de que hasta un ex-agente del FBI, Frederick Whitehurst, desenmascaró a uno de los testigos que participó en el juicio del condenado a diez cadenas perpetuas en Estados Unidos.

«El Espectador» publicó un amplio reportaje en el que cuestionaba otras conclusiones de la investigación oficial del atentado, sugiriendo incluso que la explosión había sido producto de un fallo mecánico y no de una bomba. Este diario rescataba entre sus argumentos «el escándalo del laboratorio del FBI» que estalló en 1995. A raíz de este, un grupo de expertos en criminalística fueron comisionados para esclarecer la verdad de, entre otros muchos casos, el de la investigación del accidente del avión de Avianca en Colombia.

Después de cientos de entrevistas y de revisar más de 60 mil documentos, los expertos presentaron sus conclusiones en 1997, en un informe de 517 páginas que decía cosas como: «Creemos que [el agente Richard Hahn que investigó el caso del avión de Avianca] cometió varios errores: testificó equivocadamente en el primer juicio al decir que la dinamita no podía provocar la corrosión y la craterización en el avión; dio opiniones científicas relacionando la corrosión y la craterización con la velocidad de detonación que no tienen sentido y no se justifican por su experiencia; antes del segundo juicio no investigó sobre la validez de sus teorías aun cuando la literatura que adjuntó Fred Whitehurst en su memorando estaba en conflicto con su teoría; dio un testimonio incompleto en relación con los resultados de la Unidad de Materiales; testificó de forma equivocada y por fuera de su área de conocimiento en relación con las explosiones aire-gasolina, y sobreestimó ligeramente su experiencia».

Todas las pruebas que aportaba este diario fueron muy criticadas no solo por la aerolínea, sino por los mismos familiares de la víctimas, quienes dijeron que solo era una campaña del periódico para vender más ejemplares. Una de ellas, Clara Campuzano , madre de Emilio José Díaz, uno de los pasajeros del fatídico vuelo de Avianca reconocía a EFE el año pasado: «Todavía me duele su ausencia y la forma en la que murió».