Los «muchos los avances de esos gobiernos en muchos aspectos», denuncia Abascal, están siendo amenazados «por el intento de repartir inmigrantes ilegales» y «por un PP nacional que ha sido cómplice del PSOE en una votación para regular de golpe a medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España». Un hecho que va «claramente» en contra del «espíritu y la letra de los pactos regionales que tenemos con el PP». La redistribución obligatoria de menores inmigrantes no es una «obsesión» de Vox, aclara, sino una «preocupación por la seguridad de nuestros compatriotas, por el funcionamiento de nuestros servicios sociales y sanitarios, por el mantenimiento de nuestra identidad, por garantizar la seguridad de las mujeres». Todo lo que se está poniendo «en riesgo» cuando «unos y otros», en referencia a populares y socialistas, promueven la inmgración ilegal«.
Acto seguido, ha exigido a los de Feijóo «fidelidad» y «lealtad» a la hora de cumplir sus pactos regionales en materia de inmigración irregular: «Si los gobiernos autonómicos no ponen todo lo que esté en su mano, repito, todo lo que esté en su mano para combatir la inmigración ilegal y el efecto llamada, nosotros cumpliremos el compromiso con nuestros votantes y cumpliremos nuestra palabra», avisa en tono serio el líder derechista al término de la Asamblea General Ordinaria, que también estaba convocada para ayer viernes y en la que han sido aprobadas las cuentas del partido con el apoyo del 91,47 por ciento de los afiliados que han ejercido su derecho a voto.
La formación de la derecha radical se posicionó desde un inicio contra la propuesta -la consideran un «parche» que busca convertir Canarias en «un lugar de paso para la inmigración ilegal»- impulsada por los Ejecutivos central y regional, que recabarán el apoyo de todas las comunidades autónomas en la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en julio, de la que saldrá el texto último que será rebotado a la Cámara Baja para su ratificación. Según Vox, el reparto obligatorio de menas que pretenden el presidente canario Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres «multiplicará» el efecto llamada.
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