Los policías del 1-O: «No queremos amnistía, queremos un juicio justo»

«Solo responde a motivos políticos. ¿Cómo es posible que un supuesto delito de lesiones tarde más en juzgarse que una causa delicada en la que se juzgaba sedición y rebelión, entre otros?», se pregunta. Y encuentra, como sus compañeros, una única respuesta: «Somos moneda de cambio». Así se sintió tras los indultos y sus peores demonios han revivido con la posible amnistía esgrimida ahora por el Gobierno para mercadear la investidura de Pedro Sánchez.

«No quiero, no queremos amnistía, queremos un juicio justo. Que me digan si me excedí y si es así que me condenen, pero que me den la opción de defenderme». Víctor se refiere -sin disimular su rabia- a la ocurrencia de la vicepresidenta en funciones, Yolanda Díaz, que para defender la «constitucionalidad» de una ley de amnistía equiparó como posibles beneficiarios a quienes pusieron las urnas con los policías procesados.

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«Si nos amnistían es un ultraje. ¿Qué tendré que ver yo con Laura Borrás, condenada por prevaricación? Nosotros hicimos nuestro trabajo, lo que se nos mandó. Si tuviera miedo querría esa amnistía, pero no lo tengo». Víctor sostiene que supondría una desmotivación y una burla no solo para los 110 agentes que han llegado a estar procesados, sino para todos los que se dejaron la piel en mantener el orden público en Cataluña antes y después del 1-O, malviviendo en unos cruceros, malcomiendo y sin descansar. «Barcelona, a partir del 20 de septiembre era Kosovo», resume.

Marcos (tampoco es su nombre y ambos han accedido a hablar a condición de ese anonimato) ha declarado ya dos veces ante el juez Francisco Miralles, igual que Víctor. El magistrado cerró la instrucción en enero, después de cinco años: procesó a 45 policías y archivó la causa contra otros 20. Los que usaron la defensa reglamentaria, al banquillo; los que se emplearon a empujones, no. «Pese a que tú en el cuerpo a cuerpo puedes causar más lesiones que con nuestra arma reglamentaria», argumenta Víctor que llevaba entonces 20 años en la Policía.

«Teníamos orden de no detener para no perder tiempo en traslados a comisaría, comparecencias, etc. y de no levantar acta porque la Generalitat no las iba a tramitar. Sabían que les salía gratis», explica Víctor.

Marcos llevaba 13 años en las Unidades de Intervención Policial, pero después de su imputación dejó de ser antidisturbios en cuanto se lo permitieron. «Yo creía que seguiría ahí hasta mi jubilación, la UIP es un estilo de vida y los compañeros somos familia. Pero algo tan grave te mina y te desmotiva. Me he vuelto más irascible y desconfiado. Es un poso que no desaparece. Yo he tenido después la defensa en la mano, en alguna actuación complicada, y no sabía si usarla. Me venía a la cabeza que estaba en juego el pan de mis hijos».

Así de duro: un agente entrenado para usar la 'porra' de dotación, con varios trienios de experiencia, dudando qué hacer pese a estar rodeado. Porque ese es el motivo por el que llevan cinco años investigados: dar varios golpes con la defensa en el último de los colegios donde pudieron intervenir el 1-O. A ellos les habían asignado 22 y solo pudieron controlar cuatro entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde.

«Levantamos entre cinco y seis mil kilos de peso cada uno ese día, 600 personas en cada centro que volvían a entrar. Yo no iba a jugar al ratón y al gato. Tenían 5 líneas de defensa. Llega un momento en que ya no puedes seguir tirando de gente. Insisto: ningún jefe quiso asumir una orden de servicio».

Como actuaron solo con instrucciones verbales, en la reunión previa, hubo preguntas. Una de ellas fue: «¿Qué hacemos si alguien nos agrede?». La respuesta de un mando: «Se la devolvéis».

Pero «el juez justifica las agresiones de los manifestantes y mira con lupa la mía», dice Marcos. «Nos abandonaron: nos dejó tirados el PP y nos usa el PSOE». Tampoco han sentido el calor ni el apoyo de sus mandos. «Me llamaron de Madrid (de la UIP) para ver si tenía abogado el día antes de tener que declarar ante el juez. Tuve que contenerme», continúa el policía.

Entrar en las UIP no es fácil. Hasta hace poco era un destino codiciado, con muchos aspirantes, y de largo recorrido en el que los agentes pasaban buena parte de su carrera. En los últimos años no se han cubierto las plazas. El dato no se ha aireado oficialmente pero Víctor y Marcos aportan las cifras que se van pasando a través de sus grupos internos. «En los quince meses que siguieron a lo de Barcelona se marcharon 600 de los 2.250 miembros de la UIP que estuvimos allí. Esos días fuimos 49 de los 52 grupos antidisturbios que hay en toda España. Eso no ocurrió ni el 23-F». Alguno de ellos aseguran que han salido casi 2.000, un relevo inédito. «Ya no es una unidad atractiva», resumen.

Víctor y Mario siguen siendo policías, pero no antidisturbios. Están convencidos de que hicieron lo correcto, lo que se les ordenó y lo que se esperaba de ellos. A cambio, sienten abandono y utilización política. «Lees el auto del juez y parece que aquello era una fiesta democrática y nosotros llegamos a reventarla, pero no se acuerda de cuando teníamos que estar dentro del TSJ por el miedo que existía».