Yolanda Díaz, la trituradora de Podemos que quiere reducir la jornada laboral

En el campo legislativo, la vicepresidenta y ministra de Trabajo deberá hacer un encaje de bolillos para aprobar las medidas pretendidas en los próximos años mucho mayor que anteriores ocasiones. Si bien la mesa de negociación con empresarios y sindicatos ha brindado a Díaz éxitos en materia laboral, como la aprobación de los ERTE, la ley Rider y el culmen con la reforma laboral aprobada in extremis en diciembre de 2021, esta fluidez se ha ido tornando en un camino pedregoso en los últimos compases del anterior gobierno de coalición.

Tras algunos desmanes en materia laboral, como el acuerdo con Bildu que reforzó el papel de la Inspección de Trabajo a la hora de validar los procedimiento de despido colectivo en las empresas, el constante aumento del salario mínimo interprofesional (un 47% en cinco años) y la pinza negociadora que se encontró el Ejecutivo en el último hito que pretendió legislar antes de las elecciones generales del 23J, el Estatuto del Becario, la vicepresidenta Díaz ha multiplicado sus fricciones principalmente con los empresarios representados por CEOE. Unos roces que se agrandaron cuando el ya exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también impuso la segunda pata de la reforma de pensiones sin el apoyo empresarial haciendo descansar en las cuotas que abonan empresas y trabajadores el refuerzo de los ingresos del sistema.

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Este conjunto de negociaciones postrimeras de la anterior legislatura ha terminado minar el campo del diálogo social. De hecho, vistas la reacciones de los agentes sociales a los puntos acordados en el programa legislativo de PSOE y Sumar parece que Díaz deberá redoblar esfuerzos si quiere lograr una nueva foto completa, con empresarios y sindicatos, en las próximas reformas.

En primer lugar, el gabinete de la vicepresidenta Díaz ya puesto en marcha la maquinaria para convocar en los próximos días a los sindicatos UGT y CC.OO. junto a la patronal CEOE para aterrizar una nueva subida del salario mínimo que pretende activar a comienzos de 2024. Cabe recordar que es compromiso del nuevo Gobierno actualizar la cuantía, actualmente en 1.080 euros al mes, «cada año» para alinearlo al 60% del salario medio y que se pretende incluir en el anunciado a bombo y platillo Estatuto del Trabajo del S. XXI como un elemento de revalorización automática. Si bien, desde las centrales sindicales ya han puesto en la diana de la negociación una subida del SMI del 11% para alcanzar los 1.200 euros.

Al margen de los acuerdos sobre la subida del SMI en los que Díaz ya se ha quedado sola con la concurrencia de los sindicatos en los últimos acuerdos de subida -fue del 8% en 2023- donde sí parece que Díaz afronta un 'viacrucis' es en la pretendida nueva reforma laboral que se sustanciaría en la aprobación de ese nuevo Estatuto de los Trabajadores que incluiría una reducción de la jornada laboral máxima de 40 a 37,5 horas semanales y la revisión de la estructura del despido improcedente con el agravamiento de las indemnizaciones actualmente tasadas en 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.

Concretamente, aquí los sindicatos abogan por una vuelta al modelo anterior a la reforma aprobada por el PP en 2012, es decir, retomar los 45 días de indemnización por año trabajado en caso de despido injustificado, si bien desde el Ministerio de Trabajo ya han trasladado la idea de ir hacia un modelo de despido reparativo en el que la indemnización no esté tasada sino que se calcule en función de unos parámetros que permitan compensar al afectado en base a su situación individual.

Sin embargo, para estas medidas ya desde CEOE y Cepyme han advertido que se trataría de una invalidación de los acuerdos alcanzados en el marco de la reforma laboral en 2021, además de suponer medidas que dirigen un aumento de costes para las empresas que los representantes de la patronal se niegan a firmar, más aún en un contexto de desaceleración económica, que se suma a la crisis de inflación de los últimos años y que amenaza con descoser parte del tejido productivo de nuestro país desde el próximo año. Bajo esta premisa, parece que el mismo foro que brindó a Díaz su mayor éxito con la reforma laboral, podría ahora devolverle ciertos reveses en sus nuevos hitos pretendidos para esta legislatura.

