El Constitucional se reunirá mañana para examinar a los candidatos del Gobierno y el CGPJ

Ya ayer martes, el Constitucional informó de que convocaría un Pleno Gubernativo «de forma inmediata» una vez recibiese en su sede el acuerdo de designación adoptado por el CGPJ. El órgano de gobierno de los jueces remitió su acuerdo la mañana de este miércoles.

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Que el Constitucional se reúna en dicho Pleno Gubernativo es el primer paso para examinar la idoneidad y verificar los requisitos que deben cumplir los cuatro candidatos: el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo; la ex directora general del Ministerio de Presidencia Laura Díez; el magistrado del Tribunal Supremo (TS) César Tolosa y la magistrada jubilada del TS María Luisa Segoviano.

Según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), sus miembros deben ser ciudadanos españoles que sean magistrados, fiscales, abogados, profesores universitarios o funcionarios públicos, «todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional o en activo en la respectiva función«.

Tras recibir el visto bueno del tribunal en dicho Pleno Gubernativo, los nuevos ingresos jurarán o prometerán el cargo ante el Rey Felipe VI, a quien compete nombrarlos, para un periodo de nueve años.

Concluido este acto protocolario ante el Rey, los candidatos ya podrán tomar posesión en el TC. Los cuatro magistrados designados por el Gobierno y el CGPJ reemplazarán al presidente del TC, Pedro González-Trevijano; su vicepresidente, Juan Antonio Xiol; y los magistrados Antonio Narváez y Santiago Martínez-Vares, que componen el tercio que la Constitución encarga renovar a Gobierno y CGPJ.

Con la entrada de estos cuatro candidatos, cambia el tablero de mayorías en el Constitucional. Hasta ahora, el tribunal figuraban 6 magistrados del bloque conservador y 5 del bloque progresista.

De hecho, la semana pasada el TC resolvió una votación inédita con esta fórmula -6 a favor y 5 en contra- para paralizar de forma urgente la tramitación parlamentaria, ya en el Senado, de las dos enmiendas por las que se modificaba el sistema de elección y llegada de los dos candidatos al TC que nombra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), admitiendo así las medidas cautelarísimas solicitadas por el PP en su recurso contra dichas enmiendas.

La llegada de Segoviano, Campo y Díez cambiará este escenario y favorecerá al ala progresista, que conseguirá reunir 7 magistrados. Los conservadores, por su parte, se quedarán con 4.

Todo ello, a la espera de que se cubra la vacante del magistrado Alfredo Montoya, que abandonó el cargo por motivos de salud; la ley estipula que su plaza se cubrirá de la misma forma en la que se designó al magistrado que se sustituye y por el tiempo que le restase; es decir, a través del Senado. Antes de su designación, deberá comparecer previamente ante la correspondiente comisión de la sede legislativa.

Una vez que los cuatro nuevos integrantes del Constitucional tomen posesión, se procederá a la elección de los nuevos presidentey vicepresidente para reemplazar a González-Trevijano y Xiol. Será una votación secreta que, en una primera vuelta, requerirá mayoría absoluta y, en caso de que no se alcance, se procederá a una segunda votación que se resolverá por mayoría simple.

«En caso de empate se efectuará una última votación y si éste se repitiese, será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo y en caso de igualdad el de mayor edad«, señala la ley. El nombre del presidente y del vicepresidente elegido se elevará al jefe de Estado para su nombramiento por un período de tres años. Solo podrán ser reelegidos una vez.

Hasta ahora, los dos nombres que han trascendido como candidatos a presidir el órgano de garantías son los de Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer, ambos del ala progresista del tribunal.

Fuentes del órgano de garantías consultadas por Europa Press descartan por ahora entrar a valorar si la entrada de Segoviano en el Constitucional puede suponer que la balanza se incline a favor de Conde-Pumpido o de Balaguer. Las mismas fuentes se limitan a celebrar que por fin hay acuerdo para renovar el tribunal.

La propia ley del Constitucional contempla qué debe hacerse en casos como el actual, en el que la renovación se ha visto retrasada cuatro meses. «Si hubiese retraso en la renovación por tercios de los magistrados, a los nuevos que fuesen designados se les restará del mandato el tiempo de retraso en la renovación», detalla.