El Tribunal de Cuentas detecta donaciones a Vox al margen de la ley por valor de 106.000 euros

El órgano de control presentó su 'Informe de Fiscalización de las cuentas anuales de los partidos políticos' del ejercicio de 2020 y en éste se recogen dichos incumplimientos por parte del partido de Santiago Abascal. Sortu y Catalunya en Comú fueron las otras dos formaciones que también incurrieron en el curso abordado en infracciones sancionables, aunque por cantidades menores.

Según el citado informe, Vox ingresó «a través de cajeros automáticos 102.048,30 euros que, si bien han sido registrados como actividades promocionales, existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos, lo que vulneraría lo establecido en el artículo 5.1 a) de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos al no haber sido identificados los posibles donantes».

Por otro lado, la formación de Abascal ingresó en efectivo «por emisión de carnets de afiliados 440 euros, por cuotas de afiliados 1.661 euros y por donaciones 100 euros, lo que resulta contrario a los requisitos establecidos en los artículos 5 y 8 de la Lofpp».

Por último, según el informe del fiscalizador de las cuentas del Estado, Vox también recibió donaciones finalistas por valor de 2.754 euros, «lo que incumple el artículo 5.1.a) de la Lofpp, a tenor del cual los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones finalistas», según informó el órgano fiscalizador. Por la misma vía, el Partit Demòcrata Europeu Català recibió 9.100 euros.

En lo que respecta a Sortu, matriz de Bildu, recibió dos aportaciones, por 720 y 216 euros, «respecto de las que no se han identificado a las personas que las realizaron, lo que vulnera el artículo 8.3 de la Lofpp».

Catalunya en Comú, liderada entonces por Ada Colau, Jessica Albiach y Candela López, recibió donaciones «a través de una plataforma de pago por internet, cuyos donantes no han sido identificados, por un total de 279,04 euros, incumpliéndose lo dispuesto en el artículo 5.1 a) de la Lofpp, a tenor del cual los partidos políticos no podrán aceptar o recibir directa o indirectamente donaciones anónimas».

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Patricia Romero

Son algunas de las conclusiones del informe sobre partidos políticos presentado este viernes en el Tribunal de Cuentas, donde también se dio cuenta de la Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2022.

Ambos informes fueron aprobados este jueves, en el pleno correspondiente al mes de junio, por unanimidad de los consejeros. Sobre el primero, el informe concluye que las formaciones políticas se nutrieron en un 73% de financiación pública frente a un 27% de financiación privada. Dentro de la pública, el 58% correspondió a aportaciones de los grupos políticos; el 31% a subvenciones estatales; el 6% a subvenciones electorales y el 5% a gobiernos autonómicos. En cuanto a los recursos privados, el 44% procedió de las aportaciones de cargos públicos; el 42% de las cuotas de afiliados; el 3% de donaciones y el 11% de «otros recursos».

En cuanto al endeudamiento de las formaciones, el PSOE era en 2020 el partido con mayor deuda con entidades de crédito (29,56 millones, un 23% de su balance), seguida de Partido Popular (22,92 millones, un 27%) e Izquierda Unida (13,29 millones, un 78%).

Además de conclusiones, el órgano fiscalizador también traslada recomendaciones. Entre ellas, considera conveniente «que se regulen los mecanismos a través de los cuáles deben identificarse quienes realicen donaciones y microcréditos 'online' a los partidos políticos, estableciendo exigencias que permitan llevar a cabo una verificación clara y segura de la identidad, utilizando fórmulas tales como el certificado electrónico, así como, en su caso, también la obligatoriedad de que los aportantes declaren que no se hallen inmersos en las prohibiciones para poder realizar donaciones a los partidos políticos». También que «convendría incluir a los partidos políticos con representación parlamentaria estatal o autonómica entre los sujetos respecto a los que habría que aplicar medidas reforzadas de diligencia debida» para la «prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, respecto a personas con responsabilidad pública».

Respecto al informe sobre la Cuenta General del Estado de 2022, el Pleno del Tribunal de Cuentas emitió una opinión favorable, aunque observa aspectos susceptibles de mejora. El órgano fiscalizador repara en que el balance de la Seguridad Social recoge por sexto año consecutivo un patrimonio neto negativo que a 31 de diciembre de 2022 ascendía a casi 89.000 millones de euros, por lo que sugiere a las Cortes Generales que se adopten medidas para resolver la situación. A la misma fecha, la deuda pública de la Administración General del Estado ascendía a 1.333 millones de euros.