Por último, cabe mencionar el 'sapo' del Estatuto del Becario. Una ley que se quedó guardada en los cajones del Ministerio de Trabajo antes de la celebración de las elecciones generales del 23J. La ley cayó en saco roto tras encontrarse el gabinete de Díaz ante una pinza de compleja resolución. Por un lado, el Ejecutivo armó un texto acordado con los sindicatos hace ahora un año que rechazó por completo la patronal, principalmente por la liquidación del sistema de prácticas extracurriculares. Posteriormente, con el objetivo de integrar a la CEOE en el pacto, se reformuló el texto con una versión a medio camino en el que aún se permitían ciertas horas de prácticas extracurriculares, que soliviantó en parte a los sindicatos. Pero la puntilla se la dieron los partidos políticos, principalmente desde el PNV y ERC, al no aceptar esas limitaciones en la oferta de prácticas formativas de los centros de estudio. Ahora, pese a que un punto de la normativa se sustanció en la reforma de pensiones, la obligación de cotizar por los alumnos en prácticas a partir de enero de 2024 -con una bonificación del 95% en las cuotas- el Ejecutivo afronta la misma complejidad para afrontar un gran a acuerdo con empresas, trabajadores y partidos políticos.

Las fuertes presiones que Díaz recibió de Iglesias cuando la nombró vicepresidenta y sucesora deterioran su relación su relación con Podemos hasta el punto de que ya ni habla con Iglesias y Montero ni con Belarra. El fundador de Podemos no quería que su partido dejara de ser el actor hegemónico de la izquierda alternativa al PSOE y el planteamiento de Díaz era extinguir a Unidas Podemos, una plataforma electoral que consideró obsoleta tan pronto como le tocó liderar sus cinco ministerios y el grupo parlamentario.

Durante el último año, la negociación entre Sumar y Podemos para lograr una alianza electoral se tornó muy desagradable y complicada, y desde ambos frentes asumen ya pasados unos meses de las elecciones del 23J que la guerra interna y el ruido infló de desánimo a sus votantes potenciales. A pesar del pacto, desde Podemos acusan a Díaz de traición por reducirles en las listas electorales a su mínima expresión, borrar las siglas 'Podemos', vetar a Ione Belarra e Irene Montero en el Consejo de Ministros y no darles protagonismo en el grupo parlamentario. Curiosamente, no es la primera vez que la acusan de algo así.

En Galicia, como líder de Esquerda Unida , pactó en 2012 una coalición de izquierdas con el Anova de Xosé Manuel Beiras que se convirtió en la tercera fuerza del Parlamento. Un éxito bajo un nombre nuevo y no los tradicionales. En 2015, AGE se agotó y quiso ampliar su base. Decidieron sumar a un recién nacido Podemos y a las mareas sociales, candidaturas críticas ciudadanas que tenían fuerza en las ciudades gallegas. Muy similar a cómo definen Sumar. Se llamaron En Marea. Pero la coordinación de esta coalición pronto se volvió igual de conflictiva por las luchas partidistas más que conocidas en la izquierda. Podemos e IU defendieron que, en lugar del líder de Anova, el candidato tenía que ser un independiente. Díaz todavía era la líder de Esquerda Unida. En 2017, Beiras llegó a acusarla de apartarle y traicionarle. En Marea desapareció entre otros asuntos, porque no todos estuvieron dispuestos a participar con la generosidad que exigían los planes de Díaz. Luego, se fundó Galicia En Común, que no entró en el parlamento gallego en 2020.

El grupo parlamentario de Sumar tiene 31 diputados y está integrado por los partidos Movimiento SUMAR, Podemos, Izquierda Unida, Catalunya en comú, Más Madrid, Más País, Compromís, Chunta Aragonesista. Y la coalición electoral está suscrita además por Més per Mallorca, Verdes Equo, Alianza Verde, Batzarre, Proyecto Drago, Izquierda Asturiana e Iniciativa del Pueblo Andaluz, aunque estos últimos se quedaron sin representación en la Cámara baja.

Díaz ha querido representar en los ministerios a los comunes (Ernest Urtasun), Más Madrid (Mónica García), Izquierda Unida (Sira Rego) y a Pablo Bustinduy, cercano a Errejón y ahora integrante de Sumar. La vicepresidenta milita en el PCE, pero en 2019 rompió su carnet de IU por discrepancias con el coordinador general, Alberto Garzón, que tras abandonar el ministerio de Consumo ya anunció que deja todos sus cargos políticos. Iglesias quería un gobierno de coalición con el PSOE después de las elecciones generales de abril de 2019. Garzón optaba por negociar un programa político. Y Díaz se alineó entonces con las tesis de Iglesias. Y a pesar de que en aquel momento se distanció de Garzón, con el tiempo logró que el líder de IU se convirtiera en uno de sus valedores y atara el futuro del partido a Sumar.

Muy parecido a lo que ocurrió con Íñigo Errejón, fundador de Más Madrid, escisión de Podemos. Díaz apoyó a Iglesias cuando Errejón se enfrentó a Podemos. Y hoy es Errejón uno de los colaboradores más cercanos de la líder de Sumar. Hoy Mas Madrid tiene un ministerio, el de Mónica García.