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Rocío Carrasco, una víctima desamparada

No se da por vencida y seguirá luchando para que se reconozcan los presuntos malos tratos por parte de su exmarido

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Esta semana se hacía público el auto de desestimación del proceso legal emprendido por Rocío Carrasco contra su exmarido, Antonio David Flores, por presuntos malos tratos psicológicos. Se reconocen las lesiones de la víctima, a la que dejan en el desamparo legal.

Hablar de vencedores y vencidos no sería justo si de lo que hablamos es de leyes y de un proceso tan serio y delicado como el de unas lesiones directamente conectadas con el machaque y desprestigio público continuado de la demandante, en este caso Rocío Carrasco, y el demandado, su exmarido Antonio David Flores. Lo dicen los informes psicológicos que los peritos judiciales designados de oficio para instruir esta causa elaboraron. El informe psicosocial llega a calificar la conducta de Flores sobre su exmujer como de «un estilo agresivo y descalificador», con «elevada exposición mediática, que provoca secuelas sociales en su patrimonio familiar, con pérdida de dinámica relacional con sus hijos y la existencia de sintomatología física y afectación anímica». Por eso ha sorprendido a todos este auto de resolución adelantado por la revista «Semana» este miércoles y que dictaba la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Sin medidas

Cabe recordar que hace algo más de un año fue la propia Fiscalía la que derivó la causa al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Alcobendas al considerarse falta de competencias para juzgar el asunto. Ahora, tras un período de instrucción, miles de folios e informes psicológicos elaborados por el Equipo Técnico Psicosocial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a petición de la jueza, se ha decidido sobreseer la causa reconociendo que hay víctima pero sin ni siquiera abrir un juicio para determinar quién o quiénes son los causantes de esas lesiones y sin llegar a establecer ninguna medida para que este daño se siga produciendo.

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Fuentes jurídicas consultadas se sorprenden ante esta resolución. Si bien es cierto que es un desafío judicial sin precedentes, también lo es que Rocío podría ser la primera víctima con lesiones psicológicas cuyas causas no se investigan. El daño existe, pero el demandado no ha agravado esta sintomatología a juicio de la magistrada y por eso no ve necesario continuar con el proceso. Resulta contradictorio incluso que se alegue en el auto falta de pruebas cuando ambas partes, sobre todo la demandante, quisieron aportar más documentos y fue la propia magistrada la que consideró que no eran necesarios, dando carpetazo provisional al asunto sin condenar a costas a ninguna de las partes. Dato cuanto menos curioso de analizar.

Lamentos

Los que conocen el caso y las intenciones de la demandante saben que en ningún momento la finalidad era meter en la cárcel a su exmarido, aunque sean las penas tipificadas en el Código Civil y Penal para este tipo de delitos, sino que lo que se pretendía era alcanzar una prohibición judicial que impidiera a Antonio David seguir desprestigiando públicamente a Rocío Carrasco como madre y como persona, tal y como ha quedado acreditado en las numerosas entrevistas realizadas a diferentes medios de comunicación y que han sido aportadas en la demanda. Muchos se lamentan de que el ex guardia civil no haya podido trabajar en este tiempo.

¿Trabajar en qué? Porque sería el primer ciudadano que no puede trabajar por tener un proceso legal abierto. Quizás es porque no hay una profesión definida, aunque esta desestimación judicial le haya otorgado un cheque en blanco para seguir con su modus operandi mediático, si bien ese es el único medio de vida acreditado.

Este no es el último capítulo y el equipo jurídico de Rocío no se da por vencido. No hay en nuestro país una sentencia de este tipo porque tampoco ha habido nadie que se haya atrevido a depositar tanto tiempo y dinero en un litigio de estas características que atañe a más de un rostro popular. Estamos ante un desafío judicial cuya resolución tiene todos los visos de que llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Los poderes del Estado tienen la obligación por ley de garantizar la salud de la víctima y se va hacer todo lo posible por conseguirlo. En cuanto a los informes psicológicos, partes implicadas en el caso aseguran son demoledores, por lo que sería bueno en acaso de agravarse la situación, que vieran la luz pública, ya que se ha hecho de este un juicio mediático. Y el silencio de la víctima no ha beneficiado a la situación.