La venganza de Puigdemont: amnistía para los suyos y condenas a los policías del 1-O

Habló de que estudiaban «todos los alcances» de ese posible olvido legal de los delitos relacionados con los sucesos de 2017 en Cataluña, y que lo hacen «con un objetivo concreto y claro: garantizar la convivencia en nuestra sociedad, garantizar la convivencia en nuestro país. Pero no se puede garantizar la convivencia fuera del marco constitucional», matizó.

Mientras el Gobierno estudia esos «alcances», el independentismo en general, y Puigdemont muy en partiuclar, tienen claro el límite o perímetro de los mismos. Sobre todo quién no debería estar entre los amnistiados, aun cuando sus presuntos delitos tengan relación con lo sucedido hace seis años, y muy en concreto con el 1 de octubre.

Esos no son otros que los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil imputados por las cargas efectuadas para cumplir con la orden judicial de impedir el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Según apuntó este martes el fugado a Bruselas, la ley de amnistía que exige «está al alcance del Parlamento español», en un texto que, dijo, que «debe hacerse para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner el punto final a nada ni para igualar a las víctimas de estas injusticias a sus victimarios». Y volvió a señalar la «violencia policial» de aquel día, en el que a su juicio no hubo nada irregular, sino simplemente, como repite incansablemente el separatismo, un «ejercicio democrático»

A diferencia de lo que plantea Sumar, como han explicado recientemente tanto la mano derecha de Yolanda Díaz, Ernest Urtasun, como el emisario para negociar con Puigdemont, Jaume Asens, la ley de Amnistía que reclama Carles Puigdemont únicamente beneficiaría al independentismo.

No está claro en este sentido, cuál es el número de agentes imputados. Cinco años y medio después del 1-O, el titular del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona dejó a un paso de juicio a 45 agentes de los antidusturbios por su actuación durante el dispositivo para tratar de impedir la votación en Barcelona. Todos ellos están acusados de lesiones, aunque algunas de sus intervenciones, apuntó el instructor, podrían ser constitutivas de torturas.

Fue tras investigar la actuación de la Policía Nacional en todos los colegios de la capital catalana cuando el togado concluyó que sólo en dos de ellos «no existieron incidentes». Sí en los 28 restantes, tal y como acreditan las imágenes del despliegue y los partes médicos de los afectados. Esto por lo que respecta a la ciudad de Barcelona. Hay otras causas, pero se desconoce su número. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) nunca ha proporcionado la cifra total de funcionarios investigados por su actuación en el conjunto del territorio, al alegar que las causas están distribuidas en diferentes juzgados -es decir, no están agrupadas-.

Fuentes del Gobierno defienden la actuación de los agentes, aunque recuerdan, a la hora de contestar si estarían o no incluidos en la futura amnistía con la que ganar el apoyo de Junts per Catalunya y ERC, que no existe ninguna condena sobre ellos. Tampoco sobre los otros encausados del procés que el independentismo aspira a amnistiar, empezando por el propio Puigdemont, sobre el que aún pesan reclamacaciones de extradición del Tribunal Supremo (TS) de nuestro país.

Por lo demás, varios de esos policías rechazan una medida de ese tipo y reclaman un juicio justo, al reivindicarse inocentes. Así lo expresaron algunos de ellos, ocultando su verdadero nombre por razones de seguridad, en declaraciones a ABC. Tradicionalmente, los procesos de amnistía, en situaciones totalmente distintas a las de una democracia con décadas de antigüedad, como la española, han supuesto el olvido de delitos de personas incluso enfrentadas entre ellas. De la que tuvo lugar en 1977 en España se beneficiaron tanto dirigentes de la dictadura como presos políticos de la misma o, incluso, terroristas con graves delitos de sangre.